Madrid paga primas a jueces por medio de una empresa privada

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnol¨®gica Indra para que esta multinacional pague retribuciones peri¨®dicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones inform¨¢ticas que permitan agilizar la justicia madrile?a. En total, son 32 los juristas que han intervenido (muchos siguen haci¨¦ndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.

Paga Indra porque as¨ª lo establecen las bases del concurso p¨²blico que gan¨® esa empresa, seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa, pero la orden de esos pagos proviene de la Consejer¨ªa de Justicia de Madrid, a trav¨¦s de su filial 100 % p¨²blica ICM (Agencia Inform¨¢tica y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra est¨¢n siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operaci¨®n P¨²nica, ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez a trav¨¦s de Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red p¨²nica.

Este sistema estructurado y peri¨®dico de pagos a juristas (a raz¨®n de entre 400 y 600 euros al mes, en funci¨®n de la duraci¨®n de cada una de las tres fases de que se compone el proyecto tecnol¨®gico) fue ideado durante la etapa final del mandato de Esperanza Aguirre (en diciembre de 2011). No obstante, la segunda y la tercera fase (las m¨¢s importantes y mejor nutridas econ¨®micamente por el Gobierno regional) se est¨¢n consumando y ejecutando durante el Ejecutivo de Gonz¨¢lez.

En la pr¨¢ctica, la inmensa mayor¨ªa de las empresas privadas contratan a t¨¦cnicos inform¨¢ticos para que introduzcan y ense?en a sus trabajadores, con obligaci¨®n de asistencia, las nuevas tecnolog¨ªas, pero normalmente no se retribuye a los trabajadores por esa formaci¨®n. En este caso, los jueces exigieron cobrar por su participaci¨®n y Justicia traslad¨® a Indra los pagos.

Indra sostiene que pag¨® a los jueces que le indic¨® la Consejer¨ªa de Justicia

Todo surge cuando la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la denominada agenda digital, impone la obligaci¨®n de introducir en los juzgados y tribunales mejoras inform¨¢ticas para reducir las esperas de la justicia y hacerla m¨¢s ¨¢gil interconectando los juzgados y las fiscal¨ªas en el marco de sus respectivas jurisdicciones (Civil, Penal, Menores, Incapacidades...). Para construir las nuevas herramientas inform¨¢ticas, Indra necesitaba la colaboraci¨®n de los usuarios (los juristas) con el fin de conocer sus necesidades e implementarlas mediante la adecuada aplicaci¨®n inform¨¢tica. Pero los jueces se negaron ante Justicia a colaborar si no se les daba una compensaci¨®n econ¨®mica por asistir a las reuniones con los t¨¦cnicos de Indra. Y as¨ª lo expuso en distintas reuniones, en nombre de ellos, el presidente del TSJ de Madrid. Fue entonces cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid pact¨® que fuese Indra ¡ªcomo adjudicatario del proyecto inform¨¢tico, que empez¨® a finales de 2011 y cuya tercera fase est¨¢ previsto concluya en 2017¡ª la que pagase a los juristas. Las tres fases para acometer este proyecto tecnol¨®gico se las ha adjudicado Indra, en concurso abierto. Al ¨²ltimo concurso, el ahora en marcha, solo concurri¨® Indra.

En los sucesivos pliegos de contratos para la ejecuci¨®n y desarrollo de las aplicaciones se recoge que los usuarios del cliente, la Consejer¨ªa de Justicia, a trav¨¦s de ICM, deben colaborar con el desarrollo de la aplicaci¨®n y ¡°revisar y validar¡± finalmente el proyecto, pero no se especifican remuneraciones concretas a nadie. Indra ha pagado a estos colaboradores del dinero de las contratas (las tres fases han sido adjudicadas en 6.011.441,42 euros).

Distintas fuentes judiciales han mostrado su sorpresa a EL PA?S por que se est¨¦n dando retribuciones a jueces y fiscales por colaborar en la construcci¨®n de sus propias herramientas inform¨¢ticas. ¡°No s¨¦ si ser¨¢ legal, pero desde luego parece poco est¨¦tico¡±, afirma un magistrado. Les llama la atenci¨®n que estos pagos ¡°no los haga directamente, en su caso, la Consejer¨ªa de Justicia a trav¨¦s de ICM y se los trasladen a Indra por la puerta de atr¨¢s¡±. Indra es una empresa con capital muy mayoritariamente privado, y factura anualmente a la Comunidad unos 12 millones de euros.

Fuentes de la multinacional admiten los pagos, que se efect¨²an directamente en las cuentas de los jueces, fiscales y secretarios tras practicarse las oportunas deducciones fiscales. Estas fuentes a?aden: ¡°Indra ha pagado a los jueces que [Justicia] nos han dicho que pag¨¢semos y las cantidades que nos han comentado que demos a cada uno¡±. Indra reconoce que necesita a los juristas para acometer el proyecto inform¨¢tico.

Y que, logrando que colaboren, la firma no solo ¡°ahorra tiempo¡± en la ejecuci¨®n y le sale m¨¢s ¡°rentable¡±. Adem¨¢s, a?ade que el asesoramiento resultaba imprescindible porque la herramienta es para ellos y, a la postre, son los que deben ¡°validar¡± o no el resultado. Los trabajos de la tercera fase del proyecto inform¨¢tico para agilizar la justicia est¨¢n centrados ahora en la jurisdicci¨®n penal: ya se ha hecho en la civil y en parte de la fiscal¨ªa. Y los pagos contin¨²an.

Justicia dice que hay que compensar el "esfuerzo" de los juristas

Fuentes judiciales tambi¨¦n se muestran sorprendidas por que la Comunidad pague a jueces a trav¨¦s de una empresa privada como Indra y, en su caso, no lo haga a trav¨¦s de su organismo p¨²blico ICM, ¡°ya que un juez nunca debe percibir retribuci¨®n alguna de una empresa privada¡±. Indra tambi¨¦n ha desarrollado aplicaciones inform¨¢ticas para la Consejer¨ªa de Educaci¨®n, pero en este caso no se ha pagado a ning¨²n profesor o maestro ni personal docente por su colaboraci¨®n, reconocen fuentes del Gobierno regional.

Fue la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid, que preside Francisco Vieira (uno de los al menos nueve magistrados que est¨¢n percibiendo dinero por el asesoramiento a Indra), la que nombr¨® oficialmente, el 20 de diciembre de 2011, a los grupos de jueces que intervienen en el proyecto, denominado Iusmadrid. Vieira admiti¨® el pasado mi¨¦rcoles a EL PA?S su convicci¨®n de que los participantes en el proyecto deb¨ªan cobrar. Y lo explic¨® as¨ª: ¡°Hacer eso no forma parte de nuestras funciones y se debe retribuir de alguna forma¡±. Las cantidades abonadas (este peri¨®dico ha tenido acceso a los datos del periodo 2012/2014, que se muestran en el gr¨¢fico) oscilan entre 3.000 y 9.000 euros. Y los pagos contin¨²an todav¨ªa para gran parte de ellos. Juristas de esa lista consultados por este peri¨®dico se?alan que han declarado tales ingresos a Hacienda y que Indra, por su parte, efect¨²a las correspondientes deducciones. A?aden que se trata de una retribuci¨®n legal y compatible con la actividad de jueces y fiscales.

Las empresas privadas no pagan a sus trabajadores por formarse

Seg¨²n la ley, la funci¨®n de juez es incompatible ¡°con todo empleo, cargo o profesi¨®n retribuida, salvo la docencia o investigaci¨®n jur¨ªdica, as¨ª como la producci¨®n y creaci¨®n literaria, art¨ªstica, cient¨ªfica y t¨¦cnica, y las publicaciones derivadas de aquella¡±. ¡°Indra necesita de nosotros para hacer la aplicaci¨®n, nosotros tenemos que explicarles nuestras necesidades para agilizar los tr¨¢mites y ellos ejecutarlas¡±, se?ala un jurista de la lista, quien explica que, como los dem¨¢s, ha asistido a numerosas reuniones para asesorar en la implementaci¨®n del sistema. ¡°Es un trabajo que realizamos por las tardes, varias por semana, al margen de nuestros asuntos y sin estar liberados para ello¡±, apostillan. Fuentes del Consejo del Poder Judicial evitaron ayer pronunciarse hasta tener m¨¢s detalles de las retribuciones. La Comunidad defiende los pagos por parte de Indra, como adjudicataria de los concursos, porque fue Justicia la que exigi¨® que los proyectos fuesen ¡°revisados y validados¡± por los jueces, con el ¡°consiguiente esfuerzo y tiempo¡± que les supon¨ªa.

Las relaciones comerciales entre Indra y el ICM est¨¢n siendo investigadas en la Operaci¨®n P¨²nica a ra¨ªz, entre otras irregularidades, de un pago de 10.000 euros que supuestamente hizo Indra a un inform¨¢tico, Alejandro de Pedro, implicado en la trama, por mejorar en Internet la imagen del consejero Salvador Victoria y del presidente Ignacio Gonz¨¢lez. As¨ª lo ha declarado al juez el exgerente de ICM Jos¨¦ Mart¨ªnez Nicol¨¢s, quien se?al¨® que su jefe, Victoria, le orden¨® que pidiese a Indra ese dinero para pagar al imputado De Pedro.

investigacion@elpais.es