El fiscal indaga v¨ªnculos delictivos del Gobierno de Tom¨¢s G¨®mez

La Comisar¨ªa General de la Polic¨ªa Judicial ha pedido ayuda a diversos organismos del Estado para desenmara?ar la posible relaci¨®n entre los miembros de dos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Parla (Madrid) y el encarecimiento en 41 millones de las obras del tranv¨ªa de esta ciudad de 125.000 habitantes. El fiscal lo apoya y habla ¡°de hecho criminoso¡±. El caso afecta directamente a Tom¨¢s G¨®mez, actual secretario general de los socialistas madrile?os y candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque era alcalde de Parla cuando se aprob¨® la primera modificaci¨®n.

Seg¨²n el informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso EL PA?S, es necesario ¡°determinar las relaciones tanto del tipo laboral y/o tributario que hubieran existido entre los integrantes de las Juntas de Gobierno que aprobaron las modificaciones y las empresas de la unidad concesionaria Tranv¨ªa de Parla, SA¡±.

En las citadas juntas de 2006 y 2009 ¡ªla primera cuando era alcalde el actual secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tom¨¢s G¨®mez¡ª se aprobaron modificaciones, sin concurso, en el proyecto viario inicial, que elevaron el montante de la obra de 108 a 149 millones, si bien el coste final, incluyendo intereses, alcanza ya los 256 millones.

A ra¨ªz del sobrecoste conocido, la fiscal¨ªa comenz¨® una investigaci¨®n en marzo pasado. De hecho, el actual Ayuntamiento, encabezado por la socialista Beatriz Arceredillo, que hered¨® un d¨¦ficit de 343 millones y una deuda de m¨¢s de 2.900 euros por habitante, est¨¢ en quiebra t¨¦cnica. Entre diciembre y enero, por ejemplo, una brutal huelga de basuras cubri¨® de residuos las calles de la ciudad. Las arcas municipales son incapaces de afrontar las reclamaciones de las m¨²ltiples contratas locales. Estas no cobran y los empleados dejan de trabajar. Casi todos los servicios de Parla fueron privatizados por Tom¨¢s G¨®mez y su sucesor, Jos¨¦ Mar¨ªa Fraile, imputado tambi¨¦n en la llamada Operaci¨®n P¨²nica, una trama de compra de pol¨ªticos.

En la ¨²ltima documentaci¨®n remitida a los tribunales, los expertos policiales piden investigar a casi todos los concejales y tres t¨¦cnicos, excepto al entonces alcalde, Tom¨¢s G¨®mez, porque a finales de 2006 se ausent¨® de la Junta de Gobierno en la que aprob¨® un ¡°importe adicional total¡± al proyecto inicial de unos 25 millones. G¨®mez justifica su ausencia porque la Junta se celebr¨® en ¡°¨¦poca navide?a¡± y acudi¨® a un colegio ¡°posiblemente a cantar villancicos¡±.

En concreto, la Polic¨ªa Judicial pide la colaboraci¨®n de la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria y de la Intervenci¨®n General del Estado, ya que necesita inspeccionar a dos bufetes de abogados y 12 empresas, entre las que hay promotoras, constructoras, consultoras y especializadas en inform¨¢tica.

Por su parte, la Fiscal¨ªa de ?rea Getafe Legan¨¦s, la misma que dio inicio al proceso, habla de posibles delitos de ¡°prevaricaci¨®n¡± y ¡°malversaci¨®n de caudales p¨²blicos¡±. Adem¨¢s, sostiene que las pesquisas ¡°son pertinentes y ¨²tiles a los fines de la instrucci¨®n¡±. Wilfredo Jurado, uno de los exconcejales de G¨®mez y actual asesor jur¨ªdico del PSM, pidi¨® el pasado 13 de enero el ¡°sobreseimiento¡± de la causa. Los socialistas mantienen, tras conocer el informe policial, que las afirmaciones de los expertos de la UDEF son ¡°falsas y tendenciosas¡±. Sin embargo, el fiscal cree que ¡°no procede¡± esta reclamaci¨®n debido a que ¡°se est¨¢n practicando diligencias indispensables para esclarecer el hecho criminoso¡±.

El informe policial se ha redactado a petici¨®n de la responsable del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Parla, Mar¨ªa del Pilar P¨¦rez Mart¨ªn, que quiere determinar si ¡°efectivamente se ejecutaron las obras que se aprobaron¡± y ¡°qui¨¦nes eran las personas que formaban parte¡± de la concesionaria (creada en su origen por Acciona, FCC Construcci¨®n, Detren Compa?¨ªa General de Servicios Ferroviarios y Caja Castilla-La Mancha Corporaci¨®n).

La UDEF solicita que la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social ¡°facilite toda la informaci¨®n obrante en sus bases de datos¡± sobre las personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas investigadas. Tambi¨¦n anima a la Agencia Estatal de la Administraci¨®n Tributaria para que entregue los ficheros de sus bases de datos desde el 2005 hasta el pasado diciembre. Estos dos organismos deber¨¢n facilitar la documentaci¨®n hallada a la Brigada de Investigaci¨®n de Blanqueo de Capitales y Anticorrupci¨®n.

La UDEF tambi¨¦n pide a la Intervenci¨®n General del Estado que designe a funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado ¡°en calidad de auxilio judicial¡±. Reclama su ayuda con el fin de aportar ¡°los conocimientos propios de su especialidad al objeto de poder determinar las posibles irregularidades cometidas¡±.

G¨®mez siempre ha mantenido que la modificaci¨®n fue dise?ada y aprobada por el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, del PP. Pero el informe policial ni lo menciona.