Ninguna medida anunciada por Rajoy contra la corrupci¨®n est¨¢ en vigor

Ninguna de las leyes contra la corrupci¨®n que prometi¨® Mariano Rajoy hace 21 meses en el Congreso de los Diputados est¨¢ en vigor. El 20 de febrero de 2013, en su primer debate sobre el estado de la Naci¨®n como presidente del Gobierno, prometi¨® una bater¨ªa de medidas de regeneraci¨®n que, en el mejor de los casos, est¨¢n atascadas en las Cortes, otras ni siquiera han pasado por el Consejo de Ministros y alguna ya no podr¨¢ aprobarse en el a?o que queda de legislatura.

El pr¨®ximo jueves, Rajoy ir¨¢ al Pleno del Congreso a defender por tercera vez las mismas medidas, especialmente dos de ellas ¡ªla ley de financiaci¨®n de partidos y la de ejercicio de altos cargos¡ª que llegaron el 22 de febrero de 2014 al Congreso y desde entonces est¨¢n bloqueadas por decisi¨®n del PP. Ambos proyectos de ley han tenido hasta el momento 27 ampliaciones de los plazos de enmienda, una situaci¨®n inusual.

Aquel d¨ªa de 2013 Rajoy ya habl¨® de la Ley de Control de la Actividad Econ¨®mico-Financiera de los Partidos Pol¨ªticos y del Estatuto del Cargo P¨²blico. Las aprob¨® el Consejo de Ministros un a?o despu¨¦s, pero no han sido debatidas a¨²n en el Pleno. "Una nueva norma que modificar¨¢ algunas que ya forman parte de nuestro ordenamiento jur¨ªdico y que propondr¨¢ nuevas exigencias a los partidos y m¨¢s instrumentos al Tribunal de Cuentas" y "una norma, en definitiva, que transmita seguridad y certeza a los ciudadanos y a los pol¨ªticos, para que todos los que ejercemos la pol¨ªtica respondamos sin distingo a las mismas obligaciones de transparencia, y tengamos claro las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades que tenemos que publicar y c¨®mo tenemos que hacerlo; con unos est¨¢ndares que todos debemos cumplir", dijo.

Sus propuestas se completaban con un C¨®digo Penal que lleg¨® al Congreso el 24 de septiembre de 2013 y que ha tenido hasta 41 ampliaciones del plazo de enmiendas. Comparecieron expertos que dudaron de su efectividad contra la corrupci¨®n, entre ellos el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pero el proyecto qued¨® atascado. Hasta el punto de que el Gobierno se plantea ahora dejar caer una parte e impulsar solo otras para que d¨¦ tiempo a seguir su tr¨¢mite en el Congreso y luego en el Senado.

Tambi¨¦n prometi¨® una "Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ning¨²n caso, una forma de impunidad para el delincuente o una condena p¨²blica sin sentencia para quien no lo es ni lo ha sido nunca". Ese proyecto ni siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros. Hubo una propuesta de una comisi¨®n de expertos que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, guard¨® en un caj¨®n. Ahora ya no hay tiempo de aprobarla completa y, por eso, el Gobierno optar¨¢ por una reforma parcial referida a limitar macroprocesos, al control de comunicaciones y a los procesos para las faltas. El Gobierno aprobar¨¢ en breve el anteproyecto para recabar informes y no llegar¨¢ al Congreso antes de febrero de 2015, con dificultades para aprobarlo en esta legislatura.

La Ley de Transparencia fue aprobada por el Gobierno antes de ese debate, pero no entrar¨¢ en vigor hasta el 10 de diciembre, y una parte referida a la publicidad del patrimonio de altos cargos no se ha aplicado a los que fueron nombrados antes de julio de 2013, es decir, 257, por aplicaci¨®n de un reglamento previo a la ley.

Tras aquel debate, el PP pact¨® con el resto de grupos una resoluci¨®n para crear "una comisi¨®n independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisi¨®n al Parlamento sobre la regeneraci¨®n de la democracia". Ni se intent¨® siquiera crear esa comisi¨®n.

La resoluci¨®n hablaba de otras medidas como la "reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal de Cuentas, reforma de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico, medidas parlamentarias como regular las organizaciones de intereses o lobbies y puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales". No hay noticias de ellas.

Solo el lunes el PP present¨® una propuesta para regular los lobbies en la ponencia de reforma del Reglamento, que se constituy¨® hace m¨¢s de un a?o y que a¨²n no ha cerrado ni un apartado.

El siguiente paso fue un grupo de trabajo interno en La Moncloa que en marzo de 2013 volvi¨® a anunciar todas esas medidas y de forma detallada, pero tampoco se aprobaron entonces.

El 1 de agosto de 2013, en pleno apogeo del caso G¨¹rtel y las acusaciones del extesorero Luis B¨¢rcenas, Rajoy volvi¨® al Congreso y anunci¨® de nuevo las mismas seis medidas, de las cuales ninguna est¨¢ en vigor y algunas como las del Tribunal de Cuentas y la Ley de Enjuiciamiento ni siquiera han arrancado.

"Presentar¨¦, a trav¨¦s de media docena de textos legales, un aut¨¦ntico Plan Nacional de Regeneraci¨®n Democr¨¢tica, que deseamos que alcance el mayor nivel de consenso en esta C¨¢mara", dijo ese d¨ªa el presidente.

En septiembre de 2013, el Gobierno remiti¨® el proyecto de C¨®digo Penal al Congreso que permanece bloqueado. En febrero de este a?o, las dos leyes que tampoco han avanzado y que Rajoy presentar¨¢ el jueves en el Pleno nueve meses despu¨¦s, con una f¨®rmula parlamentaria ins¨®lita en la que interviene el presidente para defender dos leyes en tr¨¢mite. La oposici¨®n pretend¨ªa que fuera un pleno monogr¨¢fico, pero el Gobierno prefiri¨® este inusual procedimiento.

S¨ª hubo un intento de pacto con los partidos, con reuniones sobre todo con el PSOE, pero esta formaci¨®n se neg¨® al acuerdo

Antes, el pasado 31 de agosto, el Gobierno recuper¨® su plan de regeneraci¨®n para anunciar en una nota de La Moncloa que abr¨ªa un plazo de dos meses para negociar sobre ellas con los grupos parlamentarios. Se repet¨ªan las mismas medidas con tres a?adidos: limitaci¨®n del aforamiento, control sobre los indultos y limitar gastos de campa?as electorales. Hace un mes que acab¨® ese plazo y ninguna de ellas ha avanzado en su tramitaci¨®n, ni en el Consejo de Ministros, ni en el Parlamento.

S¨ª hubo un intento de pacto con los partidos, con reuniones sobre todo con el PSOE, pero este partido se neg¨® al acuerdo porque el Gobierno insist¨ªa en incluir la reforma de la ley electoral para primar a los partidos m¨¢s votados en los Ayuntamientos. Hace un mes que acab¨® ese plazo que se dio el Gobierno y tampoco hay noticias de ninguna de estas medidas y el Ejecutivo no ha vuelto a hablar siquiera de esa reforma electoral que impidi¨® el pacto de regeneraci¨®n que propon¨ªa.

"Se abrir¨¢ un plazo de dos meses para el desarrollo de las negociaciones y la definici¨®n de propuestas, de forma que en el mes de noviembre pueda afrontarse la tramitaci¨®n en Comisi¨®n de las Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, cumpliendo el compromiso adquirido", dec¨ªa la nota de La Moncloa, pero ha terminado noviembre y eso no ha ocurrido.

Ahora solo queda un a?o de legislatura, lo que supone que ¨²nicamente hay un periodo de sesiones completo ¡ªel que va de febrero a junio de 2015¡ª y en esos cinco meses las Cortes deben sacar adelante lo que en 21 meses el Gobierno del PP con su mayor¨ªa absoluta no ha aprobado.