Los jueces de Canarias rechazan suspender las prospecciones

El Gobierno canario ¡ªCoalici¨®n Canaria y PSOE¡ª ha vuelto a fracasar en los tribunales en su oposici¨®n a las prospecciones que Repsol acomete ya a unos 50 kil¨®metros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura en busca de hidrocarburos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado paralizar los sondeos, una medida cautelar que hab¨ªa solicitado el Ejecutivo de Paulino Rivero. Los magistrados niegan esa suspensi¨®n y aprecian que "el procedimiento" seguido por el Gobierno central para conceder los permisos "ha sido conforme a derecho".

Entre otros argumentos, la Administraci¨®n canaria ¡ªque ya intent¨® sin ¨¦xito frenar en el Supremo las prospecciones¡ª alertaba de los riesgos para el sector tur¨ªstico, "eje principal de la econom¨ªa" de las islas. Pero los magistrados creen que ese peligro "resulta absolutamente hipot¨¦tico y determinado al caso de una emergencia o cat¨¢strofe". El TSJC tambi¨¦n minimiza las posibles afecciones sobre la pesca, las aguas, los puertos y las distintas especies que, seg¨²n el Gobierno canario, no se habr¨ªan tenido en cuenta durante la tramitaci¨®n ambiental. Los jueces restan importancia a los informes aportados por la Administraci¨®n regional: "Las conclusiones de tales informes o se basan en da?os hipot¨¦ticos o parecen m¨¢s orientados a la explotaci¨®n petrol¨ªfera continuada en Canarias que a un sondeo de duraci¨®n limitado a un m¨¢ximo de 180 d¨ªas".

El Ejecutivo aut¨®nomo hab¨ªa alertado tambi¨¦n de que parte de la zona en la que se han autorizado los sondeos est¨¢ en tr¨¢mites para ser declarada Lugar de Importancia Comunitaria, con lo que entrar¨ªa a formar parte de la red Natura 2000, el sistema europeo de protecci¨®n de las ¨¢reas de inter¨¦s medioambiental. Pero el TSJC, adem¨¢s de recordar que esta protecci¨®n a¨²n no se ha aprobado, afirma que "la inclusi¨®n de un espacio en la red Natura 2000 no excluye, a priori, su explotaci¨®n econ¨®mica en el futuro".

El auto en el que se rechazan las medidas cautelares lo apoyan cinco de los seis magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife.

El juez Luis Helmut Moya, sin embargo, no comparte los argumentos de sus compa?eros y alerta en un voto particular de que "los valores medioambientales ser¨¢n seriamente puestos en peligro durante la ejecuci¨®n de los sondeos de Repsol". "No puede argumentarse con un m¨ªnimo de rigor que estos valores resulten garantizados por el establecimiento de una garant¨ªa financiera" de 20 millones de euros, afirma este magistrado. "En el caso de un derrame de crudo el coste de la limpieza de la costa que pudiera ser afectada y el valor de los da?os materiales que se causaran ser¨ªa inmensamente superior", a?ade.

A este voto particular se ha agarrado este martes el PSOE. El portavoz de los socialistas en el Parlamento canario, Manuel Fajardo, ha recomendado la lectura del pronunciamiento de este juez. Sin embargo, ha reconocido que el rechazo a la paralizaci¨®n de los sondeos es "un rev¨¦s" para el Gobierno aut¨®nomo.

Su presidente, Paulino Rivero (CC), ha insistido en comparar la actitud del Gobierno central en el caso de Canarias, donde se ha dado el visto bueno a los sondeos, y en otras zonas del Mediterr¨¢neo, donde ya se han frenado algunos proyectos de prospecci¨®n. En su opini¨®n, supone una "clara arbitrariedad" que vulnera la Constituci¨®n. Su Ejecutivo ha anunciado que estudia emprender acciones legales por la v¨ªa penal contra responsables pol¨ªticos y funcionarios de la Administraci¨®n central.

Por su parte, Repsol ha interpretado que el auto del TSJC supone que el proyecto "cuenta con todas las garant¨ªas y protecciones en materia de seguridad y respeto medioambiental".

El Tribunal Supremo ya respald¨® en junio el real decreto de 2012 del Gobierno que daba amparo legal a las prospecciones de Repsol. Los magistrados de la secci¨®n tercera de la Sala de lo Contencioso rechazaron los argumentos contra la exploraci¨®n presentados por el Gobierno canario, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, la Fundaci¨®n C¨¦sar Manrique, Izquierda Unida y las organizaciones Ecologistas en Acci¨®n y WWF. En total, se presentaron siete recursos contra el real decreto de 2012 que ha permitido a Repsol comenzar con los sondeos, unos trabajos que comenzaron hace dos meses. Todos fueron rechazados por los magistrados del Supremo.

Pese a este respaldo del Supremo, el Gobierno canario ha querido seguir litigando contra las prospecciones. Y esta vez ha acudido al TSJC. El 30 de octubre present¨® un recurso ante los magistrados del tribunal canario en el que se alertaba de los da?os medioambientales que las prospecciones pueden desencadenar. En ese escrito se ped¨ªa que, como medida cautelar, se suspendiera la autorizaci¨®n final que el Ministerio de Industria concedi¨® el 11 de agosto a Repsol, que ha permitido a la compa?¨ªa comenzar los sondeos en busca de hidrocarburos. Antes de acudir al TSJA, el Gobierno canario -al igual que Greenpeace y WWF- presentaron un recurso de alzada ante el departamento del ministro Jos¨¦ Manuel Soria, que fue rechazado.

La batalla por las prospecciones entre el Gobierno canario y el central lleva tiempo ya judicializada. El Estado recurri¨® a su vez ante el Constitucional la consulta que el Ejecutivo insular pretend¨ªa realizar sobre este asunto el 23 de noviembre. El alto tribunal admiti¨® el recurso del Gobierno central, lo que implic¨® la suspensi¨®n cautelar de la consulta. Ante esta paralizaci¨®n temporal, el Ejecutivo aut¨®nomo -de?Coalici¨®n Canaria y PSOE- encarg¨® a las dos universidades p¨²blicas de las islas la elaboraci¨®n de una encuesta para conocer la opini¨®n de la poblaci¨®n sobre este proyecto. Y la conclusi¨®n de este sondeo fue que el 75% de los consultados rechazan los sondeos.