Bombas de relojer¨ªa para los partidos

La Operaci¨®n P¨²nica puesta en marcha el pasado lunes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acaparado esta semana el debate pol¨ªtico y la irritaci¨®n ciudadana. Pero, a poco m¨¢s de seis meses de las elecciones municipales y auton¨®micas, varios juzgados instruyen otras causas que est¨¢n pendientes de resoluciones que pueden volver a poner contra las cuerdas a los grandes partidos.

Cuando Mariano Rajoy quitaba hierro el pasado domingo a la corrupci¨®n ante centenares de alcaldes del PP y hablaba de las causas judiciales abiertas contra pol¨ªticos como de unas ¡°pocas cosas¡±, la Guardia Civil lo ten¨ªa ya todo listo para poner en marcha la Operaci¨®n P¨²nica, que, de momento, se ha saldado con 51 imputados, entre pol¨ªticos (sobre todo del PP, pero tambi¨¦n del PSOE) funcionarios y empresarios. Siete de ellos, incluido Francisco Granados, el ex n¨²mero dos del PP de Madrid, est¨¢n en prisi¨®n ineludible bajo fianza. La corrupci¨®n, esa lacra que Rajoy intentaba minimizar y que los m¨¢s optimistas ve¨ªan como una resaca pesada de los a?os de fiesta econ¨®mica, volv¨ªa a estallar en las manos de los dos grandes partidos.

Estas son algunas de las decisiones que deber¨¢n tomar los jueces que instruyen los grandes casos de corrupci¨®n y que pueden convertirse en bombas de relojer¨ªa para los partidos implicados.

?Caso G¨¹rtel. La Audiencia Nacional celebrar¨¢ en los pr¨®ximos meses el primer juicio por el caso G¨¹rtel, la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n vinculada a un partido pol¨ªtico conocida en democracia. En esa primera vista (separada de la de la causa principal) se sentar¨¢n en el banquillo 45 de los casi 200 imputados, entre ellos Luis B¨¢rcenas y su esposa, y otros dos extesoreros del PP, ?ngel Sanch¨ªs y ?lvaro Lapuerta; exalcaldes populares como Jes¨²s Sep¨²lveda, Alberto L¨®pez Viejo y Ricardo Galeote, y los miembros m¨¢s destacado de la red, como Pablo Crespo, ?lvaro P¨¦rez y, el l¨ªder, Francisco Correa. La Sala de lo Penal decidir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas si el PP tiene que comparecer en ese juicio como beneficiario de las corruptelas de la red G¨¹rtel, que, presuntamente, habr¨ªa financiado gratis determinados actos electorales del partido.

?¡®Caso ERE¡¯. La causa que asedia a la Junta de Andaluc¨ªa, y con ella, al coraz¨®n del PSOE, afronta un momento clave. La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo tiene que pronunciarse en las pr¨®ximas semanas sobre si hay indicios suficientes para abrir una investigaci¨®n en el alto tribunal contra los responsables del Gobierno andaluz, con los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n a la cabeza. Despu¨¦s, el Supremo resolver¨¢ si tramita el suplicatorio para imputar a Chaves y Gri?¨¢n en el caso de los ERE fraudulentos. Los jueces tienen tambi¨¦n que decidir si imputan a otros cinco exconsejeros andaluces que est¨¢n aforados como diputados nacionales o auton¨®micos. Mercedes Alaya instruye ahora adem¨¢s la otra gran macrocausa andaluza: el fraude en los cursos de formaci¨®n. La Junta ha pedido apartar a la magistrada y anular las actuaciones al entender que ha vulnerado normas procesales para quedarse con la causa. La juez tiene que resolver el recurso de la Junta para una causa que abarca 12 a?os de subvenciones del Gobierno andaluz.

? ¡®Caso B¨¢rcenas¡¯. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al ex secretario general del PP, ?ngel Acebes, y al exalcalde de Toledo, el popular Jos¨¦ Manuel Molina, y mantiene la imputaci¨®n contra los tres extesoreros del partido, Luis B¨¢rcenas, ?lvaro Lapuerta y ?ngel Sanch¨ªs. En esa causa, el magistrado tiene pendiente resolver si hubo financiaci¨®n ilegal del PP en el pago de las sedes del partido en La Rioja y Vizcaya; si se cobraron mordidas para sufragar la campa?a electoral del PP en Castilla-La Mancha con Dolores de Cospedal como candidata; si se pagaron con dinero negro las obras de reforma de la sede central del partido; o si la formaci¨®n cometi¨® delito fiscal al no declarar a Hacienda como impuesto de sociedades las donaciones ilegales recibidas.

?¡®Caso Palau¡¯. Josep Mar¨ªa Pijuan, el juez instructor de la corrupci¨®n descubierta en la gesti¨®n del Palau de la M¨²sica, est¨¢ a punto de dictar el auto para abrir juicio oral por un asunto que toca de lleno al Gobierno de CiU. El juez, que mantiene embargada la sede central de este partido en Barcelona, considera acreditado que Ferrovial y Convergencia camuflaron como patrocinio numerosas mordidas pagadas por la empresa a cambio de la adjudicaci¨®n de contratos en Catalu?a. Dos ex tesoreros de Convergencia, los m¨¢ximos responsables del Palau y exdirectivos de Ferrovial est¨¢n imputados.

?La familia Pujol. Un juzgado de Barcelona investiga el origen de los fondos que la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol intent¨® regularizar el pasado verano. Adem¨¢s, entre otras causas abiertas contra miembros de la familia del fundador de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalu?a, el juez Pablo Ruz trata de acreditar si, como sospecha la polic¨ªa, el hijo mayor del expresidente cobr¨® durante casi ocho millones de euros de una decena de empresas por trabajos simulados. Todas esas empresas eran contratistas habituales de la Generalitat de Catalu?a durante el periodo de Gobierno de Jordi Pujol.

?¡®Caso Pok¨¦mon¡¯. La mayor causa de corrupci¨®n instruida nunca en Galicia arrastra de momento m¨¢s de un centenar de imputados (entre directivos del grupo empresarial eje de la trama, pol¨ªticos y funcionarios) y toca de lleno a los dos granes partidos: al PP en los Gobiernos municipales de A Coru?a y Santiago y al PSOE, en Lugo y Ourense. De las pr¨®ximas resoluciones de la juez instructora Pilar de Lara va a depender, por ejemplo, el futuro del alcalde de Lugo, el socialista Xos¨¦ L¨®pez Orozco, y el de Ferrol, Jos¨¦ Manuel Rey Varela, del PP. El Tribunal Superior gallego tiene que resolver si procesa a la diputada auton¨®mica y ex portavoz regional del PP, Paula Prado del R¨ªo; y el Supremo debe decidir sobre el portavoz del PP en el Senado, Jos¨¦ Manuel Barreiro, imputado por tr¨¢fico de influencias y cohecho cometidos, presuntamente, como presidente del PP de Lugo.