La Audiencia Nacional investigar¨¢ el asesinato del jesuita Ellacur¨ªa
El Supremo cree que la justicia de El Salvador nunca pretendi¨® castigar a los responsables
El Tribunal Supremo respalda al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para que siga investigando el asesinato del jesuita Ignacio Ellacur¨ªa y otras siete personas en la Universidad Centroamericana de El Salvador en 1989. Seg¨²n el tribunal, la ¨²ltima reforma de la justicia universal no afecta a la competencia de Espa?a para instruir este crimen porque cinco de las ocho v¨ªctimas ten¨ªan nacionalidad espa?ola, adem¨¢s de salvadore?a, y hay ¡°indicios serios y razonables¡± de que el proceso penal desarrollado en su d¨ªa en El Salvador no garantiz¨® el castigo y la persecuci¨®n efectiva de sus responsables.
?En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el tribunal responde as¨ª a la exposici¨®n razonada que envi¨® Velasco para determinar si deb¨ªa continuar la causa abierta en Espa?a por estos hechos en virtud de una querella presentada por la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a y el Centro de Justicia y Responsabilidad, denunciando el asesinato de Ellacur¨ªa, otros cinco sacerdotes, una empleada de hogar y la hija de esta a manos de militares salvadore?os.
El auto del Supremo analiza la aplicaci¨®n al caso?la reforma de la justicia universal introducida en marzo de 2014 en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para reducir al m¨ªnimo la justicia universal. El texto, aprobado en solitario por el PP, establece que algunos delitos no ser¨¢n perseguibles en Espa?a si ya hay iniciado un procedimiento en el Estado donde se hubiesen cometido los hechos salvo que dicho Estado no est¨¦ dispuesto a investigar o no pueda hacerlo.
El caso Ellacur¨ªa, ya fue juzgado en El Salvador, que conden¨® a la pena m¨¢xima de 30 a?os al Coronel Benavides y al teniente Yussi Mendoza. Ambos fueron amnistiados y liberados el 1 de abril de 1993 por la Segunda Ley de Amnist¨ªa, pero, adem¨¢s, el alto tribunal espa?ol considera que existen indicios ¡°serios y razonables¡± de que aquel juicio no pretendi¨® realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, m¨¢s bien, su sustracci¨®n a la justicia, ¡°todo ello acompa?ado de la ausencia de las garant¨ªas necesarias de independencia e imparcialidad¡±.
En su exposici¨®n razonada, el juez Velasco detall¨® una serie de circunstancias que, en su opini¨®n, convirtieron aquel proceso en una ¡°simulaci¨®n¡± que desemboc¨® en un resultado de ¡°no justicia¡±: la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Hechos Delictivos de El Salvador se demor¨® en exceso para obtener documentos, lo que pudo favorecer que fueran destruidos; dicha Comisi¨®n ocult¨® datos al juez instructor; los fiscales del caso renunciaron porque el fiscal general les ordenada no impulsar el procedimiento y no les permit¨ªa interrogar como testigos a importantes militares; o las amenazas denunciadas por los miembros del jurado. Todas esas circunstancias fueron corroboradas en el informe de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 1999.
Una vez resuelta la competencia de Espa?a para investigar el caso Ellacur¨ªa, en la Audiencia Nacional hay a¨²n otras dos causas que pueden verse afectadas por la justicia universal y sobre las que a¨²n no hay decisi¨®n: el asesinato del diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria en 1976, durante la dictadura de Pinochet en Chile; y el ataque a la Flotilla de la Libertad de Gaza en 2010.
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