Rajoy-Aguirre o marear la perdiz

Mariano Rajoy fue el primero. Su gran instrumento contra la corrupci¨®n: la creaci¨®n de 112 plazas de magistrados y 167 de jueces de adscripci¨®n territorial y 2 jueces en la Audiencia Nacional.

Problema: no es una medida nueva. El decreto que propone Rajoy regulariza la situaci¨®n realmente existente.

?C¨®mo?

S¨ª: los jueces trabajan en sus funciones desde hace tiempo.

Por tanto, Rajoy no propone aumentar el n¨²mero de jueces.

Pero la desesperada necesidad de dar la imagen de que se hace algo contra la corrupci¨®n lleva a esta puesta en escena.

Le ha seguido Esperanza Aguirre, quien en base a su experiencia con sus colaboradores, caso G¨¹rtel, y, ahora mismo, en el caso P¨²nica, reconoce que "algunos" ciudadanos podr¨¢n pensar que no es la "m¨¢s indicada para proponer medidas anticorrupci¨®n" despu¨¦s de lo que han hecho algunas personas nombradas por ella.

Pues, no. Se siente, precisamente por lo que le ha pasado, autorizada.

De los errores se aprende.

Esperanza propone "seis medidas dr¨¢sticas, r¨¢pidas y eficaces".

La primera es "facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar la prisi¨®n inmediata no eludible con fianza para pol¨ªticos y cargos p¨²blicos imputados".

Pero, vamos a ver, ?no sabe Esperanza Aguirre que los jueces pueden hacerlo? ?No conoce los art¨ªculos 502, 503, 504 y 505, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

Siempre que una parte personada en la causa as¨ª lo pida -ministerio Fiscal, acusaciones particulares y populares-, el juez de instrucci¨®n puede hacerlo cuando concurran motivos para ello.

Entonces, ?qu¨¦ nos est¨¢ vendiendo la presidenta del PP de Madrid? 

 La segunda propuesta es la de "reducir el tiempo de las instrucciones de las causas judiciales abiertas por corrupci¨®n" con "un a?o prorrogable a seis meses m¨¢s en los casos m¨¢s complejos".

As¨ª, pues, reducir por decreto las instrucciones.

Mediante un ucase, vamos. Parece mentira que haya sido ministra y presidenta de la Comunidad de Madrid. ?O es que quiere pasar por encima de los delitos con instrucciones expr¨¦s?

Las otras iniciativas "urgentes" de Esperanza Aguirre se refieren a una nueva Ley Electoral, la pr¨¢ctica a las "audiencias" para la designaci¨®n de candidatos y la "transparencia de las cuentas".

Vamos, propuestas domingueras, de actos p¨²blicos en d¨ªa domingo, es decir, ideas que, como en el caso de una nueva ley electoral, no van a pasar del papel por la nula voluntad de aprobarlas.

No est¨¢ claro, por tanto, qu¨¦ es lo que asegura haber aprendido Esperanza Aguirre despu¨¦s de convivir con chorizos ma?ana, tarde y noche, durante largos a?os, en la Comunidad de Madrid.

Seamos serios y dejemos de lanzar fr¨ªvolamente ideas que desprestigian todav¨ªa m¨¢s a los pol¨ªticos que las sueltan, m¨¢s, por supuesto, de lo que ya lo est¨¢n, si cabe, ahora mismo.

Cuando este pa¨ªs, mejor dicho, los Gobiernos de este pa¨ªs, quieren aprobar algo, lo hacen sin vacilar. Sin complejos.

?Ejemplos?

Por orden de aparici¨®n. La reforma del art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n para limitar el d¨¦ficit p¨²blico, en l¨ªnea con Alemania.

Esta reforma fue pactada en 48 horas, en agosto de 2011, entre Jos¨¦ Luis Rordr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Sigamos. El Gobierno de Rajoy cambi¨® de un plumazo la ley de jurisdicci¨®n universal bajo las amenazas del gobierno de China.

Y m¨¢s. El aforamiento expr¨¦s dise?ado por el Gobierno para el ya abdicado rey Juan Carlos I.

Estos ejemplos muestran que la celeridad no es obst¨¢culo cuando se quiere.

La primera medida a adoptar de inmediato es la de considerar la financiaci¨®n iegal de los partidos pol¨ªticos como delito.

Porque no existe este delito.

S¨ª, despu¨¦s de la que ca¨ªdo con el fallido caso Naseiro y el caso Filesa. Y ahora G¨¹rtel y B¨¢rcenas.

