Tres amnist¨ªas fiscales con distinta magnitud

En abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, con apenas medio a?o en La Moncloa, aprob¨® una amnist¨ªa fiscal para que empresas y particulares que hubieran defraudado a Hacienda pudieran blanquear su dinero negro pagando solo un gravamen simb¨®lico del 10%, muy inferior a los impuestos que hab¨ªan dejado de abonar. La Organizaci¨®n Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que agrupa al 95% de los 1.500 profesionales del sector, puso el grito en el cielo. Se trataba, para ellos, de ¡°un atentado contra el Estado de derecho¡±, adem¨¢s de ser un mecanismo ¡°contrario a la Constituci¨®n, que habla de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad¡±.

Los inspectores tem¨ªan que la amnist¨ªa (eufem¨ªsticamente llamada por el Ejecutivo ¡°regularizaci¨®n extraordinaria¡±) supusiera un ¡°derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudaci¨®n en periodo voluntario¡±.

Adem¨¢s de mellar la conciencia fiscal de los ciudadanos y provocar duras cr¨ªticas por ello, result¨® que la amnist¨ªa del PP produjo la paradoja de que algunos de los que se acogieron a ella, creyendo que se les iba a perdonar todo, se encontraron con que al conocerse el origen il¨ªcito del dinero aflorado tuvieron problemas judiciales. Eso ha provocado problemas con la Justicia, como ha ocurrido precisamente con Rodrigo Rato.

La amnist¨ªa fiscal del PP no es la primera que se lleva a efecto en la Espa?a constitucional, pero tiene la particularidad de que en esta ocasi¨®n Hacienda avis¨® expresamente de que, aunque el delito fiscal quedaba perdonado, no se renunciaba a investigar si el origen del dinero era l¨ªcito o il¨ªcito. Con los Gobiernos socialistas de Felipe Gonz¨¢lez hab¨ªa habido dos amnist¨ªas fiscales: una en 1984, siendo ministro de Econom¨ªa y Hacienda Miguel Boyer, y otra en 1991, con Carlos Solchaga al frente del departamento. La primera exig¨ªa invertir en pagar¨¦s (conocidos como afros) el dinero que se regularizaba.

La medida del PP inclu¨ªa un aviso: se investigar¨ªa el origen del dinero

Seg¨²n dijeron en 2012 los inspectores, ¡°no existe una diferencia fundamental¡± entre aquellas dos amnist¨ªas y la del PP, aunque la ¨²ltima les parec¨ªa ¡°m¨¢s brutalmente expl¨ªcita y m¨¢s clara¡±. Sobre todo porque en las dos primeras todav¨ªa no exist¨ªa la Agencia Tributaria (se constituy¨® en 1992), que precisamente se cre¨® para hacer los cambios normativos tributarios necesarios para que los ciudadanos se pusiesen al d¨ªa. Con la creaci¨®n de la Agencia Tributaria, un a?o despu¨¦s de la segunda amnist¨ªa fiscal, los socialistas consideraron que se hab¨ªa puesto el contador a cero.

Las amnist¨ªas fiscales no tienen por qu¨¦ entrar en el origen del dinero, ¡°entre otras cosas porque Hacienda est¨¢ capacitada para discutir la cuesti¨®n fiscal, pero no la jur¨ªdica¡±, seg¨²n constata una fuente sectorial. Otra cosa es que se descubra el origen delictivo posteriormente por otros cauces, ya sea en la investigaci¨®n judicial o por una filtraci¨®n. Pero son dos procedimientos distintos. El primero trata de normalizar el patrimonio; el segundo, que no est¨¢ ligado al acto de afloramiento, si hay origen delictivo.

En 2010, con Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en el poder, Hacienda conoci¨® la existencia de cuentas opacas en el HSBC en Suiza. El Gobierno inst¨® a los titulares a que regularizan las cuentas, entre ellas de la familia Bot¨ªn. Los inspectores denunciaron ese trato de favor consistente en avisar a los defraudadores, pero reconocieron que, ¡°al menos no se hab¨ªan perdonado impuestos¡±.