La juez abrir¨¢ juicio por malversaci¨®n en el caso del espionaje pol¨ªtico
La instructora procesa a cinco agentes y a un empleado de la Comunidad de Madrid
La juez Carmen Valcarce ha rechazado archivar la causa abierta contra dos polic¨ªas nacionales, tres guardias civiles y un empleado de la Comunidad de Madrid por el caso del supuesto espionaje pol¨ªtico a adversarios de Esperanza Aguirre pagado con dinero p¨²blico. La juez resuelve continuar el procedimiento contra los seis imputados por un delito de malversaci¨®n que ser¨¢ juzgado por un Tribunal del Jurado. Al menos tres guardias civiles, fichados como asesores de Seguridad por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, hoy encarcelado por el caso P¨²nica, siguieron entre abril y mayo de 2008 en sus actividades privadas y p¨²blicas a Alfredo Prada, consejero de Justicia, y a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, seg¨²n las pruebas aportadas por la polic¨ªa.
El resultado de esos seguimientos qued¨® reflejado en unos partes mecanografiados donde los supuestos esp¨ªas apuntaban las personas con las que se ve¨ªan los espiados. A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando sal¨ªa de restaurantes en los que hab¨ªa cenado con familiares.
La etapa de los seguimientos coincide con la batalla pol¨ªtica por el poder dentro del PP tras la primera derrota electoral de Mariano Rajoy, el 14 de marzo de 2004. Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amag¨® con plantear una disputa por la presidencia del partido. La presidenta sac¨® de su Gobierno a Alfredo Prada unos meses despu¨¦s.
A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando sal¨ªa de restaurantes en los que hab¨ªa cenado con familiares
El jefe de los tres guardias civiles era el polic¨ªa Sergio Gam¨®n, entonces casado con la secretaria de Aguirre y fichado por la presidenta como director general de Seguridad Ciudadana.
Cinco a?os despu¨¦s de abrir la causa, la juez resuelve ¡°continuar el procedimiento por los tr¨¢mites adecuados y que en el presente [caso] es el Tribunal del Jurado dado el delito de malversaci¨®n imputado¡±. En el auto, la juez recuerda que la Audiencia Provincial deneg¨® en dos ocasiones el archivo del procedimiento que ella misma hab¨ªa decretado y orden¨® continuar con las diligencias.
¡°Siempre a t¨ªtulo indiciario¡±, se?al¨® la Audiencia, ¡°se han utilizado varios funcionarios, a los que se estaba pagando su n¨®mina, para destinarlos a fines ajenos a la causa p¨²blica. Dichos funcionarios habr¨ªan destinado jornadas enteras durante muchos d¨ªas al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la funci¨®n encomendada estatutariamente. La supuesta dificultad en la fijaci¨®n del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad (...). Adem¨¢s, el bien jur¨ªdico de estos delitos no tiene s¨®lo un contenido econ¨®mico, sino que incluye la garant¨ªa de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administraci¨®n p¨²blica y en la legalidad de su actuaci¨®n¡±. La juez no ha imputado al jefe pol¨ªtico de los supuestos esp¨ªas, Francisco Granados, citado como testigo hace cuatro meses. ¡°Ni orden¨¦ ni ampar¨¦ los seguimientos¡±, declar¨®.
Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amag¨® con plantear una disputa por la presidencia del partido
Granados est¨¢ encarcelado desde hace 25 d¨ªas por decisi¨®n del juez Eloy Velasco, que le imputa graves delitos de corrupci¨®n durante su etapa de consejero auton¨®mico. Granados recibi¨® un chivatazo sobre la investigaci¨®n que la Guardia Civil estaba llevando a cabo en la Operaci¨®n P¨²nica por parte del agente Jos¨¦ Luis Caro Vinagre, imputado en el caso del espionaje pol¨ªtico. Otro de los imputados, el guardia civil Jos¨¦ Oreja, explic¨® que cuando les ordenaron los seguimientos le pareci¨® ¡°una locura, por las personalidades de las que se trataba, autoridades legalmente constituidas o designadas, y porque para conseguir cualquier informaci¨®n relevante habr¨ªa que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas¡±.
Oreja relat¨® a la juez que se dirigi¨® junto a los otros dos guardias civiles al entonces consejero Granados para expresarle su repulsa a realizar los seguimientos. Reiter¨® las quejas, seg¨²n su versi¨®n, en tres ocasiones, ¡°sin que se tomaran medidas al respecto¡±. ¡°La actitud de Granados nos demostr¨® lo que ya empez¨¢bamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al director de Seguridad, quien a su vez ejecutaba ¨®rdenes directas del vicepresidente¡±. Los partes de los seguimientos ¡°se elaboraban en la direcci¨®n general de Seguridad, en la calle de Gobelas, 33, en los ordenadores que ten¨ªamos asignados. Se entregaban en mano al director o subdirector en sus respectivos despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Casta?o [subdirector general de Seguridad Ciudadanal, tambi¨¦n imputado]¡±. La juez no ha imputado ni a Granados ni a Gonz¨¢lez.
¡°No concuerdan con el perfil¡±
El auto en el que la juez Carmen Valcarce resuelve continuar con el procedimiento para que un Tribunal del Jurado decida si hubo malversaci¨®n de caudales p¨²blicos en el seguimiento a pol¨ªticos adversarios de Esperanza Aguirre ha sido recurrido en reforma por Ram¨®n Gonz¨¢lez Bosch, abogado de dos de los imputados, el empleado auton¨®mico Jos¨¦ Manuel Pinto, y el guardia civil Jos¨¦ Oreja.
Gonz¨¢lez Bosch se?ala que la juez en su auto admite que ¡°efectivamente existieron los seguimientos, pero sus representados no concuerdan con el perfil para realizarlos¡±. ¡°Si esto es as¨ª¡±, se?ala el recurso de reforma, ¡°lo que coincide con nuestras teor¨ªas, es evidente que mis representados no pueden seguir siendo imputados por el delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos por los que ven¨ªan siendo acusados¡±.
Los principales perjudicados por el supuesto espionaje pol¨ªtico, Alfredo Prada y Manuel Cobo, denunciaron los hechos en un primer momento, pero decidieron retirarse de la causa por orden expresa de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que quer¨ªa evitar una guerra interna en el partido, dado que el caso afectaba al coraz¨®n del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Cobo lleg¨® a denunciar p¨²blicamente que Aguirre hab¨ªa montado "una gestapillo" para espiarle, mientras que Prada consider¨® los hechos "de una gravedad inmensa. [Lo ocurrido] no s¨®lo vulnera mi derecho a la privacidad, sino que vulnera los derechos de mis hijos". Uno de los seguimientos recog¨ªa la salida de Prada de un restaurante junto a miembros de su familia.
Otra persona que aparec¨ªa reflejada en los partes de seguimiento, Mar¨ªa del Carmen Rodr¨ªguez Flores, diputada nacional del PP, decidi¨® retirarse como acusaci¨®n particular en el caso hace s¨®lo unos meses.
S¨®lo queda en la causa la acusaci¨®n representada por el abogado Wilfredo Jurado, que representa los intereses del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid.
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