Fraude masivo al consumidor en el reciclaje de los electrodom¨¦sticos
El Consejo de Estado denuncia que los fabricantes se apropian de 200 millones al a?o y solo dedican a tratar aparatos viejos un 21% de lo que cobran por ello. Dos terceras partes de los residuos electr¨®nicos acaban en el chatarrero ilegal
Los fabricantes de electrodom¨¦sticos han protagonizado en la ¨²ltima d¨¦cada un fraude masivo y continuado a los ciudadanos que el Consejo de Estado cifra en m¨¢s de 200 millones al a?o, al apropiarse de forma indebida del canon que cobran a cambio de hacerse cargo del reciclaje de los aparatos ¡ªentre cinco y 30 euros por pieza¡ª. El reciclaje cuesta dinero, as¨ª que la sospecha de esta instituci¨®n es que muchas empresas, para evitar ese gasto e incluso para engordar sus ingresos, han obviado la ley que les obliga a hacerse cargo de los viejos electrodom¨¦sticos. Por un lado han permitido que los aparatos usados se hayan desviado a chatarreros ilegales y plantas sin la tecnolog¨ªa necesaria para extraer los componentes contaminantes y por otro habr¨ªan invertido directamente el canon en fondos de inversi¨®n. Basta un dato: las grandes marcas solo han destinado al reciclaje de residuos 65 de los 300 millones que han cobrado cada ejercicio, un exiguo 21%.
?El dictamen del Consejo de Estado sobre este fraude que investiga la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente, es contundente: ¡°No se ha destinado lo recaudado a la recogida de los residuos que se han venido generando, no conoci¨¦ndose el destino del mismo, por lo que se est¨¢ investigando si pudiera inferirse alg¨²n tipo de fraude econ¨®mico¡±, refleja la resoluci¨®n del pasado 5 de febrero, basada en un informe del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. ¡°El destino del resto del dinero es desconocido, puede que se encuentre en inversiones bancarias (fondos de inversi¨®n) o destinados a los beneficios netos de los productores o dedicados a futuribles gestiones de residuos¡±, vaticina el informe. Parte de estas tasas para el reciclaje se han convertido en provisiones de fondos invertidos en deuda p¨²blica y privada de pa¨ªses europeos como Alemania y Finlandia.
La ley determina que los productores son responsables del correcto reciclaje de los electrodom¨¦sticos ¡ªen aplicaci¨®n del principio de quien contamina paga¡ªpara lo que crearon hace 10 a?os unos organismos sin ¨¢nimo de lucro denominados Sistemas Integrales de Gesti¨®n (SIG), que deben asegurarse de que los aparatos usados son desguazados en plantas autorizadas. Pero la realidad es que, desde entonces, dos terceras partes de los residuos han acabado en chatarreros sin permisos y plantas no preparadas para el proceso de reciclaje. De esta forma, las cunetas y vertederos del pa¨ªs est¨¢n plagados de residuos electr¨®nicos. Resultado: Espa?a es el antepen¨²ltimo gran pa¨ªs de Europa en reciclaje, solo por delante de Ruman¨ªa y Grecia. En 2012 se recogieron 3,3 kilos de residuos electr¨®nicos por habitante y a?o, seis veces menos que la cuota que recicl¨® Noruega (20 kilos), seg¨²n datos de Eurostat.
Las grandes marcas admiten que solo se recicla correctamente un tercio de los aparatos usados
Para hundir a¨²n m¨¢s la estad¨ªstica, en 2013 la Organizaci¨®n de Consumidores (OCU) escondi¨® GPRS en 16 aparatos depositados en los puntos limpios para localizarlos en su periplo antes de ser desguazados. La conclusi¨®n fue demoledora y solo cuatro finalizaron en las plantas autorizadas. El resto, acab¨® en vertederos o almacenes ilegales.
Espa?a figura a la cola de Europa con la menor cuota de recogida de residuos electr¨®nicos, 3,3 kilos por habitante y a?o
Al comprar un electrodom¨¦stico, el consumidor no puede ver reflejado en la etiqueta del precio el impuesto cobrado por reciclaje, que oscila entre 5 y 30 euros. Pero esa tasa invisible s¨ª est¨¢ incluida en la factura del fabricante al distribuidor. EL PA?S ha accedido a decenas de facturas y cat¨¢logos destinados a las tiendas y grandes superficies para comprobar este sobreprecio. De este modo, si en 2014 se vendieron 1.231.200 frigor¨ªficos seg¨²n la patronal Anfel, los consumidores han abonado 30 millones a una media de 25 euros por cada unidad. El presupuesto de Ecotic, el segundo mayor SIG que aglutina marcas de l¨ªnea blanca principalmente (frigor¨ªficos, lavadoras, lavavajillas), ascendi¨® a solo 14 millones el a?o pasado. El Consejo de Estado censura este ¡°margen fijo de beneficio adicional para el productor¡± derivado de la tasa y que no ha aportado ¡°beneficios ambientales¡±.