La segunda es la de introducir la figura de enriquecimiento injustificado. Siempre han existido reticencias a adoptar esta figura, que existe en otros pa¨ªses, por entender que supone cuestionar la idea de  presunci¨®n de inocencia e invertir la carga de la prueba, pero tal como est¨¢n las cosas parece aconsejable.

La tercera es duplicar el n¨²mero de jueces en la Audiencia Nacional de los actuales seis a doce. Y junto con ello especializar a los magistrados, para que no tengan que instruir simult¨¢neamente casos de corrupci¨®n, crimen organizado, narcotr¨¢fico, y terrorismo.

  Como en otros pa¨ªses, v¨¦ase Francia, hay casos en los cuales no basta un solo magistrado para instruir una gran causa. Todas terminan siendo macrocausas. V¨¦ase G¨¹rtel. La investigaci¨®n comienza en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en agosto de 2008, se judicializa en la Audiencia Nacional en febrero de 2009 y todav¨ªa estamos por saber cu¨¢ndo va a acabar.

No hace falta mencionar casos como Pallerols, ERE de Andaluc¨ªa, Urdangar¨ªn, Hacienda o F¨®rum Filat¨¦lico-Afinsa.

Al mismo tiempo se trata de crear en cada Comunidad Aut¨®noma uno o dos, seg¨²n las necesidades, juzgados especializados en instruir casos de corrupci¨®n; es decir, Juzgados Anticorrupci¨®n.

Y en cuarto t¨¦rmino, cambiar la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

Veamos.

Hab¨ªa un proyecto que Rajoy hered¨® de Rodr¨ªguez Zapatero. El ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n, empero, cre¨® una comisi¨®n, quiz¨¢ con el sue?o de resucitar el Ministerio de Gracia y Justicia de Manuel Alonso Mart¨ªnez, para elaborar un nuevo C¨®digo Procesal Penal y confi¨® la presidencia al magistrado Manuel Marchena.

Pero, tanto el proyecto heredado como el elaborado por la comisi¨®n Marchena se guardaron en un caj¨®n. El ministro Catal¨¢ ha calificado, nada m¨¢s asumir, la mejora del funcionamiento de la justicia penal como uno de sus objetivos fundamentales.

Bien.

 Buena parte de la labor del Ministerio de Justicia desde el comienzo de la actual legislatura deber¨ªa haberse centrado en el tema de aportar los recursos necesarios para luchar contra una corrupci¨®n que a estas alturas ya hay que calificar como sist¨¦mica.

Porque mientras se est¨¢n instruyendo causas importantes, al mismo tiempo se sigue robando.

 Aquellos que roban consideran que la justicia es inocua e ineficaz y que nunca caer¨¢ sobre ellos. Los ladrones del siglo XXI son plenamente conscientes de que se persiguen sus cr¨ªmenes con una ley del siglo XIX.

Y los que roban se apoyan tambi¨¦n en otra cosa muy importante: la negaci¨®n de la evidencia por parte de aquellos dirigentes de partidos que son el blanco de las investigaciones. Negaci¨®n de la evidencia combinada con ataques directos o indirectos que estos partidos dirigen a los jueces de instrucci¨®n. 

La actividad del Ministerio de Justicia durante esta legislatura ha estado guiada por una cierta idea de la corrupci¨®n.

La idea de que corrupci¨®n son "algunas cosas", que se trata de "unas pocas cosas", seg¨²n explicara Rajoy el domingo 26 de octubre, en v¨ªsperas de la Operaci¨®n P¨²nica, en Murcia, regi¨®n precisamente en la cual, mira por d¨®nde, iban a ser detenidos, en unas pocas horas, cuatro cargos pol¨ªticos.

Esa cierta idea se corresponde con un hecho objetivo y subjetivo: el partido en el Gobierno, el PP, es investigado desde hace seis a?os por el caso G¨¹rtel (en agosto de 2008 comienza la investigaci¨®n en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n), un caso que el presidente del Gobierno ha calificado, cuando era l¨ªder de la oposici¨®n, como "una trama contra el PP".

Por tanto, la aproximaci¨®n del PP al tema de la corrupci¨®n, tanto como principal partido de la oposici¨®n como partido de Gobierno, ha sido defensiva. O ha sido v¨ªctima de un juez justiciero, o es que algunos de sus miembros han sido ovejas negras, es decir, hechos de corrupci¨®n producto de acciones individuales o el resultado de la codicia.

Todo menos una lacra sist¨¦mica.