Un bien com¨²n

Las universidades p¨²blicas reciben en promedio de su comunidad aut¨®noma algo menos del 69% de sus ingresos corrientes (datos del Ministerio de Educaci¨®n, a?o 2012). Este porcentaje tiene gran variabilidad: desde el 58% en Catalu?a hasta m¨¢s del 80% en el Pa¨ªs Vasco, la Rioja o Canarias. Los precios y tasas que pagan los estudiantes y sus familias constituyen el 20% de los ingresos corrientes de las universidades, con una variabilidad incluso mayor: por debajo del 10% en las universidades de La Laguna, Pa¨ªs Vasco o C¨¢diz, y hasta el 36% en la de Barcelona o el 37% en la Rey Juan Carlos de Madrid.

Desde el a?o 2009, la evoluci¨®n de esas cifras puede calificarse de ¡°hist¨®rica¡±. En algunas comunidades aut¨®nomas los recortes se acercan al 40% en t¨¦rminos reales, una vez descontada la inflaci¨®n, lo que nos retrotrae a m¨¢s de 20 a?os atr¨¢s. Seg¨²n un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las ¨²ltimas reformas universitarias.

Llama la atenci¨®n que la mayor parte de pa¨ªses europeos sigan una pol¨ªtica distinta o incluso opuesta a la espa?ola. Y no se trata s¨®lo de los consabidos pa¨ªses n¨®rdicos, donde los estudios universitarios son gratuitos, sino de pa¨ªses y regiones m¨¢s pr¨®ximos a nosotros, donde la matr¨ªcula es gratuita (Austria o Escocia, entre muchos otros) o requiere tan solo el pago de una tasa fija (300 euros por a?o en Alemania, 183 en Francia, por ejemplo). Mientras esto ocurre en Europa, los precios p¨²blicos en Espa?a llegan a alcanzar los 2.600 por curso de grado, y los 4.000 por curso de m¨¢ster. Adem¨¢s, la inmensa mayor¨ªa de pa¨ªses europeos ofrecen o bien becas-salario para compensar la p¨¦rdida de ingresos de los j¨®venes que optan por estudiar en vez de trabajar (modelo n¨®rdico), o bien desgravaciones fiscales y subsidios para las familias que mantienen a los hijos que estudian en la universidad (modelo centroeuropeo), algo inexistente en Espa?a.

Llama la atenci¨®n que la mayor parte de pa¨ªses europeos sigan una pol¨ªtica distinta o incluso opuesta a la espa?ola

Cabe preguntarse si lo que ocurre en nuestro pa¨ªs no es m¨¢s que el resultado inevitable de una situaci¨®n econ¨®mico-financiera adversa. Sin embargo, quienes defienden estas nuevas pol¨ªticas de financiaci¨®n universitaria no suelen hacerlo en t¨¦rminos coyunturales, sino con argumentos de fondo. El principal es el de considerar que, puesto que obtener un t¨ªtulo universitario permite acceder a trabajos y niveles de renta superiores, quien estudia en la universidad debe pagarse los estudios, pues va a obtener de ellos un beneficio personal. Y es cierto que lo va a obtener. Lo que no es tan claro es que deba pagar por ello a priori, esto es, mientras estudia. Intentar¨¦ argumentar por qu¨¦ es mejor que lo haga a posteriori, mediante un sistema de impuestos progresivo, que permita que devuelva a la sociedad, incluso con creces, lo que de ella ha recibido.

Tambi¨¦n se aduce que no es justo que paguen lo mismo los ricos que los pobres. Como si no nos costara exactamente lo mismo a todos, ricos y pobres, comprar un kilo de arroz o un televisor. De nuevo, la redistribuci¨®n de la riqueza conviene hacerla mediante el sistema impositivo, no en el sistema de precios.

Otro argumento frecuente es el de considerar que, puesto que a la universidad acceden mayoritariamente j¨®venes de clases medias y altas, no es justo que los contribuyentes les paguen los estudios. Efectivamente, sabemos que a nuestras universidades acceden mucho m¨¢s los hijos de directivos, profesionales y, en general, trabajadores de oficina, servicios y administraci¨®n, mientras que los hijos de trabajadores obreros est¨¢n infrarrepresentados, ya que s¨®lo son un 27% de la poblaci¨®n universitaria mientras que sus padres conforman el 48% de la poblaci¨®n de 40 a 60 a?os. Pero esto no deber¨ªa inducirnos a una aceptaci¨®n resignada de los hechos, sino a actuar para que la situaci¨®n cambie. Un motivo que explica la baja presencia de estudiantes de origen humilde en nuestras universidades es su necesidad de trabajar y aportar ingresos a sus familias. En estas condiciones, el aumento del precio de la matr¨ªcula es un elemento disuasorio a?adido.

La redistribuci¨®n de la riqueza conviene hacerla mediante el sistema impositivo, no en el sistema de precios.

Por ¨²ltimo hay quien piensa que la respuesta a todas estas cuestiones est¨¢ en mantener precios elevados como los actuales y ofrecer becas o cr¨¦ditos a quienes no puedan permitirse pagarlos. Las becas o, peor a¨²n, los cr¨¦ditos, no resuelven el problema. Aparte de la escasez de sus importes y n¨²mero, las becas generan incertidumbre ya que un estudiante no sabe a priori si la obtendr¨¢. De los cr¨¦ditos, para qu¨¦ hablar, en un pa¨ªs en el que las hipotecas son causa de problemas tan graves. ?En qu¨¦ condiciones entrar¨ªa en el mercado de trabajo un reci¨¦n titulado obligado a devolver un cr¨¦dito por los estudios cursados? ?C¨®mo afrontar¨ªa el inicio de una vida personal y familiar independiente? Conocemos demasiado bien las dificultades generadas por el sistema de cr¨¦ditos al estudio en los pa¨ªses que los han implantado, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido: endeudamiento no sostenible, disminuci¨®n dr¨¢stica de la movilidad estudiantil, retracci¨®n de la demanda universitaria por parte de sectores espec¨ªficos (mujeres y adultos), burbuja crediticia y, finalmente, abandono de los estudios al producirse la crisis financiera y reducirse la concesi¨®n de cr¨¦ditos y las expectativas laborales.

Debemos, en cambio, preguntarnos por qu¨¦ los pa¨ªses de nuestro entorno est¨¢n optando por una pol¨ªtica tan distinta: financiaci¨®n p¨²blica de la universidad, matr¨ªculas gratuitas o simb¨®licas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Y la igualdad no es s¨®lo una cuesti¨®n de justicia social sino tambi¨¦n de eficacia, ya que permite que los mejores accedan a los estudios, y que el pa¨ªs no desperdicie su talento por causas econ¨®micas. En otras palabras, frente al beneficio personal que se extrae del estudio, la mayor¨ªa de pa¨ªses valoran el beneficio colectivo que obtiene el conjunto de la sociedad. Un beneficio cultural, cient¨ªfico, t¨¦cnico y profesional que ayuda al bienestar y al progreso del pa¨ªs. Un beneficio econ¨®mico gracias a quienes, tras haber pasado por la universidad, desarrollan actividades ¨²tiles y rentables para empresas e instituciones, tanto privadas como p¨²blicas. Y, finalmente, un retorno de la inversi¨®n p¨²blica a trav¨¦s de los impuestos.

No es posible tratar de financiaci¨®n universitaria sin mencionar la investigaci¨®n, puesto que en nuestro pa¨ªs las universidades p¨²blicas son su agente principal. La disminuci¨®n de la financiaci¨®n de la investigaci¨®n en Espa?a ha sido dr¨¢stica en estos ¨²ltimos a?os (superior al 40%) y nos aleja todav¨ªa m¨¢s de los objetivos declarados en solemnes reuniones de ministros de la UE. Se est¨¢ hipotecando el futuro de la investigaci¨®n espa?ola y con ello las posibilidades de un cambio de modelo econ¨®mico del pa¨ªs. Para que la investigaci¨®n revierta positivamente en la sociedad, se suele argumentar que lo mejor es que sean las empresas las que la orienten y las que la financien. ?Es eso lo que m¨¢s conviene a la ciudadan¨ªa? Que las empresas (y otras instituciones, no necesariamente con ¨¢nimo de lucro) financien parte de la investigaci¨®n puede ser positivo, pero es imprescindible que la administraci¨®n p¨²blica lo haga en una proporci¨®n suficiente. Suficiente para garantizar el avance de la investigaci¨®n b¨¢sica, sin la cual no hay investigaci¨®n aplicada posible. Suficiente para garantizar la independencia y la objetividad de la investigaci¨®n. Suficiente tambi¨¦n para asegurar que se obtengan avances cient¨ªficos que ayuden a resolver los problemas de la poblaci¨®n, con independencia de su rentabilidad econ¨®mica inmediata.

La igualdad no es s¨®lo una cuesti¨®n de justicia social sino tambi¨¦n de eficacia, ya que permite que los mejores accedan a los estudios, y que el pa¨ªs no desperdicie su talento por causas econ¨®micas.

En conclusi¨®n, la actividad docente e investigadora de las universidades p¨²blicas beneficia al conjunto de la sociedad. Es un bien com¨²n y, por ello, corresponde al poder p¨²blico garantizar su financiaci¨®n.

Vera Sacrist¨¢n es profesora de Matem¨¢tica Aplicada de la Universidad Polit¨¦cnica de Catalu?a