Ruz abre juicio por la corrupci¨®n urban¨ªstica del ¡®caso Pretoria¡¯

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la apertura de juicio oral para 11 imputados por el caso Pretoria, la red de corrupci¨®n pol¨ªtica y urban¨ªstica destapada en municipios del ¨¢rea metropolitana de Barcelona en el a?o 2009. En un auto, resoluci¨®n razonada, emitido este mi¨¦rcoles, el magistrado impone fianzas por valor de 102,6 millones de euros a los procesados, entre ellos los ex altos cargos de CiU Maci¨¤ Alavedra y Llu¨ªs Prenafeta, para quienes el fiscal pide una pena de seis a?os y diez meses de prisi¨®n por tr¨¢fico de influencias y blanqueo de capitales.

La fianza m¨¢s alta, 30,1 millones, se impone al exdiputado auton¨®mico del PSC Luis Andr¨¦s Garc¨ªa, Luigi, considerado el cerebro de la trama corrupta, y para quien el fiscal reclama penas de ocho a?os de prisi¨®n por tres delitos de tr¨¢fico de influencia y blanqueo de capitales. El exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartolom¨¦ Mu?oz, deber¨¢ depositar 5,6 millones.

En el caso Pretoria se investigan, entre otros hechos, tres grandes pelotazos urban¨ªsticos con suelos p¨²blicos en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). El exdiputado auton¨®mico Garc¨ªa S¨¢ez medi¨® para comprar los terrenos municipales, obtener su recalificaci¨®n urban¨ªstica y venderlos posteriormente con un sobreprecio. Seg¨²n el fiscal, Alavedra obtuvo unas ganancias il¨ªcitas de 3,24 millones, y Prenafeta, de 5,83 millones. Por su parte, Luigi obtuvo con sus manejos irregulares 5,8 millones de euros y el exalcalde de Santa Coloma gan¨® 1,2 millones de euros, seg¨²n el fiscal.

El ministerio p¨²blico sostiene que Luigi, diputado auton¨®mico entre 1980 y 1988, desempe?¨® un ¡°papel fundamental¡± en la trama corrupta como ¡°conseguidor o facilitador e intermediario¡±. Seg¨²n el escrito, era ¡°notoria la relaci¨®n e influencia que ejerc¨ªa sobre los cargos p¨²blicos integrantes de los ¨®rganos decisorios de las adjudicaciones p¨²blicas¡±. Adem¨¢s, los empresarios daban como un ¡°hecho asumido¡± que ¡°para resultar adjudicatarios, deb¨ªan contar con la autorizaci¨®n mediata de Luis Andr¨¦s Garc¨ªa¡±.

Seg¨²n el fiscal, Luigi manten¨ªa con el que fue alcalde de Santa Coloma entre 1995 y 2009, Bartolom¨¦ Mu?oz, ¡°una relaci¨®n personal y profesional tan fluida e intensa que, de facto, era Luis Andr¨¦s Garc¨ªa quien dirig¨ªa y tomaba muchas de las decisiones urban¨ªsticas de este Ayuntamiento¡±. La relaci¨®n estrecha se ampliaba al entonces concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, quien, afirma el fiscal, ¡°contribuy¨® eficazmente, gracias a la presi¨®n que desde su posici¨®n de jerarqu¨ªa ejerci¨® sobre distintos t¨¦cnicos municipales intervinientes en la adjudicaci¨®n p¨²blica realizada en la llamada Operaci¨®n Pallaresa, a la comisi¨®n de las m¨²ltiples irregularidades administrativas¡±.

Sobre Prenafeta ¨Csecretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990- y Alavedra ¨Cconseller de Econom¨ªa desde 1990 hasta 1997-, el fiscal sostiene que desempe?aron ¡°un papel relevante en la actividad delictiva desplegada en los municipios de San Andr¨¦s de Llavaneras y Badalona¡±. El fiscal recuerda que ambos manten¨ªan ¡°una estrecha relaci¨®n personal¡± con el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y que ambos ¡°sabedores de la facilidad con la que se mov¨ªa Luis Andr¨¦s Garc¨ªa en estos municipios y del ascendiente e influencia que tambi¨¦n ellos ejerc¨ªan sobre determinados cargos p¨²blicos de Catalu?a¡±, se concertaron con ¨¦l para influir en los tiempos del desarrollo urban¨ªstico y las adjudicaciones de terrenos. Ello les permiti¨® ¡°recibir il¨ªcitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron las adjudicaciones en estos municipios¡±.

Prenafeta deber¨¢ consignar 18,3 millones; Alavedra, 13,7; Maria Lluisa Mas Crusells, esposa de Prenafeta, deber¨¢ depositar 12,6 millones. Las fianzas, que deber¨¢n depositarse en un plazo de 10 d¨ªas, cubren las posibles multas que solicitan las acusaciones incrementadas en un tercio. El auto designa a la Secci¨®n Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional como competente para enjuiciar estos hechos.