El CGPJ rechaza las declaraciones del Gobierno sobre la Audiencia Nacional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calific¨® este martes de "exceso no justificado" las declaraciones de distintos miembros del Gobierno sobre la excarcelaci¨®n de los etarras Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, y Alberto Plazaola. Sin embargo, el ¨®rgano de gobierno de los jueces rechaz¨® la petici¨®n de amparo formulada de los jueces de la Secci¨®n Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que excarcelaron a los terroristas frente a lo que ¨¦stos consideran ataques por parte de varios miembros del Ejecutivo.

Al mismo tiempo que rechaza las declaraciones de miembros del Gobierno y del Congreso, la Comisi¨®n Permanente del CGPJ desestima por tres votos contra dos la petici¨®n de amparo planteada por los magistrados de la Secci¨®n Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Manuela Fern¨¢ndez Prado, Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro y Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel. Seis vocales del sector progresista del ¨®rgano de gobierno de los jueces exig¨ªan a sus compa?eros de la permanente que pongan fin "a las injerencias por parte del poder ejecutivo que perturban la independencia" de los magistrados. Los vocales del Consejo piden al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes que "se pronuncie p¨²blicamente" y d¨¦ respuesta a los interesados.

El acuerdo aprobado se?ala que el Reglamento de la Carrera Judicial establece como requisito para admitir las peticiones de amparo que las actuaciones denunciadas no solo lesionen el valor de la independencia judicial, sino que, adem¨¢s, influyan en los procesos de toma de decisi¨®n. La Comisi¨®n Permanente considera que la independencia como no se puso en entredicho porque las cr¨ªticas llegaron cuando la medida de excarcelar a los etarras ya hab¨ªa sido tomada, por lo que el amparo pretendido no puede ser admitido a tr¨¢mite.

El texto del acuerdo, sin embargo, estima que algunas de las declaraciones p¨²blicas realizadas por responsables pol¨ªticos rese?adas en el escrito de solicitud de amparo ¡°carecen de una justificaci¨®n m¨ªnimamente razonable y son un exceso no justificado de cr¨ªtica de las decisiones judiciales que no solo comprometen el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, adem¨¢s, transmiten a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separaci¨®n de poderes, que ha de considerarse un principio constitutivo de nuestro sistema pol¨ªtico y de convivencia¡±.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Juan Manuel Fern¨¢ndez y Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n. Los vocales ?lvaro Cuesta y Mar Cabrejas, favorables a la admisi¨®n a tr¨¢mite de la petici¨®n de amparo, han votado en contra.

Los tres jueces solicitantes acusan en su escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa; al ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender perturbar su "independencia, hacen esta petici¨®n despu¨¦s de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, recordase a los magistrados del alto tribunal que la v¨ªa adecuada es la petici¨®n de amparo.

En su escrito dirigido al ¨®rgano de gobierno de los jueces los magistrados de la Audiencia recuerdan que "un l¨ªmite a la libertad de expresi¨®n es la imputaci¨®n gratuita de actos delictivos".

En este contexto, apuntan que "sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisi¨®n de un delito de prevaricaci¨®n".

"Cuando la imputaci¨®n se realiza desde el Gobierno o por un portavoz autorizado en el Parlamento se puede estar cuestionando la propia de separaci¨®n de poderes que se establece en garant¨ªa de la independencia judicial", se?alan los firmantes antes de a?adir que este principio se adopt¨® para que jueces y tribunales no fueran "inquietados ni perturbados por las indicaciones y presiones de los otros poderes del Estado".

En este sentido, trasladan "respetuosamente" al Consejo que las "reiteradas imputaciones, que proceden de autoridades de las instituciones del Estado", perturban su "independencia, necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado atendiendo exclusivamente a la Constituci¨®n y la ley".

Del mismo modo, apuntan que "la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de la justicia es una de las bases esenciales del Estado de Derecho", tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "de manera reiterada" al abordar los l¨ªmites a la libertad de expresi¨®n. "De ah¨ª que la informaci¨®n y la emisi¨®n de opiniones sobre las decisiones de jueces y tribunales no deban de minar gratuitamente esa confianza", agregan.

Adem¨¢s de las "manifestaciones cr¨ªticas" de los dirigentes pol¨ªticos, los integrantes de la Secci¨®n Primera critican "el eco medi¨¢tico de opiniones en prensa, televisi¨®n y radio" que les se?alaron como "jueces injustos y prevaricadores" junto a la imagen de sus personas.

S¨¢enz de Santamar¨ªa, Fern¨¢ndez D¨ªas y Hernando

El escrito recupera las declaraciones que S¨¢enz de Santamar¨ªa realiz¨® el pasado 5 de diciembre, en las que aseguraba que "la ley es muy clara y el criterio de la Secci¨®n Primera no cabe en esta ley". "Queremos dec¨ªrselo tambi¨¦n a las v¨ªctimas: esto no se puede hacer como lo ha hecho la Secci¨®n Primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro", asegur¨®.

Fern¨¢ndez D¨ªaz, por su parte, se?al¨® en una entrevista el 7 de enero que la decisi¨®n judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, tambi¨¦n jur¨ªdicamente". "Conforme a la ley, no pod¨ªan haber tomado una decisi¨®n como esta. Alguien puede pensar que esa decisi¨®n se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicaci¨®n de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisi¨®n", a?adi¨®.

Adem¨¢s, Hernando calific¨® de "injustas" estas resoluciones judiciales y afirm¨®: "No se entiende que en la Audiencia Nacional haya una secci¨®n que est¨¢ a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas.