El juez investiga si est¨¢n infladas las facturas de Madrid con la red P¨²nica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga por qu¨¦ el Gobierno de Madrid, que tiene en n¨®mina decenas de periodistas, acudi¨® al imputado y conseguidor de la trama P¨²nica, Alejandro de Pedro Llorca, para que hiciese el seguimiento en Internet de las noticias relacionadas con algunos de sus altos cargos (entre ellos, el presidente Ignacio Gonz¨¢lez). Fuentes jur¨ªdicas se?alan que tambi¨¦n se est¨¢ analizando el importe de las facturas abonadas a De Pedro (algo m¨¢s de 100.000 euros en dos a?os) ante los indicios de que est¨¢n infladas y por encima del valor del mercado que costar¨ªan trabajos similares.

Velasco analiza los pagos a De pedro hechos entre 2012 (aun con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno) y 2014 (ya con Gonz¨¢lez) por sus trabajos tendentes a seguir y, en algunos casos, mejorar, a trav¨¦s de Internet y sus redes sociales, la imagen p¨²blica de altos cargos del Gobierno madrile?o. No entiende que, teniendo la Comunidad sus propios recursos humanos, hubiese que acudir a las empresas de De Pedro para este cometido. Este es el motivo de la imputaci¨®n policial y judicial que se cierne desde el viernes sobre Isabel Gallego, directora general de Comunicaci¨®n de la Comunidad de Madrid.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, las adjudicaciones por el seguimiento en la red y mejora de imagen de altos cargos de Madrid superan los 100.000 euros entre 2012 y 2014, y muchas de ellas fueron pagadas mediante contratos menores para eludir la licitaci¨®n p¨²blica. Los pagos partieron, en gran parte de los casos, desde la Direcci¨®n General de Comunicaci¨®n, el departamento que dirige Gallego y que jer¨¢rquicamente depende de la consejer¨ªa de Presidencia, Justicia y Portavoc¨ªa del Gobierno, que dirige el hombre fuerte del actual Gobierno de Gonz¨¢lez, Salvador Victoria.

Desde el Gobierno de Gonz¨¢lez se asegura que se trata de contratas legales destinadas al denominado clipping o an¨¢lisis sobre el posicionamiento en Internet de la Comunidad de Madrid y su acercamiento a los ciudadanos. Sin embargo, fuentes jur¨ªdicas discrepan y se?alan que detr¨¢s de esos contratos lo que en realidad subyace es el destino de dinero p¨²blico, supuestamente inflado (tendr¨¢n que determinarlo los peritos), para relanzar la imagen personal de pol¨ªticos de Madrid, lo que puede constituir un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, entre otros.

Los investigadores de la trama P¨²nica est¨¢n analizado las facturas emitidas por la Comunidad a varias empresas del conseguidor De Pedro, entre ella, a Eico Reputacional Management, radicada en Valencia. De Pedro, quien tras estar en la c¨¢rcel por orden de Velasco se halla ahora en libertad con cargos, es un experto inform¨¢tico que, entre otras cosas, se dedica a la mercadotecnia en Internet. Y dispone de resortes a trav¨¦s de las redes sociales para tratar de revertir o equilibrar opiniones desfavorables sobre personas.

Las adjudicaciones por este concepto superan los 100.000 euros en dos a?os

La investigaci¨®n ha analizado, por un lado, seis contratas de la Comunidad (muchas de ellas salidas del ¨¢rea de Comunicaci¨®n de la Comunidad) que suman algo m¨¢s de 60.000 euros. En torno a 20.000 euros por a?o. En algunos de esos contratos, seg¨²n los citados medios, se indica claramente que el objeto del mismo es el seguimiento en la red de noticias sobre el presidente Gonz¨¢lez, y en otros se habla de clipping o posicionamiento de la Comunidad en la red. El juez tambi¨¦n investiga si, aparte de Gonz¨¢lez, otro de los beneficiarios de esas campa?as de imagen ha sido Victoria. Para preguntarle el porqu¨¦ de estos contratos, el juez Velasco tiene previsto tomar declaraci¨®n a Gallego despu¨¦s de Semana Santa. Gallego se neg¨® el pasado viernes a declarar como imputada policial ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y comprometerse a hacerlo ante el juez. Desde la Comunidad se apuesta por la honorabilidad de Gallego. Fuentes jur¨ªdicas se?alan que adjudicar a un tercero contratas para seguir las noticias o mejorar en Internet la imagen de responsables pol¨ªticos puede constituir un delito de malversaci¨®n; m¨¢xime en un organismo, la Comunidad, que ¡°perfectamente pod¨ªa haber realizado tales tareas con sus propios periodistas¡±.

Seg¨²n los citados medios, Velasco indaga tambi¨¦n pagos mensuales de 3.000 euros durante varios a?os a firmas de De Pedro por hacer seguimientos de actos institucionales en los que ha participado la consejera de Educaci¨®n, Luc¨ªa Fijar, persona de total confianza de Aguirre. El departamento de Educaci¨®n tiene varios periodistas y lo normal es que fuesen estos, y no contratar el servicio, los que se encargaran de trabajos por los que empresas de De Pedro han percibido dinero. En el caso de la consejer¨ªa de Figar, fuentes jur¨ªdicas no aprecian delitos, aunque entienden que puede haber infracciones administrativas.