El circuito del reciclaje tiene demasiadas grietas. Las bandas asaltan los puntos limpios, que a menudo carecen de medidas de seguridad, para robar los electrodom¨¦sticos y vender sus metales por entre 10 y 30 euros. A veces se apostan en la entrada de estos dep¨®sitos para convencer a los ciudadanos de que ellos los reutilizar¨¢n y lograr que se los cedan, en vez de tirarlos. Pero el agujero m¨¢s grande y habitual ocurre a diario en las casas: cuando un consumidor compra un nuevo frigor¨ªfico, el transportista le ofrece llevarse el aparato viejo escaleras abajo. El cliente consiente y el transportista lo revender¨¢ a un chatarrero sin ning¨²n control por parte del fabricante, la tienda del pueblo o la gran superficie, que ignoran su destino. De este modo, a diario se rompe la cadena del correcto reciclaje y el chatarrero o las bandas organizadas extraen el cobre y otros metales valiosos, liberando gases contaminantes a la atm¨®sfera y abandonando los residuos en los descampados.
La Guardia Civil ha acusado a m¨¢s de 200 personas por triturar frigor¨ªficos
La Guardia Civil ha desarrollado varias operaciones en los ¨²ltimos a?os que suman m¨¢s de 200 imputados por delitos contra el medio ambiente. Principalmente contra bandas que trituraban frigor¨ªficos sin extraerles los gases peligrosos de efecto invernadero que da?an la capa de ozono. Y a pesar de que la labor policial no abarca este ingente problema, poco a poco afloran los resultados. La Audiencia de Madrid conden¨® recientemente a cuatro empresarios por delito medioambiental a penas de cuatro a?os de c¨¢rcel y la Fiscal¨ªa de Zaragoza pide ahora siete a?os de c¨¢rcel para el principal empresario aragon¨¦s del sector, al que acusa de estafa.
El Gobierno ha cambiado la ley para intentar revertir el desolador escenario
Para dar un vuelco a este escenario, y tras las presiones de Bruselas, el Gobierno acaba de publicar un nuevo Real Decreto que logre una ¡°total transparencia¡± de las finanzas de los productores y evitar que ¡°ni los sistemas [SIG] ni los productores falseen sus costes de gesti¨®n al informar a los consumidores¡±. La directora general de Calidad y Evaluaci¨®n Ambiental, Guillermina Yanguas, rechaza posicionarse sobre el destino del impuesto para el reciclaje, y hace hincapi¨¦ en la nueva plataforma que debe asegurar la trazabilidad de los aparatos: ¡°Para el Ministerio lo relevante es que se recicle m¨¢s¡±.
El nuevo dise?o de gesti¨®n de residuos pivota en torno a una gran plataforma inform¨¢tica en la que todos los actores implicados deber¨¢n incluir el c¨®digo de cada residuo, para no perderle la pista y evitar que acabe hecho trizas en una cuneta. ¡°A menor exigencia de descontaminaci¨®n del aparato, menor coste y mayor competitividad. El proceso m¨¢s barato de un residuo es siempre no tratarlo¡±, ilustran fuentes del sector.
Alberto Zapatero, director general de Anfel, la asociaci¨®n de fabricantes e importadores de electrodom¨¦sticos, defiende que las firmas retengan ese margen de beneficios, que considera una provisi¨®n de fondos para el reciclaje de los aparatos comprados desde 2005 que a¨²n no son considerados residuos. ¡°Cada productor pensar¨¢ qu¨¦ hacer con esas provisiones de fondos (¡) No es un dinero que se tenga que devolver¡±, arguye. Zapatero desprecia el informe del Consejo de Estado que denuncia el presunto fraude: ¡°Son habladur¨ªas que ha recibido el Ministerio, que se hace eco de diferentes argumentos¡±.
