El fiscal pide mantener la condena al exconseller valenciano Rafael Blasco
El Supremo deja visto para sentencia el recurso contra el caso Cooperaci¨®n
El Tribunal Supremo ha dejado hoy visto para sentencia el recurso contra el fallo que conden¨® a ocho a?os de c¨¢rcel y 20 de inhabilitaci¨®n al exconsejero valenciano Rafael Blasco por desviar ayudas destinadas a la cooperaci¨®n. La fiscal¨ªa se ha opuesto a la nulidad de la sentencia que ped¨ªa la defensa de Blasco, para quien el recurso ante el Supremo es la ¨²ltima opci¨®n para eludir la c¨¢rcel. El tribunal resolver¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas y, si confirma la condena, el exconseller y exportavoz del PP en las Cortes valencianas tendr¨¢ que ingresar en prisi¨®n.
En la vista han estado presentes los abogados de los nueve condenados en la primera pieza separada del llamado caso Cooperaci¨®n: adem¨¢s de Blasco, otros cinco ex altos cargos de la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa y tres miembros de una fundaci¨®n. Todos apelaron al Supremo solicitando la anulaci¨®n del fallo.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Generalitat pidieron que se elevaran las penas, aunque en el caso del exconseller, el fiscal ha mostrado su conformidad con la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que consider¨® a Blasco cabecilla de una trama integrada por varios cargos p¨²blicos a los que ¨¦l hab¨ªa nombrado en la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa, que desvi¨® ayudas al desarrollo de la Generalitat destinadas a proyectos en Nicaragua. Seg¨²n la sentencia, de los 1,8 millones de ayudas gastadas, solo el 3% (43.000 euros) se destinaron al programa de ayudas para el que se concedieron. Con el resto del dinero se adquirieron varios inmuebles.
La fiscal¨ªa s¨ª ha pedido un incremento de condenas para otros tres ex altos cargos de la Generalitat: para el que fuera director general de Cooperaci¨®n al Desarrollo, Josep Maria Felip, al que el TSJV conden¨® a siete a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n, el fiscal pide a?adir el delito de malversaci¨®n; para el subsecretario de la Conseller¨ªa de Inmigraci¨®n y Ciudadan¨ªa, Alexandre Catal¨¢, al que el tribunal valenciano impuso una condena de cuatro a?os y medio por prevaricaci¨®n y falsedad documental, el fiscal solicita que se le condene tambi¨¦n por malversaci¨®n; y en el caso del que fuera jefe de ¨¢rea de Cooperaci¨®n al Desarrollo, Marc Llinares, el Ministerio P¨²blico pide anular la condena de cuatro a?os y medio por prevaricaci¨®n y falsedad? y condenarle por malversaci¨®n.
El fiscal, ?lvaro Redondo, ha se?alado en su informe final que existen ¡°innumerables pruebas¡± para condenar a los acusados y ha rebatido el argumento de las defensas de que el tribunal que les conden¨® se viera influido por presiones pol¨ªticas o medi¨¢ticas.
En su recurso, Blasco aleg¨® que se violaron sus derechos como aforado (como miembro del Gobierno valenciano y diputado) al ser investigado por una juez ordinaria en lugar de por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. El conceller sostiene que fue grabado ilegalmente porque los pinchazos telef¨®nicos que oficialmente ten¨ªan como objetivo al empresario y codirector de la trama Augusto C¨¦sar Tauroni buscaban en realidad obtener pruebas contra ¨¦l. Adem¨¢s, Blasco alega que la Abogac¨ªa de la Generalitat actu¨® inicialmente como defensa y m¨¢s tarde como acusaci¨®n, tanto en el proceso penal como ante el Tribunal de Cuentas.
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