Pulso al Gobierno del Poder Judicial
El cese de Torres Dulce y la protesta del Supremo destapan las injerencias del Ejecutivo
El Gobierno tiene a las principales instituciones judiciales del pa¨ªs al borde de la rebeli¨®n. La sala clave del Tribunal Supremo ha hecho p¨²blico su rechazo al intento de injerencia del Ejecutivo en decisiones relacionadas con la excarcelaci¨®n de etarras; la dimisi¨®n del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, antes de finalizar su mandato, ha extendido la sospecha sobre el intento de manipulaci¨®n por parte del Gobierno en esta instituci¨®n; el Consejo General del Poder Judicial, en plena tormenta tras sacar a concurso la plaza del juez que investiga la corrupci¨®n del PP, ha tenido que aplazar la renovaci¨®n de sus principales ¨®rganos por la oposici¨®n de una parte de sus vocales.
El Supremo vivi¨® este jueves una jornada inquietante. Un grupo de magistrados de la Sala de lo Penal se junt¨® a primera hora para recoger firmas de protesta contra las injerencias del Gobierno. La iniciativa, ins¨®lita en la historia del tribunal, termin¨® a mediod¨ªa con ¨¦xito notable para los promotores de la queja: 13 de los 18 magistrados de esa sala firmaron un comunicado que simboliza su descontento con el Ejecutivo.
La Sala de lo Penal del Supremo se encarga de las causas de terrorismo y de las relacionadas con la corrupci¨®n de la clase pol¨ªtica, entre otras. La recogida de firmas de los magistrados evidencia su hartazgo ante el supuesto intento de manipulaci¨®n por parte del Gobierno en un tema, el terrorismo de ETA, especialmente sensible para la opini¨®n p¨²blica.
La excarcelaci¨®n de etarras decidida por la secci¨®n primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicaci¨®n de una decisi¨®n marco europea, destap¨® la indignaci¨®n del Ejecutivo, que a trav¨¦s de su ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, anunci¨® que esa decisi¨®n de la Audiencia ser¨ªa corregida por el Supremo.
El presidente de la Sala de lo Penal de este tribunal, Manuel Marchena, se apresur¨® a convocar un pleno en el que supuestamente se iba a fijar el criterio para enmendar a la Audiencia. ¡°A trav¨¦s de un recurso de otro preso etarra, al que se hab¨ªa denegado la acumulaci¨®n de condenas, pretend¨ªan fijar criterio y, de paso, derogar la excarcelaci¨®n de Santi Potros. Esas trampas no pueden admitirse en el Supremo¡±, explica un juez. El pleno convocado por Marchena no resolvi¨® nada, aplaz¨® la decisi¨®n a enero y escenific¨® la fractura en la Sala. Uno de los magistrados aprovech¨® la ocasi¨®n para expresar el profundo malestar con el Gobierno.
Las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, donde suger¨ªa que las decisiones judiciales de acumulaci¨®n de condenas a etarras eran prevaricadoras agotaron la paciencia de magistrados del Supremo, poco habituados a discrepar p¨²blicamente del Ejecutivo.
¡°La nota de protesta es fruto del hartazgo. El Gobierno est¨¢ legislando contra la doctrina del Supremo con la idea de que no pasa nada porque controla todas las instituciones judiciales. Lo hizo al introducir una enmienda en el Senado para evitar la aplicaci¨®n de la decisi¨®n marco europea sobre acumulaci¨®n de condenas; lo intenta ahora con una reforma legal que permita la intervenci¨®n de comunicaciones sin autorizaci¨®n judicial pese a toda la jurisprudencia que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en contra de esa posibilidad, y tambi¨¦n proyecta cambios en relaci¨®n con las pruebas de ADN contra el criterio de este tribunal¡±, se?ala un magistrado. Otro resume as¨ª la situaci¨®n: ¡°La falta de respeto del Gobierno a la autonom¨ªa de las instituciones judiciales ha desencadenado esta reacci¨®n en los principales ¨®rganos del Poder Judicial¡±.
