Los fiscales se unen al rechazo a que Interior pueda pinchar tel¨¦fonos
El Consejo valora su regulaci¨®n y rechaza que la autorizaci¨®n se abra m¨¢s all¨¢ de lo judicial
El Consejo Fiscal, igual que el Consejo General del Poder Judicial, considera que permitir que el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad ordenen sin permiso judicial la intervenci¨®n de tel¨¦fonos en supuestos de terrorismo ser¨ªa inconstitucional.
El Consejo Fiscal, el primero presidido por la nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha aprobado este martes su dictamen sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) con duras cr¨ªticas al texto presentado por el Gobierno. Los fiscales reclaman en su dictamen, no vinculante, la retirada de este punto sobre el que el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez, ya anunci¨® que rectificar¨ªa si exist¨ªan dudas sobre su legalidad. As¨ª, valoran positivamente que se regulen las intervenciones de las comunicaciones pero rechazan que la autorizaci¨®n pueda abrirse m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito judicial.
El dictamen fiscal pone reparos a la recogida de muestras de ADN sin asistencia letrada
Adem¨¢s del rechazo al pinchazo de tel¨¦fonos sin autorizaci¨®n del juez, la cr¨ªtica al anteproyecto incide en la idea de marcar unos plazos para limitar los tiempos de investigaci¨®n de las causas. El anteproyecto fija un plazo de seis meses para la investigaci¨®n de casos ordinarios y de 18 meses prorrogables para la instrucci¨®n de macrocasos, pero los fiscales piensan que esta medida es imposible de cumplir si no va ligada a otras. Consideran que, de otra manera, es un elemento perturbador para la eficacia de los procesos. Por ello, piden la retirada de esos plazos.
El dictamen fiscal pone reparos a otras propuestas del anteproyecto de la Lecrim, como la recogida de muestras de ADN sin asistencia letrada, y recomienda seguir la jurisprudencia del Tribunal Supremo a favor de la presencia de abogado.
Los fiscales rechazan, por otra parte, el llamado ¡°proceso por decreto¡±, mediante el que se preve¨ªa la posibilidad de que haya un acuerdo entre el fiscal y el acusado, sin intervenci¨®n judicial, con el fin de evitar el tr¨¢mite de instrucci¨®n. Tampoco ven adecuado que se cambie la denominaci¨®n de ¡°imputado¡± por la de ¡°sujeto pasivo¡±. Los fiscales consideran que cualquier otra nueva denominaci¨®n, al margen de problemas por la confusi¨®n, adquirir¨ªa la carga que arrastra a los implicados en un a investigaci¨®n penal.
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