Hacienda apunta un delito fiscal del PP con el criterio que le impone Ruz
La Agencia Tributaria insiste en que las donaciones ilegales est¨¢n exentas El fraude suma 220.167 euros, seg¨²n el c¨¢lculo hecho por orden del juez
La Agencia Tributaria y Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, libran una batalla may¨²scula a cuenta de la posible imputaci¨®n del representante legal del Partido Popular por un delito fiscal consistente en el impago de impuestos por la presunta financiaci¨®n ilegal de este partido.
El ¨²ltimo cap¨ªtulo de la discordia lo firm¨® ayer la Agencia Tributaria al enviar ¡°por imperativo legal¡± un informe sobre el posible fraude fiscal del PP. El c¨¢lculo de la Agencia Tributaria, hecho siguiendo los criterios fijados por el juez, arroja una cuota impagada de 220.167 euros en 2008, muy por encima del l¨ªmite para el delito fiscal. El impago corresponde al Impuesto de Sociedades de las donaciones ilegales de ese a?o (1.055.000 euros, seg¨²n los papeles de B¨¢rcenas, el extesorero del PP), el ¨²nico a?o que no est¨¢ prescrito para la investigaci¨®n.
El Ministerio de Hacienda difundi¨® ayer un comunicado a modo de argumentario, basado en parte en el informe fiscal y con varias conclusiones de cosecha propia. Hacienda comparaba en ese escrito el impago de impuestos del PP por sus donaciones ilegales con el que pudieran hacer C¨¢ritas o Cruz Roja en caso de recibir ¡°dinero negro¡± dedicado a ¡°dar de comer a ni?os¡±. Ese documento del ministerio circul¨® entre los periodistas incluso antes de que el juez Ruz tuviera en su despacho la respuesta oficial de la Agencia Tributaria.
La jefa de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude (ONIF), Margarita Garc¨ªa-Valdecasas, dice que el texto se realiza ¡°para evitar posibles responsabilidades penales derivadas del incumplimiento¡± de la orden de Ruz y sostiene que su criterio es ¡°absolutamente contrario al utilizado en este caso por expreso mandato de la autoridad judicial¡±. Ese criterio de la Agencia Tributaria consiste en que las donaciones ilegales est¨¢n exentas de tributaci¨®n, sean legales o no, siempre que se apliquen a pagar actividades propias de los partidos pol¨ªticos, cosa que hizo el PP, seg¨²n Hacienda. Garc¨ªa-Valdecasas considera que el c¨¢lculo que se ha hecho para determinar el supuesto fraude fiscal del PP ¡°resulta irreal y contrario al principio de verdad material, y contrario al criterio sostenido de forma repetida por la Agencia Tributaria¡±.
Aunque las donaciones ilegales registradas en los papeles de B¨¢rcenas en 2008 sumaban 1.055.000 euros, el perito de la Agencia Tributaria s¨®lo hace su c¨¢lculo sobre 888.000 euros, que es la cantidad que el PP dedic¨® a las obras de reforma de su sede, en la calle de G¨¦nova, 13, y que pag¨® supuestamente con fondos opacos de su caja b. Aplicando el 25% del impuesto de sociedades a esa cantidad y sin incorporar ning¨²n gasto deducible, la cuota a pagar ¡ª220.167 euros¡ª est¨¢ muy por encima del delito fiscal ¡ªm¨¢s de 120.000 euros¡ª.
El juez Pablo Ruz, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y tres magistrados de la Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Nacional sostienen que las donaciones ilegales son un ingreso extraordinario del PP al no cumplir lo establecido en la Ley de Financiaci¨®n de Partidos. Por esa raz¨®n entienden que el PP deber¨ªa haber pagado el Impuesto de Sociedades correspondiente. Ruz, que dejar¨¢ el juzgado a mediados de abril, s¨®lo esperaba el c¨¢lculo de la Agencia Tributaria para atribuir una responsabilidad penal a quien era representante legal del PP en ese ejercicio de 2008, el entonces tesorero Luis B¨¢rcenas. La ley vigente cuando ocurrieron los hechos no recog¨ªa la posibilidad de atribuir la responsabilidad penal a los partidos pol¨ªticos.
El perito encargado de redactar el informe se ha permitido la licencia de elaborar otro c¨¢lculo ¡ªal margen del criterio fijado por el juez Pablo Ruz¡ª para determinar la cuota defraudada del PP. Para hacer ese segundo c¨¢lculo, el trabajador de la Agencia Tributaria tiene en cuenta los ingresos totales del PP en 2008 (83 millones de euros, incluyendo las donaciones ilegales) y los gastos totales de ese ejercicio (72 millones de euros).