La dimisi¨®n de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general antes de terminar su mandato extiende la sospecha del intento de control por parte del Gobierno sobre otra pieza estrat¨¦gica en la administraci¨®n de justicia. ¡°El Ejecutivo se equivoc¨® al nombrar a Torres-Dulce y no entendi¨® que en una instituci¨®n tan jer¨¢rquica, el fiscal general no impusiera su criterio en relaci¨®n con la querella contra el Gobierno catal¨¢n por la consulta ilegal del 9-N. Si el Gobierno quer¨ªa controlar esa instancia, eligi¨® a la persona equivocada. Adem¨¢s, la dimisi¨®n le ha estallado en la cara al crear la imagen de que Torres-Dulce se ha ido por la falta de independencia¡±, se?ala un ex alto cargo judicial.
El Gobierno de los jueces tambi¨¦n sufre la inestabilidad del juego pol¨ªtico. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, deber¨¢ tramitar la queja de los magistrados del Supremo cuando en el ¨®rgano que preside hay otro incendio mayor. Los vocales progresistas se niegan a que Lesmes imponga la continuidad de los seis miembros de la comisi¨®n permanente, ¨®rgano clave del organismo que debe ser renovado cada a?o.
La ¨²ltima decisi¨®n de la Comisi¨®n Permanente de convocar la plaza que ocupa Pablo Ruz, juez instructor del caso G¨¹rtel y del caso B¨¢rcenas, ha dejado la sospecha del intento del Gobierno del PP de sacar de la Audiencia Nacional al magistrado que m¨¢s da?o puede hacer a su imagen por las investigaciones que dirige.
Divisi¨®n total sobre la excarcelaci¨®n de etarras
Los 18 magistrados que conforman las distintas secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunieron el mes pasado en pleno para deliberar sobre c¨®mo resolver los recursos de etarras presos que ped¨ªan, en aplicaci¨®n de una decisi¨®n marco europea de 2008, que se les computaran los a?os pasados en c¨¢rceles francesas para descont¨¢rselos del c¨¢lculo de cumplimiento m¨¢ximo de sus penas en Espa?a (30 a?os).
Los jueces de la Audiencia Nacional que debatieron sobre la cuesti¨®n conoc¨ªan una sentencia del Supremo (dictada en marzo con la unanimidad de los cinco magistrados de la sala) favorable a la acumulaci¨®n de las penas cumplidas en otros pa¨ªses comunitarios, en ausencia de legislaci¨®n espa?ola que recogiera la decisi¨®n marco europea. La deliberaci¨®n de la Audiencia Nacional se produjo el pasado noviembre, cuando ya se hab¨ªa aprobado en las Cortes la trasposici¨®n de la decisi¨®n marco europea, aunque la Ley todav¨ªa no hab¨ªa entrado en vigor.
La nueva norma establece una condici¨®n temporal en su disposici¨®n adicional ¨²nica: "En ning¨²n caso ser¨¢n tenidas en cuenta para la aplicaci¨®n de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Uni¨®n Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010".
Esa disposici¨®n adicional dejaba sin efecto la decisi¨®n marco europea para los terroristas de ETA presos que hab¨ªan recurrido. La divisi¨®n de opiniones entre los 18 jueces de la Audiencia Nacional fue absoluta: nueve frente a nueve. La reuni¨®n no sirvi¨® para fijar un criterio claro sobre c¨®mo actuar. Unos d¨ªas despu¨¦s, a principios de diciembre, llegaron los primeros autos judiciales: la secci¨®n primera de la Audiencia aceptaba acumular condenas y excarcel¨® a dos etarras; la secci¨®n segunda, con un voto particular, rechazaba descontar los a?os cumplidos en Francia del cumplimiento m¨¢ximo de la pena en Espa?a.
En el Supremo, la divisi¨®n es parecida. Cinco magistrados se pronunciaron a favor de acumular penas en el caso Urrusolo Sistiaga (marzo de 2014), pero el pleno de la Sala de lo Penal (15 magistrados) estudi¨® el pasado martes un recurso de Pedro Jos¨¦ Picabea por id¨¦ntico motivo que dej¨® pendiente de resolver tras un largo debate en el que la fractura result¨® evidente.
Entre los terroristas afectados est¨¢n algunos de los m¨¢s sanguinarios.
