Corrupci¨®n institucional
Se da por bueno que lo que no se puede hacer en t¨¦rminos jur¨ªdicos, se puede conseguir pol¨ªticamente por v¨ªas soterradas
En las ediciones digitales de todos los peri¨®dicos de este jueves por la ma?ana hab¨ªa coincidencia en la valoraci¨®n de la dimisi¨®n de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado. Nada hace pensar que no vaya a darse la misma coincidencia en los que aparezcan este viernes, despu¨¦s de una reflexi¨®n m¨¢s pausada. En todos hab¨ªa acuerdo en que la dimisi¨®n era algo m¨¢s que previsible, dado el desacuerdo del Gobierno y de la direcci¨®n del PP con la actuaci¨®n del Fiscal General, muy visible desde el 9-N y desde que Torres-Dulce manifestara su coincidencia con la fundamentaci¨®n jur¨ªdica del auto del juez Ruz, a trav¨¦s del cual decidi¨® la imputaci¨®n de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la trama G¨¹rtel. A nadie ha sorprendido, en consecuencia, que se haya producido.
Creo que esto es lo primero que debe ser subrayado, porque es un indicador de la enorme degradaci¨®n institucional en la que estamos inmersos y a la que parece que nos estamos acostumbrando. Todo el mundo est¨¢ dando por supuesto con la mayor naturalidad que, aunque formalmente estamos ante una dimisi¨®n, materialmente estamos ante una destituci¨®n. Se est¨¢ dando por bueno con la mayor naturalidad que lo que no se puede hacer en t¨¦rminos jur¨ªdicos, se puede conseguir pol¨ªticamente por v¨ªas soterradas y espurias. Afecte a lo que afecte.
Todo el mundo est¨¢ dando por supuesto con la mayor naturalidad que, aunque formalmente estamos ante una dimisi¨®n, materialmente estamos ante una destituci¨®n
La dimisi¨®n del fiscal general del Estado es un ejemplo de libro de corrupci¨®n institucional en sentido estricto. Pues la corrupci¨®n no se reduce a la venalidad del oficio p¨²blico, sino que va mucho m¨¢s all¨¢ de esta. La corrupci¨®n es, ante todo, la desnaturalizaci¨®n institucional, el hecho de que se anule la garant¨ªa que hace posible que una instituci¨®n desempe?e la funci¨®n que tiene constitucionalmente encomendada. Y esto es lo que ha ocurrido con la destituci¨®n disfrazada de dimisi¨®n de Eduardo Torres-Dulce. Lo que se ha puesto en cuesti¨®n es la inamovilidad del fiscal general durante el periodo para el que ha sido designado y, como consecuencia de ello, su autonom¨ªa respecto del Gobierno que lo design¨®. ?De qu¨¦ vale la inamovilidad establecida en el Estatuto del Ministerio Fiscal como garant¨ªa ¨²ltima de su autonom¨ªa, si el Gobierno puede hacerla saltar por los aires?
Con el quebrantamiento de la voluntad de Eduardo Torres-Dulce se ha producido simult¨¢neamente la devaluaci¨®n del estatus de la Fiscal¨ªa General en nuestro sistema pol¨ªtico y en nuestro ordenamiento jur¨ªdico. La Fiscal¨ªa General del Estado vale menos a partir de este jueves. Va camino de ser un bono basura de los que nos informan peri¨®dicamente en las secciones de econom¨ªa. Aquejada, por tanto, de los vicios que acompa?an a estos bonos.
No s¨¦ qui¨¦n ser¨¢ designado para sustituir a Eduardo Torres-Dulce, pero cuesta trabajo pensar que alguien que se respete a s¨ª mismo y sea celoso de su autonom¨ªa pueda aceptar un nombramiento por parte de un Gobierno que ha actuado de la forma en que acaba de hacerlo. Aunque previsiblemente ya se tenga pensado un candidato de un perfil semejante al del presidente de RTVE, en el que el car¨¢cter servil sea elemento constitutivo de su personalidad.
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