El fiscal pide la repetici¨®n del juicio por el asedio al Parlamento catal¨¢n

El ministerio p¨²blico ha pedido este mi¨¦rcoles al Tribunal Supremo que ordene repetir el juicio que acab¨® en la absoluci¨®n de 19 de los 20 acusados de un delito contra las instituciones del Estado por el asedio al Parlamento catal¨¢n en 2011, una conducta que el acusador p¨²blico ha calificado de muy grave.

Mientras que las defensas han solicitado que se confirmen las absoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, los abogados del Parlament y de la Generalitat de Catalu?a han pedido que, sin necesidad de repetir el juicio, se anule la sentencia y se cambie el veredicto.

El Supremo ha celebrado esta ma?ana la vista p¨²blica sobre los recursos que la fiscal¨ªa, la Generalitat y el Parlament de Catalu?a presentaron contra las citadas absoluciones.

El fiscal Salvador Viada ha sostenido que los magistrados volcaron en la sentencia "su ideolog¨ªa" y convirtieron el derecho de manifestaci¨®n en algo absoluto. Cerca de un millar de personas ocuparon los accesos al Parlament catal¨¢n el 15 de junio de 2011 para intentar evitar que se celebrase la votaci¨®n de los Presupuestos auton¨®micos, que inclu¨ªan duros recortes sociales. La manifestaci¨®n, en medio de una gran tensi¨®n, oblig¨® al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a acceder al recinto de la C¨¢mara en helic¨®ptero.

Seg¨²n la fiscal¨ªa, aquello no fue una manifestaci¨®n, sino una agresi¨®n al pueblo catal¨¢n y a sus representantes planeada para que evitar la entrada en el Parlamento de los diputados, un hecho que ha calificado de muy grave. La sentencia, ha insistido, adolece de una "politizaci¨®n extrema". En el juicio celebrado el a?o pasado en la Audiencia Nacional pidi¨® cinco a?os de c¨¢rcel para los procesados.

En su fallo, el tribunal exculp¨® a todos los procesados por delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociaci¨®n il¨ªcita. Solo atribuy¨® una falta a un manifestante que pint¨® una cruz en la espalda de la diputada del PSC Montserrat Tura. ¡°La democracia se sustenta en un debate p¨²blico aut¨¦ntico, en la cr¨ªtica a quienes detentan el poder¡±, argumentaba la sentencia. ¡°Las conductas estaban destinadas a reivindicar los derechos sociales y los servicios p¨²blicos frente a los recortes presupuestarios y a expresar el divorcio entre representantes y representados¡±, a?ad¨ªa.

A la observaci¨®n de que la sentencia tuvo una naturaleza ideol¨®gica, en opini¨®n del ministerio p¨²blico, las defensas han respondido que solo los diputados de CiU y PP consideraron que hab¨ªa habido delitos. En ese sentido, han insistido en que la clave del fallo radica en que no se ha probado que hubiera agresiones a ning¨²n diputado en la protesta, por lo que solamente cab¨ªa absolver a los procesados.

Los magistrados que firmaron la sentencia absolutoria, hecha p¨²blica en julio del a?o pasado, fueron Manuela Fern¨¢ndez de Prado y Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel, mientras que el presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, emiti¨® un voto particular.

Grande-Marlaska, en su voto particular, solicit¨® la condena para diez de los acusados por ¡°alterar el funcionamiento y dignidad del Parlament¡±, dado que habr¨ªan evitado que los diputados acudieran a la C¨¢mara ¡°o lo hicieran con la necesaria tranquilidad¡±.

Con las tesis de Marlaska se han mostrado de acuerdo los abogados del Parlament y de la Generalitat, quienes han considerado que, a diferencia de lo que pretende el fiscal, el juicio no debe repetirse, sino que la Audiencia Nacional debe dictar un fallo diferente sin necesidad de una nueva vista.

El fiscal ha pedido otro juicio porque defiende que la Audiencia Nacional debi¨® llevar a la vista a los diputados que fueron v¨ªctimas del acoso y no decidir que prestaran testimonio a trav¨¦s de una videoconferencia. Para las defensas, esa decisi¨®n s¨ª hubiera supuesto alterar indebidamente el funcionamiento del Parlament.