SANTIAGO URRUSOLO SISTIAGA (17 a?os preso). Acusado de 16 asesinatos. Miembro del Comando Madrid. Detenido en 1997 en Francia, donde cumpli¨® cinco a?os de prisi¨®n. Entregado a Espa?a en 2002 y condenado a 832 a?os de c¨¢rcel. El Supremo acord¨® en marzo de 2014, por unanimidad de sus cinco magistrados y en aplicaci¨®n de la normativa marco europea, descontar a Urrusolo los cinco a?os que pas¨® preso en Francia del m¨¢ximo de 30 a?os de cumplimiento en Espa?a (seg¨²n la legislaci¨®n aplicable a este terrorista). Todav¨ªa sigue preso.
PEDRO JOS? PICABEA UGALDE. KEPA DE HERNANI (20 a?os preso). Acusado de 24 asesinatos y dos secuestros, condenado en distintas causas a cientos de a?os de c¨¢rcel. Detenido en 1994 en Francia, donde estuvo preso hasta 2001 cuando fue extraditado a Espa?a para juzgarle por m¨²ltiples asesinatos. La Audiencia Nacional (secci¨®n tercera de lo Penal) le deneg¨® en septiembre pasado la acumulaci¨®n de condenas y rechaz¨® restar los siete a?os que pas¨® preso en Francia de los 30 a?os de m¨¢ximo cumplimiento en Espa?a. Picabea recurri¨® al Supremo, que resolver¨¢ supuestamente en enero.
ALBERTO PLAZAOLA (Cumpli¨® 24 a?os de prisi¨®n, en libertad). Condenado por dos asesinatos frustrados y estragos a 46 a?os de c¨¢rcel. Detenido en 1990 en Francia, donde estuvo preso hasta 1996 cuando fue entregado a Espa?a. La secci¨®n primera de lo penal de la Audiencia Nacional acord¨®, por unanimidad, descontarle esos seis a?os del m¨¢ximo de cumplimiento de sus penas en Espa?a. Fue excarcelado el 4 de diciembre de 2014.
SANTIAGO ARR?SPIDE, SANTI POTROS (Cumpli¨® 27 a?os de prisi¨®n, en libertad). Condenado a 790 a?os de c¨¢rcel por ordenar el atentado de Hipercor que cost¨® la vida a 21 personas. Detenido en 1987 en Francia, donde pas¨® 13 a?os preso. Extraditado a Espa?a en 2000. Ha pasado 27 a?os encarcelado entre Francia y Espa?a. La secci¨®n primera de la Audiencia Nacional acord¨® el pasado 2 de diciembre, descontarle de la pena m¨¢xima a cumplir en Espa?a (30 a?os), el tiempo que pas¨® preso en Francia (13 a?os). Fue excarcelado el pasado 4 de diciembre.
RAFAEL CARIDE SIM?N (21 a?os preso). Ide¨®logo del atentado de Hipercor (21 muertos y 45 heridos), en el que particip¨®. Condenado a 790 a?os de c¨¢rcel. Detenido en 1993 en Francia, donde estuvo preso hasta 2000, cuando fue entregado a Espa?a para ser juzgado por sus cr¨ªmenes en este pa¨ªs. La secci¨®n primera de la Audiencia Nacional acord¨® el pasado 2 de diciembre, acumular el tiempo de condena en Francia (siete a?os), al c¨®mputo sobre el m¨¢ximo de cumplimiento en Espa?a (30 a?os).
Francisco M¨²gica Garmendia, Pakito (22 a?os preso). Condenado a 2.354 a?os de c¨¢rcel por el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, con 11 muertos (cinco ni?os) y 88 heridos. Detenido en 1992 en Francia, donde pas¨® ocho a?os preso. Fue extraditado en 2000 a Espa?a, donde contin¨²a en prisi¨®n. La secci¨®n primera de la Audiencia Nacional acord¨® por unanimidad restarle los ocho a?os que pas¨® en la c¨¢rcel francesa del m¨¢ximo de cumplimiento que le corresponde en Espa?a (30 a?os). Sigue en prisi¨®n.
Ignacio Bilbao Beaskoetxea (22 a?os preso). Condenado a 109 a?os de c¨¢rcel por dos asesinatos. Detenido en 1992 en Francia, donde estuvo preso hasta 1999 cuando fue extraditado a Espa?a. La secci¨®n segunda de la Audiencia Nacional (por dos votos a favor y uno en contra) deneg¨® al terrorista restarle del m¨¢ximo de cumplimiento de su pena en Espa?a (30 a?os) el tiempo que pas¨® en las c¨¢rceles francesas (siete a?os).
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