El PP aparca el debate sobre aforados y pol¨ªticos imputados
La ley de altos cargos no fija el momento en el que un investigado debe renunciar
El PP ha sacado adelante en el Congreso dos de las leyes anticorrupci¨®n comprometidas por Mariano Rajoy hace casi dos a?os. Los populares han tenido el apoyo de CiU y PNV para que la Comisi¨®n Constitucional apruebe el estatuto de altos cargos, mientras que el PSOE se ha abstenido en la votaci¨®n de la nueva ley de financiaci¨®n de partidos.
Los populares han dejado de lado para el futuro dos de las exigencias m¨¢s pol¨¦micas de los grupos de la oposici¨®n: la reducci¨®n de aforados y el momento en el que los pol¨ªticos inmersos en un proceso judicial deben dejar los cargos. En el primer caso, el PP present¨® una transaccional para incluir en la norma un compromiso gen¨¦rico de reducci¨®n futura de aforados cuando sea posible. En verano, el Gobierno anunci¨® su intenci¨®n de abordar ya esta reducci¨®n que, en algunos casos, requiere reforma constitucional. Ahora ha quedado en ese compromiso gen¨¦rico.
Respecto a los pol¨ªticos con procesos judiciales, el PP argumenta que hay diferencias entre los partidos. Por ejemplo, el PSOE ped¨ªa que el momento procesal fuera el de apertura de juicio oral, mientras que, Izquierda Unida quer¨ªa que fuera la imputaci¨®n, y UPyD, la mera investigaci¨®n.
Lo que ha hecho el PP es dejar en la ley de altos cargos el obligado cese con sentencia firme y comprometerse a abordar el asunto en el debate sobre el proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esa norma llegar¨¢ al Congreso en febrero y no incluye nada de este asunto, pero el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Luis Ayll¨®n, est¨¢ dispuesto a discutir una enmienda que asegure que, una vez abierto juicio oral contra un cargo representativo, se notifique a los efectos oportunos a las C¨¢maras, parlamentos regionales o ayuntamientos. Luego, deber¨¢n ser cada una de esas instituciones las que decidan qu¨¦ hacer.
El proyecto de ley de altos cargos que ir¨¢ ahora al Senado regula nuevas incompatibilidades y exigencias, aunque para la oposici¨®n son insuficientes porque no habla, por ejemplo, de limitaci¨®n de mandatos, indultos o descolonizaci¨®n de instituciones por parte de los partidos.
Para el portavoz del PP, Pedro G¨®mez de La Serna, son "excusas de mal pactador". Los populares han logrado el voto de los nacionalistas dejando claro la preponderancia de las normas auton¨®micas.
La de financiaci¨®n de partidos limita las donaciones, establece nuevos controles e impide la condonaci¨®n de deudas, entre otras novedades.
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