Ruz no menciona en su auto sobre la caja b a la c¨²pula del PP

La petici¨®n del PSOE y de otras acusaciones populares del caso B¨¢rcenas de que se impute a la secretaria general del partido, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, y a su predecesor, ?ngel Acebes, e incluso al presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, tiene escasos asideros en el auto de conclusi¨®n dictado el lunes por el juez Pablo Ruz. El magistrado, a lo largo de las 190 p¨¢ginas de su resoluci¨®n, no hace menci¨®n expresa alguna ni a Rajoy ni a Cospedal; y en cuanto a Acebes, archiva su imputaci¨®n por permitir ¡ªpor conducta omisiva¡ª que el extesorero B¨¢rcenas se apropiara de 149.600 euros de la caja b del partido.

El magistrado lleva su valoraci¨®n todo lo lejos que le permiten los indicios recabados durante dos a?os de investigaci¨®n, pero no va ni un paso m¨¢s all¨¢. En la contabilidad paralela de B¨¢rcenas figuraban supuestos sobresueldos a miembros de la c¨²pula del partido durante los a?os noventa y 2000, como Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Javier Arenas, ?ngel Acebes o Francisco ?lvarez-Cascos. Sin embargo, en su auto, Ruz ¨²nicamente menciona aquellos pagos que ha conseguido acreditar, entre otras cosas, porque los perceptores los admitieron, como el caso del exconsejero navarro Calixto Ayesa o la Fundaci¨®n Humanismo y Democracia. Las acusaciones pretenden que el delito fiscal supuestamente cometido por el PP en 2008 por los donativos ilegales y por el que ser¨¢n responsables penales los extesoreros B¨¢rcenas y ?lvaro Lapuerta se extienda a los secretarios generales en aquel a?o, ?ngel Acebes, y desde octubre, Dolores de Cospedal.

En su declaraci¨®n como testigo, el 13 de agosto de 2013, Cospedal asegur¨® que la gesti¨®n econ¨®mica y la contabilidad era una tarea exclusiva de la tesorer¨ªa, y neg¨® supervisar esta ¨¢rea. Sin embargo, los estatutos del PP otorgan al secretario general ¡°la direcci¨®n de todos los servicios y la jefatura de su personal¡±. Al tesorero le reserva ¡°las funciones que legalmente le correspondan y aquellas que le encomiende el Comit¨¦ Ejecutivo¡±. Las acusaciones rechazan tambi¨¦n el criterio del magistrado de que los supuestos delitos de falsedad contable continuada y delitos electorales ¡ªpor financiar seis campa?as electorales con dinero negro entre 2003 y 2008¡ª han prescrito.

El juez considera que el PP se financi¨® ilegalmente. Y ello hasta el punto de recordar que el C¨®digo Penal permite a un juez proponer al Gobierno que tipifique como delito una conducta que entiende que debe ser sancionada. Ruz no opt¨® por esta v¨ªa tras tener en cuenta que el Proyecto de Ley Org¨¢nica de modificaci¨®n del C¨®digo Penal actualmente en tr¨¢mite parlamentario incluir¨¢ los delitos de financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos.