Imputados excargos de Hacienda por amnistiar evasores de la ¡®lista Falciani¡¯

En plena eclosi¨®n de nombres de la lista Falciani, obtenida por el diario franc¨¦s Le Monde y repartida a varios medios internacionales, la justicia espa?ola ha puesto en cuesti¨®n el uso que el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero (PSOE) hizo de ese repertorio de presuntos defraudadores con cuentas opacas en el HSBC de Ginebra. La Audiencia de Madrid ha ordenado investigar la supuesta amnist¨ªa de evasores que la Agencia Tributaria (AEAT) puso en marcha en mayo de 2010 y que permiti¨® a cientos de ellos evitar condenas de hasta seis a?os de c¨¢rcel al permitirles regularizar su situaci¨®n. Los magistrados dan la raz¨®n al Sindicato de T¨¦cnicos de Hacienda (Gestha) y obligan al Juzgado de Instrucci¨®n 37 de Madrid a que prosiga el proceso contra Mar¨ªa Dolores Bustamante, exdirectora de Gesti¨®n Tributaria, y Carlos Cervantes, exdirector de Inspecci¨®n, a los que ese colectivo acusaba de prevaricaci¨®n. El tribunal archiva el caso respecto al exdirector de la AEAT Juan Manuel L¨®pez Carbajo, que dirigi¨® todo el proceso.

Al recibirse los 659 nombres de grandes defraudadores de la primera lista Falciani ¡ªfacilitada por el inform¨¢tico francoitaliano a las autoridades francesas¡ª, Hacienda no abri¨® autom¨¢ticamente un proceso de inspecci¨®n, lo habitual cuando existe cualquier indicio de fraude. En su lugar, la agencia decidi¨® entregar en mano a 558 de esos evasores (el resto de los casos hab¨ªan prescrito) un requerimiento en el que se les informaba del descubrimiento de sus cuentas en Suiza y se les invitaba a presentar las correspondientes declaraciones complementarias para tributar por los fondos que manten¨ªan ocultos en el HSBC de Ginebra. El requerimiento, les daba un plazo de 10 d¨ªas para responder y les advert¨ªa de que, de no hacerlo, se abrir¨ªa contra ellos un procedimiento de inspecci¨®n.

Esa decisi¨®n pol¨ªtica, la de no abrir inspecci¨®n, supuso en la pr¨¢ctica una segunda oportunidad para gran parte de estos evasores, sospechosos de haber cometido delitos fiscales (al superar lo defraudado por ellos los 120.000 euros). Gracias al aviso de Hacienda, fueron autom¨¢ticamente absueltos tras abonar las cuotas y evitaron as¨ª penas de prisi¨®n. Tras recibir el requerimiento, 306 de los 558 destinatarios presentaron declaraciones complementarias que Hacienda consider¨® ¡°espont¨¢neas¡±, lo que les libr¨® autom¨¢ticamente de la c¨¢rcel. De ese modo, la AEAT recaud¨® 260 millones de euros, de los cuales 200 fueron abonados por la familia Bot¨ªn, con varios de sus miembros en la lista.

Hacienda justific¨® su decisi¨®n por las dudas sobre la validez de la lista y la posibilidad de que los jueces consideraran que ten¨ªa un origen il¨ªcito al haber sido sustra¨ªda del HSBC. Otra de las razones que dio fue la necesidad de interrumpir la prescripci¨®n de las deudas, algo que tambi¨¦n podr¨ªa haberse conseguido abri¨¦ndoles inspecci¨®n.

Sin embargo, los colectivos de inspectores y t¨¦cnicos de Hacienda montaron en c¨®lera al considerar esta pol¨ªtica una ¡°amnist¨ªa fiscal encubierta¡±. El sindicato mayoritario de estos ¨²ltimos, Gestha, puso una querella contra el director de la agencia ¡ªJuan Manuel L¨®pez Carbajo¡ª y los directores de Inspecci¨®n y Gesti¨®n. Estos dos ¨²ltimos ¡ªCarlos Cervantes y Dolores Bustamante¡ª fueron los que indicaron a todos los delegados regionales de la AEAT el procedimiento a seguir con los evasores de la lista Falciani en un correo electr¨®nico enviado a todos ellos el 26 de junio de 2010. Seg¨²n mantuvo el sindicato en su querella, esos directivos trataron de ¡°dejar impunes¡± los presuntos delitos contra la Hacienda P¨²blica que esos defraudadores hubieran podido cometer.

La querella, sin embargo, fue archivada de plano por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 37 de Madrid al considerar que, para poder apreciar el delito de prevaricaci¨®n, deb¨ªa existir una ¡°resoluci¨®n administrativa¡±, y la comunicaci¨®n enviada por Cervantes y Bustamante a los delegados regionales de la agencia, seg¨²n el juez, no lo era. Gestha recurri¨® esa decisi¨®n ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados de la secci¨®n primera de ese tribunal rechazan ahora la argumentaci¨®n del juez y ordenan reabrir el caso. Afirman que ese correo electr¨®nico es ¡°un acto administrativo que supone una declaraci¨®n de voluntad de contenido decisorio y que afecta a los derechos de los administrados o a la colectividad en general¡±, por lo que s¨ª podr¨ªa servir de base para un supuesto delito de prevaricaci¨®n. El tribunal excluye al exdirector general de la agencia, Juan Manuel L¨®pez Carbajo porque considera que, a pesar de haber sido el superior com¨²n de Cervantes y Bustamante, no existen pruebas contra ¨¦l. Pero podr¨ªa volver a ser imputado si surgen pruebas contra ¨¦l durante la investigaci¨®n que se va a iniciar.

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