Un tribunal militar avala que se desclasifique un informe secreto

El Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta por vez primera a la tesitura de desclasificar un documento secreto a petici¨®n de un juez. Se trata del informe de seguridad en vuelo elaborado por el Ej¨¦rcito del Aire a ra¨ªz del accidente que sufri¨® un caza F-5 en la base de Talavera la Real (Badajoz), el 2 de noviembre de 2012. El Tribunal Militar Territorial Primero ha rechazado el recurso del abogado del Estado, quien se opuso a la desclasificaci¨®n, por lo que la demanda llegar¨¢ a la mesa del Consejo de Ministros con el aval del ¨®rgano judicial castrense. Y le resultar¨¢ muy dif¨ªcil negarse, a la vista de que el auto considera la desclasificaci¨®n ¡°pertinente, relevante, necesaria y posible¡±.

En el siniestro perdi¨® la vida el comandante ?ngel ?lvarez Raigada y result¨® gravemente herido el alf¨¦rez Sergio Santamar¨ªa. Desde hace m¨¢s de dos a?os, la titular del Juzgado Togado Militar Territorial n¨²mero 12, Patricia Moncada, investiga si hubo negligencia, ya que el avi¨®n vol¨® durante 18 minutos tras declarar emergencia y se estrell¨® al intentar aterrizar, sin que los dos ocupantes saltaran en paraca¨ªdas, como hubiera sido l¨®gico ante la gravedad de la aver¨ªa sufrida por el F-5.

Despu¨¦s de que el nuevo coronel de la base de Talavera declarase a los medios, el pasado 10 de julio, que el informe de seguridad en vuelo descartaba cualquier negligencia, el abogado del alf¨¦rez lo reclam¨®, pero el Estado Mayor del Ej¨¦rcito del Aire se neg¨® a entregarlo, alegando que estos informes est¨¢n clasificados como secretos por un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986.

El ¨®rgano judicial castrense rechaza el recurso del Abogado del Estado

Alega que la entrega es? "pertinente, relevante, necesaria y posible"

La juez inici¨® los tr¨¢mites para pedir su desclasificaci¨®n, pero el abogado del Estado, con el apoyo del fiscal militar, se opuso alegando que el objetivo del informe de seguridad en vuelo es evitar nuevos accidentes y que quienes colaboraron en su elaboraci¨®n lo hicieron en el convencimiento de que del mismo ¡°no se derivar¨ªa ninguna responsabilidad, por hechos propios o ajenos¡± y que facilitarlo a la justicia vulnerar¨ªa ¡°el principio de buena fe¡±.

Sus argumentos han sido rechazados de plano por el tribunal, que recuerda que el ¨²nico informe de que dispone la juez, el de la comisi¨®n t¨¦cnica de investigaci¨®n de accidentes (CITAAM), no descarta la negligencia y que este asunto ¡°tiene directa relaci¨®n¡± con el objeto del proceso judicial. El tribunal se remite a la sentencia de la Sala de Conflictos de Jurisdicci¨®n del Supremo de 1995, sobre los llamados papeles del Cesid sobre los GAL, y recuerda que existe un precedente, pues el Consejo de Ministros acord¨® entregar al juez el informe de seguridad en vuelo del accidente de un helic¨®ptero Cougar en Afganist¨¢n en agosto de 2005, sin que entonces se opusiera el abogado del Estado, a pesar de que se trataba de una operaci¨®n real en una zona de conflicto y no de un vuelo rutinario de instrucci¨®n.

El auto se?ala a la juez el camino a seguir: elevar una exposici¨®n razonada al Consejo de Ministros. Y advierte de que la desclasificaci¨®n deber¨¢ salvaguardar, en su caso, los datos que pudiesen perjudicar a la seguridad en vuelo o no ser ¨²tiles para el proceso. Adem¨¢s, la juez deber¨¢ verificar su contenido y dar al informe ¡°la mayor protecci¨®n y reserva procesal que legalmente fuese posible¡±.