La contrarreloj del juez Ruz

El rechazo de la Agencia Tributaria a la petici¨®n del juez Ruz para que se determine la presunta y eventual cuota evadida por el Partido Popular respecto a las donaciones ilegales (cantidad superior a un mill¨®n de euros, seg¨²n los Papeles de B¨¢rcenas) recibidas en el ejercicio 2008, el ¨²nico no prescrito, tiene su miga. Hacienda viene a decir que el juez no le puede obligar a hacer el c¨¢lculo porque eso va contra sus principios.

Veamos.

El juez Ruz dict¨® una providencia el pasado jueves 26 de febrero en la cual daba un plazo de cinco d¨ªas para emitir un informe sobre la cuota presuntamente defraudada. Si supera los 120.000 euros en un a?o ser¨ªa delito fiscal.

Hacienda respondi¨® el martes pasado, d¨ªa 3 de marzo, con un escrito en el que el juez no puede condicionar su criterio t¨¦cnico ¡°oblig¨¢ndole a emitir una opini¨®n en la que aplique criterios t¨¦cnico-jur¨ªdicos contrarios a los ya expresados en informes anteriores realizados en el mismo proceso¡±.

Si al juez no le gustan esos informes, dicen ahora, puede ¡°prescindir¡± de ellos. Hacienda ¡°no est¨¢ en disposici¨®n de cumplimentar el informe en los t¨¦rminos solicitados¡±.

Bien.

?Qu¨¦ sacrilegio ha cometido Ruz? ?C¨®mo es que se ha atrevido a ¡°obligar¡± a hacer algo que es contrario a lo que opina Hacienda?

El juez ha osado mantener una posici¨®n disidente.

En sus informes aportados al juzgado Hacienda sosten¨ªa que los partidos pol¨ªticos est¨¢n exentos del pago del impuesto de sociedades. Y que "no se exige que las donaciones se hayan obtenido de acuerdo a la Ley". Por tanto, conclu¨ªa, los partidos no deber¨¢n pagar impuestos si tales ingresos se dedican a financiar su finalidad espec¨ªfica.

Ya los peritos de Hacienda hab¨ªan ratificado el 11 de febrero en sede judicial que las donaciones presuntamente ilegales canalizadas hacia el pago de obras de remodelaci¨®n de la sede de la madrile?a calle de G¨¦nova eran un fin conforme a su objeto social.

Ruz se?ala en su providencia que existen otros criterios en la causa que apuntan a la posible existencia de un delito fiscal en el impuesto de sociedades pagado por el PP en 2008.

El juez no pide a la Agencia Tributaria que renuncie a sus convicciones, por as¨ª decir; solo le dice: oiga, en el supuesto de que haya delito haga usted el c¨¢lculo de la cuota y d¨ªgamelo.

Porque no estamos en la fase de enjuiciamiento sino de instrucci¨®n. Ser¨¢ un tribunal, no el juez Ruz, el que en su d¨ªa considerar¨¢ la existencia o no de delito fiscal.

Precisamente, el juez en su providencia pide el nuevo informe ¡°sin perjuicio de lo ya informado al respecto en otros informes de Hacienda¡±. Se refiere a lo aportado el 25 de septiembre de 2013 y 17 de octubre de 2014.

Sigan ustedes pensando que no hay delito, pero digan en la hip¨®tesis de que pudiera haberlo, cu¨¢nto es lo defraudado. Este es el planteamiento de Ruz.

El juez ha pasado el rechazo de la Agencia Tributaria a informe del fiscal Antonio Romeral.

Ser¨ªa l¨®gico que una vez conocida su posici¨®n, el juez dicte un requerimiento a Hacienda para que realice la cuantificaci¨®n solicitada en un plazo razonable y advierta que en caso de incumplimiento tendr¨¢n que asumir su responsabilidad por desobediencia.

Todo esto nos remite a la contrarreloj del juez. Tiene que dictar el auto de apertura de juicio oral de la pieza G¨¹rtel 1999-2005 y preparar el auto de conclusi¨®n de los Papeles de B¨¢rcenas o Contabilidad B del PP, lo que supone hacer una valoraci¨®n de los sobresueldos abonados a los presidentes y secretarios generales del partido, las donaciones ilegales y los pagos en negro de las obras de reforma de la sede de la calle G¨¦nova. Todo esto en las pocas semanas que le quedan en el juzgado hasta el aterrizaje del nuevo juez, Jos¨¦ de la Mata, que se prev¨¦ para primeros de abril.

Por supuesto, quedan otras piezas de G¨¹rtel a medio camino.

Esta contrarreloj es el resultado de la decisi¨®n de la Comisi¨®n Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de incluir la plaza en el concurso cuando la comisi¨®n de servicios de Ruz pod¨ªa extenderse hasta el 24 de junio de 2015, de acuerdo a todos los preceptos legales, incluyendo el nuevo art¨ªculo 355 bis de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial vigente.

Deprisa y corriendo no se puede terminar bien un sumario. Y no digamos ya uno de la complejidad y amplitud del caso G¨¹rtel y los Papeles de B¨¢rcenas.

Por ello, si a la soluci¨®n impulsada por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, con el apoyo del ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, por la cual esto se debe acabar de una vez, se suman ahora actitudes como la de Hacienda, que rechazan la colaboraci¨®n con la justicia, el cuadro resultante ilustra el poco respeto realmente existente por la acci¨®n independiente de jueces y magistrados.