El arquitecto del ¡®caso B¨¢rcenas¡¯ pide el mismo trato judicial que Neymar
Gonzalo Urquijo, acusado de cobrar 1,5 millones en b por las obras de G¨¦nova 13, intenta que el juicio no se celebre en la Audiencia Nacional
Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reform¨® la sede nacional del PP en la calle G¨¦nova 13 de Madrid, y supuestamente cobr¨® por ello del partido 1,5 millones en negro, quiere evitar que el juicio del caso B¨¢rcenas se celebre en la Audiencia Nacional. Urquijo pretende que la causa sobre la caja b del PP, en la que se encuentra procesado por delito fiscal, se juzgue en los juzgados ordinarios de Madrid, con sede en la Plaza de Castilla. Y para ello, su defensa compara su caso con el caso Neymar, que se juzgar¨¢ en Barcelona despu¨¦s de haber sido investigado en la Audiencia Nacional.
Los abogados de Urquijo presentaron el pasado 1 de junio una cuesti¨®n de competencia, por la que reclaman que el caso B¨¢rcenas, que afecta a su cliente, se juzgue en los juzgados de Madrid. Los letrados han basado su petici¨®n, dirigida al juez instructor Jos¨¦ de la Mata, en la doctrina m¨¢s reciente de la propia Audiencia Nacional. El pasado 22 de mayo, la Secci¨®n Tercera de la Audiencia decidi¨® que el juicio contra el presidente de FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, su antecesor, Sandro Rosell y el propio club como persona jur¨ªdica se celebre en la capital catalana. La Secci¨®n entendi¨® que la defraudaci¨®n fiscal derivada del fichaje de Neymar ¨Cm¨¢s de 13 millones de euros- no produjo una grave repercusi¨®n en el tr¨¢fico mercantil ni en la econom¨ªa nacional, criterios que otorgan la competencia de la Audiencia Nacional en los delitos contra la Hacienda P¨²blica.
El auto ¨Cresoluci¨®n judicial- por el que se enviaba el caso Neymar a los juzgados de Barcelona ha ca¨ªdo como agua de mayo para los abogados de Urquijo. Los letrados recuerdan que la defraudaci¨®n fiscal de que se acusa a su cliente, 1,5 millones de euros entre los a?os 2006 y 2010 en el Impuesto de Sociedades y el IVA, ¡°es m¨¢s de ocho veces inferior¡± a la cantidad que supuestamente defraud¨® a Hacienda el Bar?a.
El escrito de los defensores cita el auto de la Secci¨®n Tercera cuando recuerda que el Tribunal Supremo ¡°tiene establecido como l¨ªmite para entender a la Audiencia Nacional competente en materia de delito fiscal que la cuota supuestamente defraudada supere los siete millones de euros¡±. Esta cantidad, recuerdan los abogados es ¡°unas cuatro veces m¨¢s¡± que la que se atribuye a su cliente en el caso B¨¢rcenas.
Los abogados tambi¨¦n sostienen que en la causa sobre la caja b del PP, derivada del caso G¨¹rtel, ¡°no concurre ni la complejidad de la causa, ni la intervenci¨®n de m¨²ltiples personas o entidades, ni sociedades interpuestas, ni vinculaciones internacionales¡± que pudieran justificar la competencia de la Audiencia Nacional. ¡°Lo ¨²nico que se imputa es a una empresa con domicilio fiscal en Madrid dedicada a proyectos de arquitectura y construcci¨®n habre cobrado del PP y de Aenor, tambi¨¦n domiciliados en Madrid, por obras ejecutadas en Madrid, parte de sus servicios en dinero no declarado fiscalmente¡±.
Los letrados de Urquijo tambi¨¦n rechazan que el delito de apropiaci¨®n indebida que se imputa a los extesoreros del PP Alvaro Lapuerta y Luis B¨¢rcenas, y al exgerente de la formaci¨®n Crist¨®bal P¨¢ez, por usar 209.550 euros de la caja b del partido para comprar acciones de Libertad Digital sea competencia de la Audiencia Nacional. ¡°El ¨²nico te¨®rico perjudicado ser¨ªa el PP, y m¨¢s concretamente su sede nacional, sita en la ciudad de Madrid, lugar donde, seg¨²n las acusaciones se habr¨ªa llevado la caja b¡±.
Los abogados tambi¨¦n se?alan que el hecho de que el caso B¨¢rcenas sea una pieza separada del caso G¨¹rtel, la gran trama de corrupci¨®n en los aleda?os del PP, y que ser¨¢ juzgado en la Audiencia, sea motivo para mantener la competencia de los juzgados centrales. Los defensores de Urquijo afirman que si, de manera ¡°irrazonable¡±, se mantiene la causa en manos de la Audiencia Nacional ¡°se vulnerar¨ªa el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley¡±.
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