Editores y periodistas se oponen a la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La limitaci¨®n de tomar im¨¢genes de detenidos es vista como "una grave lesi¨®n" del derecho a la informaci¨®n
Editores de diarios y asociaciones de periodistas se han unido por primera vez? contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la toma de im¨¢genes de detenidos. Denuncian que esta restricci¨®n es "una grave lesi¨®n al derecho a la informaci¨®n y un ataque al trabajo de los profesionales y de los medios de comunicaci¨®n".? El alejamiento de periodistas y fot¨®grafos de edificios de juzgados y comisar¨ªas y la posibilidad de que los medios que publiquen esa im¨¢genes sean sancionados, son "nuevas trabas" al ejercicio profesional del derecho a la informaci¨®n, protegido por Constituci¨®n.
Para intentar evitar que prospere la enmienda incorporada por el PP han solicitado al Senado, donde se tramita actualmente el texto legislativo, que la rechace. El nuevo art¨ªculo a?adido en el Congreso a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sostiene que en cuanto a las detenciones "se deber¨¢n adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse as¨ª como en los traslados ulteriores¡±.
La Asociaci¨®n de Editores de Diarios (AEDE), la federaci¨®n de asociaciones de la prensa (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y varios? colegios profesionales de periodistas han firmado un documento de rechazo a la reforma por considerar que atenta contra la libertad de informaci¨®n. Editores y periodistas muestran su preocupaci¨®n por la "inseguridad jur¨ªdica" que la reforma genera tanto en los profesionales como en los medios de comunicaci¨®n.
El texto reivindicativo expone que la reforma ha originado "una gran inquietud entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicaci¨®n en general, en cuanto al fondo de la cuesti¨®n". Se?ala que se pone en peligro el derecho constitucional a la informaci¨®n, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicaci¨®n que la elaboran y transmiten, sino tambi¨¦n a los ciudadanos.
"Las organizaciones que suscribimos esta declaraci¨®n consideramos que los Grupos Parlamentarios de la C¨¢mara Alta deben tener en consideraci¨®n este aspecto ante una previsible inconstitucionalidad de la futura ley. No ser¨ªa la primera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisi¨®n entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de inter¨¦s p¨²blico y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la informaci¨®n frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen".
Editores y periodistas recuerdan? que no se precisan algunos aspectos, considerados faltas graves, en la ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana, recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayor¨ªa de las fuerzas pol¨ªticas, como es el caso del uso de im¨¢genes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. "La? inclusi¨®n del referido p¨¢rrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jur¨ªdica en profesionales y medios, por no existir definici¨®n en cuanto a la forma de poner en pr¨¢ctica la medida de protecci¨®n propuesta por parte de la autoridad judicial o policial".
A?aden que, adem¨¢s de los c¨®digos deontol¨®gicos, la legislaci¨®n vigente ya contempla medidas y penas si se dieran casos de haber lesionado derechos al honor, la intimidad o la imagen de las personas.
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