En 2008 ya ocurri¨® en Francia una pol¨¦mica parecida con la entidad Eco-Emballages por la p¨¦rdida de 20 millones destinados al reciclaje de envases que hab¨ªan sido invertidos en sociedades off-shore de las Islas Caim¨¢n. El desastroso resultado deriv¨® en la destituci¨®n de su director general y la apertura de una investigaci¨®n judicial. ?
El gerente del principal SIG, la Fundaci¨®n Ecolec, Luis Moreno, alega: ¡°Yo no tengo el dinero de los productores. Ellos me pagan por contrato el 100% de mis gastos (¡) Poco a poco estamos metiendo en el redil a las cadenas de distribuci¨®n. Pero yo no puedo ir por ejemplo a Electr¨®nica Pepe y ponerle una pistola en el pecho para que recicle adecuadamente¡±.
El nuevo escenario para hacer desaparecer ese circuito alternativo ilegal se retrasar¨¢ a¨²n unos meses, hasta que la plataforma inform¨¢tica est¨¦ operativa. Entonces cada electrodom¨¦stico tendr¨¢ un n¨²mero de registro para evitar que la cadena de custodia se rompa antes de que sus componentes sean separados al final de su vida. Sin embargo, la vigilancia para que todos los actores cumplan con la plataforma corresponde a las comunidades aut¨®nomas, que disponen de escaso personal para la tarea. ¡°Nos requiere un esfuerzo muy importante en log¨ªstica para garantizar que la trazabilidad siga viva¡±, apunta Javier Mill¨¢n Astray, director general de Anged, Asociaci¨®n de Grandes Empresas de Distribuci¨®n.
Una novedad legal introducida por el Ministerio y que persigue alargar la vida ¨²til de los aparatos es la obligaci¨®n de reutilizarlos. En solo dos a?os, los fabricantes deben preparar para su reutilizaci¨®n entre un 2% y un 4% de los electrodom¨¦sticos, porcentaje que crece entre 2017 y 2018. Desde entonces, las marcas deben confirmar ante el Gobierno que la segunda vida de los aparatos es una realidad. De momento ya hay empresas que est¨¢n adecuando sus instalaciones para absorber este gran n¨²mero de aparatos, que generar¨¢ empleo. "Se estima que la preparaci¨®n para la reutilizaci¨®n de aparatos electr¨®nicos crea 296 puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas de material reciclado y que el reciclado de 1.000 toneladas de residuos electr¨®nicos crea 15 puestos de trabajo y 200 puestos de trabajo si se prepara para la reutilizaci¨®n", reza la nueva norma.
Cuando el consumidor compra un neum¨¢tico, en la factura viene reflejado el impuesto que paga por su futuro reciclaje. Sin embargo, el Gobierno no ha estimado que esto favorezca la concienciaci¨®n ciudadana en el caso de los electrodom¨¦sticos, y finalmente las presiones de los fabricantes, que reconocen que llevan ¡°dos a?os de intenso lobby¡±, han surtido efecto.
Siete a?os de c¨¢rcel por estafa al triturar frigor¨ªficos
La Fiscal¨ªa de Zaragoza dio un paso m¨¢s tras la ¨²ltima operaci¨®n por el reciclaje irregular de frigor¨ªficos: le pide siete a?os c¨¢rcel a Valero L¨®pez, cliente n¨²mero uno de los SIG (las entidades creadas por los fabricantes) y el empresario que aglutina el mayor n¨²mero de electrodom¨¦sticos de Espa?a. El ministerio p¨²blico ha sumado la estafa al delito medioambiental en su escrito de calificaci¨®n, petici¨®n a la que suma una fianza civil de seis millones de euros. "Yo estoy viendo todos los d¨ªas el panorama¡ ?y no s¨¦ si la fiscal¨ªa est¨¢ untada!", dispara el empresario. "Pruebas no tienen, sino que son estudios te¨®ricos y nosotros hemos aportado estudios pr¨¢cticos. Es su palabra contra la nuestra", a?ade desafiante L¨®pez.
Los SIG env¨ªan a coste cero frigor¨ªficos a su planta aragonesa Valorfr¨ªo desde todas las regiones del pa¨ªs excepto Catalu?a y Andaluc¨ªa, cuando el resto de plantas cobran unos 15 euros por unidad. ?C¨®mo es posible esta clara diferencia de precios? ¡°Haciendo inversiones de siete millones y teniendo solo a seis trabajadores. Vamos a pulm¨®n familiar¡±, defiende el empresario.
El director general de Ecolec, Luis Moreno, principal cliente de L¨®pez, aduce que L¨®pez a¨²n no ha sido condenado por un tribunal. ¡°Todo lo que hace para m¨ª lo hace con autorizaci¨®n ?por qu¨¦ deber¨ªa cambiar? Auditamos las plantas con las que trabajamos¡±.
A pesar de que los SIG fueron creados ¡°sin ¨¢nimo de lucro¡± seg¨²n figura en sus estatutos, en 2010 estas entidades rompieron el mercado y la operativa tradicional se invirti¨®. Desde ese a?o, las plantas de reciclaje pagan por cada lavadora que los SIG transportan. Es decir, que el fabricante recibe dinero por el consumidor y al mismo tiempo su sistema integral de gesti¨®n (SIG) cobra cinco euros por cada lavadora vieja cuando esta se convierte en residuo. Es un c¨ªrculo perfecto de doble direcci¨®n y doble ingreso.
Fuentes de la fiscal¨ªa explican la raz¨®n de las irregularidades detectadas en multitud de plantas. ¡°Un frigor¨ªfico cuesta m¨¢s de 40 euros y machacarlo (sin extraerle antes los gases contaminantes) cuesta tres euros. Una vez hecho nadie se entera (¡) Hay mucho dinero en juego y es un compa?ero de viaje peligroso¡±.
Andaluc¨ªa 'olvida' una multa de 122.000 euros a los fabricantes durante tres a?os
La Junta de Andaluc¨ªa ha retrasado el cobro de una multa de 122.000 euros impuesta a Ecolec, el mayor sistema integral de gesti¨®n, por falsear la informaci¨®n de los residuos gestionados e incumplir la recogida selectiva de aparatos, tal y como le obliga la ley. El Ejecutivo aut¨®nomo public¨® la sanci¨®n (rebajada desde la cuant¨ªa inicial de 143.000 euros) en el Bolet¨ªn de la Junta de Andaluc¨ªa (BOJA) el 16 de abril de 2012, pero el cobro no se ha ejecutado hasta hoy. ?Por qu¨¦? La raz¨®n sigue siendo un misterio porque la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, que deb¨ªa ejecutar el cobro de la multa a trav¨¦s de Hacienda, no encuentra una explicaci¨®n. "No lo s¨¦. Entiendo que pas¨® al ¨¢mbito de la secretaria general t¨¦cnica. Lo l¨®gico es que le hubieran exigido el pago de la multa", alega el ex director general de Calidad y Prevenci¨®n Ambiental Jes¨²s Nieto, responsable de la multa.
Tras la sanci¨®n, Ecolec recurri¨® y logr¨® rebajarla, pero luego la Junta andaluza olvid¨® cobrar el dinero. El pasado enero uno de los socios de Ecolec, el fabricante LG, reclam¨® al Ejecutivo aut¨®nomo un certificado para demostrar que no hab¨ªa cobrado la multa, ya que hab¨ªa pagado de manera preventiva a Ecolec una provisi¨®n de fondos y quer¨ªa recuperarla. LG abandon¨® Ecolec por los problemas de una gesti¨®n turbia que arrastraba la anterior gesti¨®n de Jos¨¦ Ram¨®n Carbajosa. Y gracias a este solicitud de LG, la Consejer¨ªa se percat¨® de la sanci¨®n impagada y hace solo 15 d¨ªas la ha reclamado antes de que prescriba, ya que la ley le otorga tres a?os, que cumplen dentro de una semana. Este alarmante retraso ha provocado incluso un cambio interno en dicha Consejer¨ªa para evitar que los impagos se repitan en el futuro.
Los SIG intentan eludir el control de su gesti¨®n desde las Gobiernos regionales, y por eso han recurrido ante la jurisdicci¨®n contencioso administrativa el Reglamento de Residuos que impuls¨® la Junta de Andaluc¨ªa en 2012, norma que obliga a estas entidades a presentar informes anuales sobre su gesti¨®n con una auditor¨ªa externa independiente.
Junto a la Junta andaluza, la Generalitat catalana ha perseguido la patente dejaci¨®n de funciones desde los SIG, y ha multado a cuatro de ellos. Ecolec acapara la mayor sanci¨®n por incumplir los objetivos de recogida por un total de 300.000 euros, rebajada a la mitad. "El objetivo no es multar, sino que la gente cumpla. Hay que multar los incumplimientos pero tambi¨¦n bonificar las buenas pr¨¢cticas. Los SIG han dado cifras y cuando no han cuadrado hemos inspeccionado", relata Josep Mar¨ªa Tost, director de la agencia de residuos de Catalu?a.
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