Los ciudadanos pagar¨¢n la nueva gesti¨®n del registro civil
El PP presenta enmiendas elaboradas por el colegio de registradores mercantiles El Gobierno asegur¨® que ser¨ªa gratuito
El Gobierno est¨¢ negociando con los registradores mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones por las que los ciudadanos deben pagar para compensarles por asumir la gesti¨®n del registro civil, seg¨²n un documento interno del Ministerio de Justicia. El Gobierno busca la forma de retribuirles de forma encubierta a trav¨¦s de enmiendas al proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ¨¢mbito de la Administraci¨®n de Justicia y del Registro Civil que se tramita en este momento en el Congreso.
El anterior Gobierno promovi¨® en 2011 un cambio legal que se aprob¨® en el Congreso por unanimidad para desjudicializar el registro civil. Dej¨® en el aire qu¨¦ funcionarios asumir¨ªan la gesti¨®n hasta que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, decidi¨® que ser¨ªan los registradores mercantiles los que asumieran esa funci¨®n a pesar de que no tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de no provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por el uso de este servicio que ahora es gratuito.
Sin embargo, los registradores mercantiles exigieron compensaciones que el actual titular de Justicia, Rafael Catal¨¢, busca c¨®mo satisfacer. Son funcionarios, pero sin salario p¨²blico, con ingresos que dependen de sus gestiones y, adem¨¢s, deben utilizar a m¨¢s personal para hacerse cargo de la gesti¨®n del registro civil. Por eso, las enmiendas que estudia Justicia y que presentar¨¢ el PP en los pr¨®ximos d¨ªas han sido negociadas con el Colegio de Registradores, y en los borradores se establecen nuevos cometidos que s¨ª costar¨¢n dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, se establece que los poderes y los registros de seguros deben ser inscritos, tr¨¢mite que hasta ahora no era necesario y por el que cobrar¨¢n los registradores.
Fuentes de Justicia admiten que esas peticiones est¨¢n incluidas en un ¡°documento interno de trabajo¡± que sirve de borrador de las enmiendas y en el que se habla abiertamente de mecanismos para que los ciudadanos paguen de forma encubierta esa gesti¨®n del registro civil. Estas fuentes aseguran que a¨²n no hay nada decidido.
El borrador de enmiendas negociado con los registradores, con membrete de la Subsecretar¨ªa del Ministerio de Justicia, contiene anotaciones como ¡°hay que meter la vecindad civil ya que puede ser una fuente de financiaci¨®n¡±; ¡°la inscripci¨®n de poderes de las personas f¨ªsicas y su revocaci¨®n es una posible fuente de financiaci¨®n de la que no se puede prescindir¡±; ¡°se considera fundamental la referencia a la constancia registral del domicilio registral y la direcci¨®n a efectos y notificaciones ya que es una posible fuente de financiaci¨®n y por consiguiente imprescindible para financiar el coste del registro civil¡± y ¡°el colegio considera fundamental la referencia al libro de familia, por entender que es una posible fuente de financiaci¨®n y como tal irrenunciable¡±.
Es decir, se establecen gestiones nuevas referentes, por ejemplo, a los libros de familia y a inscripciones no existentes para que puedan tener m¨¢s ingresos, a costa del ciudadano que debe realizar esas gestiones. Otro ejemplo: se obliga a inscribir el cese de los poderes notariales y el a?o pasado, seg¨²n datos oficiales, se firmaron casi un mill¨®n en toda Espa?a.
En una de las enmiendas se especifica que ¡°es fundamental¡± el art¨ªculo que ¡°da sanci¨®n legal a que reglamentariamente puedan devengarse honorarios para aquellos asuntos de car¨¢cter voluntario y que respondan al inter¨¦s particular del ciudadano (poderes, r¨¦gimen econ¨®mico, vencidad civil, expedici¨®n libro de familia, expedientes de cambio de nombre y apellidos de parejas de hecho). Es necesario buscar una fuente de financiaci¨®n¡±.
Para que quede claro, los registradores proponen a?adir entre las funciones del registro civil una m¨¢s indeterminada y abierta al futuro: ¡°Cualesquiera otros hechos o actos relativos a las personas f¨ªsicas previstos en las leyes¡±. Y a?aden una disposici¨®n final: ¡°Se habilita al ministro de Justicia para aprobar en el plazo de tres meses desde la publicaci¨®n de esta ley en el BOE, los aranceles correspondientes a la intervenci¨®n de los registradores de la propiedad y mercantiles respecto de los asuntos, actas, escrituras p¨²blicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta ley¡±. Con ambos preceptos queda abierto que puedan recibir m¨¢s ingresos en los pr¨®ximos a?os como compensaci¨®n.
Adem¨¢s, el Ministerio de Justicia ya ha dado pasos en los ¨²ltimos meses para lograr de forma discreta m¨¢s fuentes de ingresos para los registradores, coincidiendo con la asunci¨®n de los registros civiles. Por ejemplo, una instrucci¨®n publicada en el BOE el pasado 12 de febrero obliga a registrar las actas y libros contables de las empresas y un reglamento del registro mercantil con una disposici¨®n transitoria que establece nuevas reglas arancelarias.
Otro punto controvertido es que los registradores mercantiles (120 en toda Espa?a) tendr¨¢n en su poder la mayor base de datos de los ciudadanos que exista, porque incluye residencia, situaci¨®n familiar, propiedades, hipotecas, etc¨¦tera. Es decir, ser¨¢ la mayor base de datos unificada de Espa?a.
Los 120 registradores mercantiles, adem¨¢s, no tienen implantaci¨®n en toda Espa?a y, por tanto, el hecho de que ellos asuman la gesti¨®n del registro civil generar¨ªa tambi¨¦n problemas en algunos lugares.
El Grupo Parlamentario Socialista registr¨® el viernes la petici¨®n de comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso, "para informar de los planes del Gobierno para hacer exclusivos depositarios de la seguridad jur¨ªdica preventiva en Espa?a al cuerpo de Registradores, as¨ª como la forma en que tiene previsto financiar los servicios que cada nueva Ley les encomienda, garantizar el mantenimiento de la privacidad de datos muy sensibles incluidos en los diversos registros y compatibilizar dicha exclusividad con los derechos de los ciudadanos".
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