El Gobierno de Aguirre fich¨® para una campa?a al asesor que colocaron en el ¡®caso G¨¹rtel¡¯
El Gobierno lo contrat¨® para las elecciones de 2007, antes de ayudar al juez Pedreira
El Gobierno de Esperanza Aguirre fich¨® para las elecciones auton¨®micas de 2007 a la misma persona que, en 2011, tambi¨¦n fue contratada, en posible fraude de ley, como ayudante del juez Antonio Pedreira, instructor del caso G¨¹rtel entre 2009 y 2011. Se trata de Rafael N. G., un abogado que cobr¨® en torno a 80.000 euros por ayudar al magistrado (que padec¨ªa serios problemas de movilidad) a transcribir sus resoluciones, que entonces estaban secretas e implicaban a numerosos altos cargos del PP de Madrid y al entonces senador y tesorero del PP Luis B¨¢rcenas.
El Gobierno de Aguirre (PP), a trav¨¦s de su consejer¨ªa de Presidencia, contrat¨® a una sociedad de Rafael N. G. para dirigir la ¡°infraestructura y apoyo log¨ªstico durante el proceso electoral, distribuci¨®n de los colegios, formaci¨®n de los representantes de la Administraci¨®n en las mesas electorales y entrega de documentaci¨®n¡±, seg¨²n estipula su contrato.
Entre otros cometidos, el que m¨¢s tarde ser¨ªa ayudante del juez Pedreira tuvo el de estudiar el censo, buscar, seleccionar y formar a los 4.000 representantes de la Administraci¨®n en el proceso electoral. Estos ¨²ltimos, en su mayor¨ªa estudiantes, cobraban 300 euros y su funci¨®n consist¨ªa en coordinar cada colegio y transmitir los resultados a las bases inform¨¢ticas de Indra e ICM, la agencia inform¨¢tica de la Comunidad de Madrid.
Rafael N. G. eligi¨® a los representantes de los colegios electorales
Alejandro Halffter, exviceconsejero de Aguirre y secretario general t¨¦cnico de Presidencia en las elecciones de 2007, se?ala que ignora como se eligi¨® a la empresa de Rafael N. G. y asegura que se les ofrecieron varias empresas. ¡°Creo que hab¨ªa apoyado a otras consejer¨ªas en otras comunidades y durante procesos electorales. No sab¨ªa ni que era abogado¡±, afirma Halffter. Cuatro a?os despu¨¦s, Rafael N. G fue contratado por ICM para ayudar al juez Pedreira durante la instrucci¨®n del caso G¨¹rtel. Esos servicios pudieron vulnerar la legalidad ya que la ley establece que un juez solo puede estar asistido por funcionarios judiciales, no por un abogado que no es funcionario.
La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial se?ala en su art¨ªculo 435.1 que los puestos de trabajo de las oficinas judiciales (juzgados) solo podr¨¢n ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administraci¨®n de Justicia. En este caso no se contrat¨® al ayudante como exige la ley de la bolsa de interinos de Justicia. Rafael N. G. ha declinado responder a este peri¨®dico para explicar c¨®mo, para qu¨¦ y a trav¨¦s de qui¨¦n logr¨® convertirse en ayudante de Pedreira, lo que le permiti¨® tener acceso a las pesquisas, entonces secretas, del caso G¨¹rtel, una de las mayores tramas de corrupci¨®n de la reciente historia de Espa?a, que se instruye desde hace seis a?os y que ya entonces salpicaba a una docena de altos cargos del PP, buena parte de ellos de la Comunidad madrile?a. El letrado s¨ª asegur¨® que no ha sido militante del PP.
Busc¨® a 4.000 personas para distribuirlas por las mesas electorales
Ni Halfter ¡ªentonces secretario general t¨¦cnico de Vicepresidencia con Ignacio Gonz¨¢lez¡ª ni otras personas de su departamento explican qui¨¦n present¨® a Rafael para encargarle el trabajo electoral. Tampoco qui¨¦n habl¨® con ICM para que este organismo p¨²blico, dependiente de Presidencia, contratase a Rafael N. G. como asistente del juez Pedreira. La agencia ICM le hizo cuatro contratos de tres meses (de entre 17.000 y casi 20.000 euros trimestrales). Y para esquivar la ley, los pagos se hicieron a dos sociedades, una de ellas de limpieza, tras la que estaba el abogado gallego.
El actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, mostr¨® ante la Asamblea de Madrid dos cartas del juez Pedreira en las que este ped¨ªa la renovaci¨®n de los contratos de su asistente, pero tampoco explic¨® de qui¨¦n parti¨® la idea de que fuese Rafael N. G. quien ayudase al magistrado. La Comunidad se?ala que la solicitud inicial ¡°fue verbal¡±. El magistrado no pod¨ªa escribir, pero conservaba plenas sus facultades. ¡°Necesitaba ayuda y cualquier apoyo le ven¨ªa bien. Le pusieron a Rafael y con ¨¦l se qued¨®¡±, se?alan fuentes de su entorno. Entre febrero de 2011 y enero de 2012, a Rafael le pag¨® ICM.
Empleado por Indra hasta 2014
Tras inhibirse el juez Pedreira del caso G¨¹rtel, tras tres a?os de instrucci¨®n, la persona que la Comunidad de Madrid le hab¨ªa contratado (ilegalmente) como su ayudante se incorpor¨® a la plantilla de la firma tecnol¨®gica Indra. Fuentes del organismo p¨²blico ICM, dependiente del Gobierno de Madrid, se?alan que Indra lo contrat¨® a petici¨®n de ICM. Indra es uno de los grandes proveedores de ICM en la Comunidad de Madrid (el juez Velasco indaga sobre las relaciones comerciales entre ICM e Indra en el marco de la red P¨²nica).
La tecnol¨®gica Indra le pag¨® sueldos mensuales de 6.000 euros durante 2012 y de 4.500 desde mediados de 2013 y hasta julio de 2014. Rafael N. G. trabaj¨® en el Departamento de Administraciones P¨²blicas, en su asesor¨ªa jur¨ªdica. Parte de su actividad consisti¨® en realizar trabajos de gesti¨®n procesal de los juzgados de Madrid por encargo de ICM. Indra no le pagaba directamente a ¨¦l, sino a una sociedad, denominada Westfield, de su entorno familiar. Requerida por este peri¨®dico, Indra ha declinado hacer ning¨²n comentario sobre este asunto.
ICM est¨¢ siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operaci¨®n P¨²nica. El juez dispone de facturas falsas supuestamente emitidas por la firma tecnol¨®gica Indra a favor de ICM. Es decir, por trabajos supuestamente inexistentes que se pagaban con dinero p¨²blico. Hay un imputado de Indra en la red P¨²nica y un detenido de ICM, su exgerente. Y en la c¨¢rcel, Granados, entonces hombre fuerte de Aguirre en la Comunidad junto al actual presidente Gonz¨¢lez y secretario general del PP de Madrid. Tras dejar G¨¹rtel el juez Pedreira, al inhibirse de la causa y devolverla a la Audiencia Nacional (en concreto, al actual instructor, el juez Pablo Ruz, el 21 de diciembre de 2011), Rafael trabaj¨® durante otros dos a?os para la tecnol¨®gica Indra con un sueldo mensual de 6.000 euros el primer a?o, casi el doble que sus compa?eros de departamento. Cuando Indra le redujo el sueldo el segundo a?o, se march¨®, en julio del a?o pasado.
Velasco investiga ahora contratos y supuestas facturas falsas facilitadas por Indra a ICM por servicios de cuya ejecuci¨®n duda. Tambi¨¦n indaga un supuesto pago de 10.000 euros entregado por Indra a un implicado en la trama, Alejandro de Pedro, por orden, seg¨²n declar¨® el exgerente de ICM, de Salvador Victoria, actual consejero de Presidencia y Justicia, y portavoz del Gobierno de Gonz¨¢lez. Victoria lo niega.
Sobre la mesa del juez Ruz, actual juez de G¨¹rtel, hay una denuncia de UPyD en la que se indica que Rafael N. G. actu¨® como ayudante de Pedreira incumpliendo la ley y, adem¨¢s, como ¡°un esp¨ªa¡± de la Comunidad de Madrid en el seguimiento de la causa. Casi cuando Pedreira se dispon¨ªa a devolver G¨¹rtel a las manos de Ruz, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid abri¨® una informaci¨®n sobre la demora de Pedreira en resolver un recurso y para recabar informaci¨®n sobre c¨®mo hab¨ªa llegado Rafael N. G. al despacho del juez.
investigacion@elpais.es
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