Como las donaciones ilegales suponen un 1,08% de los ingresos totales del PP en 2008, el agente de la Agencia Tributaria aplica ese porcentaje a los gastos totales, lo que le da una cifra de 778.148 euros, que ser¨ªan deducibles en el Impuesto de Sociedades en la parte correspondiente a las donaciones ilegales.
Si el PP ingres¨® por esa v¨ªa 888.000 euros y se podr¨ªa deducir 778.148 euros, deber¨ªa abonar un 25% por la cantidad restante, lo que dar¨ªa una cuota ¨ªntegra a pagar de 25.630 euros, muy por debajo del delito fiscal.
Simulaci¨®n ordenada por el juez
Para calcular el supuesto fraude fiscal del PP por no pagar Impuesto de Sociedades en 2008, cuando recibi¨® 1.055.000 euros en donativos ilegales, el autor del informe de la Agencia Tributaria se fija tan s¨®lo en "la parte de la cantidad global dedicada al pago de las obras de reforma de su sede (888.000 euros)". Y aunque ese a?o, seg¨²n los papeles de B¨¢rcenas, el PP pag¨® 1,6 millones de euros de su caja b, no se contemplan como gastos deducibles porque no fueron declarados al Tribunal de Cuentas. Con esas dos premisas y a?adiendo una peque?a cantidad de plusval¨ªas por fondos de inversi¨®n (9.429 euros) la cantidad a pagar, seg¨²n el criterio fijado por el juez, ser¨ªa 220.167 euros.
Esta segunda simulaci¨®n, aclara el firmante del informe, no es la que encarg¨® el juez, pero la aporta al juzgado ¡°para consideraci¨®n del juez y de las partes presentes en el procedimiento¡±.
El mismo agente de la Agencia Tributaria firma otro informe donde intenta delimitar la responsabilidad penal y fiscal del PP en el pago de las obras de reforma de su sede con dinero de la caja b. Mientras que el arquitecto que dirigi¨® esos trabajos, Gonzalo Urquijo, est¨¢ imputado por varios delitos fiscales ¡ªimpago de IVA y del Impuesto de Sociedades¡ª, el PP se mantiene al margen de ese procedimiento. El agente de la Agencia Tributaria concluye que ¡°en el caso de que se determinara que el PP hubiera sido el causante o hubiera colaborado activamente en la realizaci¨®n de la infracci¨®n tributaria [del arquitecto] podr¨ªa aplic¨¢rsele el supuesto de responsabilidad solidaria sobre lo defraudado¡±.
El PSOE, que hab¨ªa amenazado con reprobar al ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, si la Agencia Tributaria se negaba a hacer el informe reclamado por Ruz, consider¨® ayer una ¡°desverg¨¹enza¡± la parte del documento que insiste en mantener que los partidos no tributan por las donaciones ilegales y denunci¨® el argumentario difundido por Hacienda para justificar que los ingresos opacos de los partidos no tributen. Ese documento, seg¨²n el PSOE, lo elabor¨® un asesor del ministro Montoro que es hermano del director de la Agencia Tributaria.
Simulaci¨®n alternativa
El firmante del informe de la Agencia Tributaria interpreta la legislaci¨®n tributaria vigente para hacer una simulaci¨®n alternativa a la que le pidi¨® el juez. Para calcular el fraude por impago del Impuesto de Sociedades de las donaciones ilegales, hace un retrato global de las cuentas del PP. Si el PP, viene a decir, ingres¨® 83 millones en 2008 por todos los conceptos, las donaciones ilegales supondr¨ªan un 1,08% del total. El PP gast¨® ese a?o 72 millones. Si fueran deducibles, la aplicaci¨®n del 1,08% a esa cantidad dar¨ªa 778.148 euros. Si se aplicase esa deducci¨®n a lo ingresado por donaciones ilegales, el resultado a pagar ser¨ªa 25.630 euros, por debajo del l¨ªmite fijado para el delito fiscal.
¡°El PP es el primer partido que comete fraude fiscal¡±, se?al¨® el portavoz socialista Antonio Hernando. ¡°?Con qu¨¦ cara va a decirle el ministro Montoro a los espa?oles en la campa?a de la renta que cumplan con sus obligaciones cuando el partido del Gobierno es el primero que defrauda?¡±.
El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, replic¨® que el informe de la Agencia Tributaria ratificaba que no hay delito fiscal y acus¨® de ¡°lenguaraz¡± al secretario general del PSOE, Pedro S¨¢nchez, cuando dud¨® de la profesionalidad de los funcionarios de la Agencia Tributaria.
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