El nuevo C¨®digo Penal permite disolver partidos pol¨ªticos corruptos

Las distintas reformas del C¨®digo Penal aprobadas en esta legislatura para combatir la corrupci¨®n han configurado un terreno de juego en el que los delitos cometidos por un partido pol¨ªtico pueden provocar su disoluci¨®n. El Gobierno socialista ya hab¨ªa abordado un primer cambio legal importante en 2010 para regular la responsabilidad penal de las personas jur¨ªdicas, aunque entonces se eximi¨® a sindicatos y partidos; la reforma de 2012 del Ejecutivo del PP elimin¨® estas excepciones y la de 2015, que entra en vigor el mi¨¦rcoles, incorpora el delito de financiaci¨®n ilegal.

El juez Jos¨¦ de la Mata, sucesor de Pablo Ruz en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, dict¨® auto de apertura de juicio oral en el caso de los papeles de B¨¢rcenas, la supuesta caja b del PP, donde apuntaba graves delitos de corrupci¨®n: falsedad contable, delito electoral y fraude fiscal.

Los principales acusados de esos delitos que se sentar¨¢n en el banquillo son los administradores del PP ¡ªlos extesoreros, ?lvaro Lapuerta y Luis B¨¢rcenas¡ª y la propia formaci¨®n pol¨ªtica como responsable civil subsidiaria.

Los hechos que se juzgar¨¢n corresponden a un periodo (1990-2009) en el que la Ley no preve¨ªa la responsabilidad penal de los partidos ni el C¨®digo Penal inclu¨ªa la financiaci¨®n ilegal de las formaciones pol¨ªticas.

Si el PP cometiera ahora esos delitos y fuera condenado por ello en aplicaci¨®n del nuevo C¨®digo Penal, la sentencia podr¨ªa incluir como pena la disoluci¨®n de la formaci¨®n conservadora o la suspensi¨®n de sus actividades durante a?os.

El art¨ªculo 31 bis del C¨®digo Penal se?ala que las personas jur¨ªdicas [incluidos los partidos pol¨ªticos] ser¨¢n ¡°penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administrados de hecho o de derecho¡±. El PSOE excluy¨® a partidos pol¨ªticos y sindicatos de este precepto legal que reform¨® en 2010, y el PP anul¨® estas excepciones en una reforma que hizo en 2012.

El castigo a aplicable a las personas jur¨ªdicas por esas conductas, ¡°que tienen todas la consideraci¨®n de graves¡± va de la ¡°multa por cuotas o proporcional¡± hasta la ¡°disoluci¨®n de la persona jur¨ªdica, que producir¨¢ la prohibici¨®n de llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea l¨ªcita¡±. En el cat¨¢logo de penas se incluye tambi¨¦n la suspensi¨®n de actividades por un plazo ¡°que no podr¨¢ exceder de cinco a?os¡±, o la inhabilitaci¨®n para obtener subvenciones o ayudas p¨²blicas.

El tribunal sentenciador decidir¨¢ la pena en funci¨®n de los criterios que aparecen regulados en el art¨ªculo 66 del c¨®digo penal como circunstancias atenuantes o agravantes.

Las causas abiertas en los ¨²ltimos a?os en los tribunales contra dirigentes de partidos pol¨ªticos, dado que no se pod¨ªa actuar contra las formaciones pol¨ªticas porque lo imped¨ªa la Ley, hasta que fue reformada en 2012, versaban fundamentalmente sobre falsedad contable, financiaci¨®n ilegal, fraude fiscal o cohecho.

El PP introdujo el delito de financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos en la reforma del C¨®digo Penal aprobada el pasado marzo y que entra en vigor el pr¨®ximo mi¨¦rcoles. Hasta ahora, las formaciones que se financiaran ilegalmente y fueran descubiertas por el Tribunal de Cuentas s¨®lo eran sancionadas por la v¨ªa administrativa con una multa econ¨®mica.

A partir del 1 de julio, las formaciones podr¨¢n recibir una sanci¨®n penal si han entregado o recibido ¡°donaciones o aportaciones incumpliento los l¨ªmites establecidos en la Ley de Financiaci¨®n de partidos: que supere los 50.000 euros por persona f¨ªsica o que proceda de personas jur¨ªdicas¡±.

Tambi¨¦n podr¨¢n ser condenadas las formaciones en la v¨ªa penal por participar en estructuras u organizaciones cuya finalidad sea la financiaci¨®n de partidos al margen de la Ley.

El castigo previsto en el nuevo C¨®digo Penal a los partidos pol¨ªticos condenados por financiaci¨®n ilegal es una multa de tres a cinco veces el valor de la donaci¨®n ilegal recibida y como medidas adicionales, en funci¨®n de las circunstancias agravantes, la disoluci¨®n o la suspensi¨®n de actividad, la clausura de locales o la prohibici¨®n de realizar en el futuro la actividad en la que se haya cometido el delito.