El Supremo apuntilla una era de poder andaluz

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha dado la puntilla a una era, la del poder absoluto del PSOE en la Junta de Andaluc¨ªa, con 130 p¨¢ginas en las que pone bajo sospecha a la c¨²pula del Gobierno aut¨®nomo y sit¨²a en la antesala del banquillo a dos expresidentes (Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n) y dos exconsejeros (Jos¨¦ Antonio Viera y Gaspar Zarr¨ªas).

Entre 2000 y 2010, periodo investigado por el Supremo, el PSOE pas¨® en Andaluc¨ªa de rozar la mayor¨ªa absoluta (45% de los votos en 2000) y gobernar con la ayuda del Partido Andalucista, a dos victorias aplastantes (51% y 48% en los comicios de 2004 y 2008) que le permitieron mandar en solitario. Durante esa d¨¦cada, la Junta aprob¨® y gestion¨® un programa de ayudas p¨²blicas a 263 empresas en crisis que reparti¨® 855 millones de euros, parte de ellos sin control, lo que favoreci¨® el fraude.

El magistrado ha encontrado numerosos motivos para el reproche penal a los principales s¨ªmbolos del poder pol¨ªtico socialista andaluz, los expresidentes Manuel Chaves (1990-2009) y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n (2009-2012). Pero los abogados de los imputados preparan ya escritos de alegaciones en los que intentan desmontar la tesis del juez y sostienen que su relato cae en importantes contradicciones y que las acusaciones m¨¢s graves se basan en conclusiones inferidas por el magistrado sin pruebas objetivas.

Estas son algunas de las acusaciones del juez y los argumentos contrarios de las defensas:

Conocimiento de la c¨²pula. ¡°El instrumento de las transferencias de financiaci¨®n era ilegal para conceder ayudas y subvenciones y lo conoc¨ªan los imputados y personal cualificado de varias consejer¨ªas. Adem¨¢s, fueron advertidos por la Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa¡±, se?ala el juez. Los imputados lo niegan. ¡°El magistrado sostiene que el Interventor hizo en 2005 un informe de cumplimiento y que cuando lo remiti¨® a las consejer¨ªas escribi¨® que se diera traslado al consejero de Hacienda. Eso no lo dice, es mentira¡±, dice uno de los letrados. ¡°Adem¨¢s, no ha querido o¨ªr en declaraci¨®n a la viceconsejera de Hacienda, que ha negado siempre que trasladara a Gri?¨¢n ese informe del interventor¡±.

El interventor tem¨ªa perder su cargo. El interventor de la Junta advirti¨® de que el procedimiento era irregular, pero nunca hizo un ¡®informe de actuaci¨®n¡¯, la f¨®rmula de alerta que hubiera obligado al Gobierno andaluz a tomar medidas. El juez reprocha al interventor esta ¡°incoherencia¡±, pero deduce que si no dio el paso de firmar un informe de actuaci¨®n para obligar a modificar el sistema de ayudas fue por miedo a perder el cargo que ocupaba.

¡°Esta conclusi¨®n no tiene ni pies ni cabeza¡±, sostienen los abogados de los imputados. ¡°El interventor ha hecho a lo largo de este proceso declaraciones muy hostiles contra el Gobierno andaluz y en ning¨²n caso ha admitido que hubiera recibido presiones. El magistrado apunta la tesis del miedo porque le viene bien para cuadrar su argumento¡±, afirman.

El Parlamento andaluz fue inducido a error. Las ayudas a empresas estaban incorporadas al Presupuesto regional que se aprobaba cada a?o en el Parlamento andaluz. Si una ley establec¨ªa el monto de las ayudas y el procedimiento para adjudicarlas, el sistema no pod¨ªa ser ilegal. Pero el juez cree que s¨ª porque sostiene que la C¨¢mara andaluza fue inducida a error: ¡°La documentaci¨®n anexa a las leyes de Presupuestos era cr¨ªptica, confusa y equ¨ªvoca. No se considera razonable que el Parlamento andaluz aprobara conscientemente un sistema integrado por un c¨²mulo de ilegalidades que abocaban necesariamente al descontrol¡±, dice el auto.

La defensa de los imputados contesta: ¡°Todos los parlamentarios ten¨ªan a su disposici¨®n una oficina presupuestaria para aclarar dudas; los proyectos de ley de Presupuestos iban informados por la Intervenci¨®n de la Junta. Las modificaciones presupuestarias que aprobaba el Gobierno andaluz para ayudas sociolaborales, la supuesta prevaricaci¨®n de la que acusa el juez a los presidentes y consejeros, iban con informes favorables de la Intervenci¨®n¡±. Los abogados consideran que la mayor incongruencia de Barreiro es que califique de ¡°prevaricadores¡± los proyectos de ley que aprueba el Gobierno antes de llevarlos al Parlamento. ¡°Una ley no puede ser prevaricadora porque es una decisi¨®n soberana del Parlamento, pero el juez dice que el proyecto de ley que hace el Gobierno s¨ª puede ser prevaricador. Es absurdo¡±, sostienen. ¡°Durante 10 a?os esas leyes pasaron por las manos de cientos de parlamentarios y nadie percibi¨® que fueran ilegales, y eso que en la oposici¨®n siempre est¨¢n alertas¡±, a?aden.

La competencia sobre aforados y no aforados. El magistrado Barreiro decidi¨® seguir adelante con la causa contra Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n pese a que este renunci¨® a su esca?o de senador, dej¨® de ser aforado, y el juez natural que le correspond¨ªa ya no era el instructor del Supremo sino la magistrada del juzgado de Sevilla que inici¨® la investigaci¨®n.

Barreiro argument¨® que hab¨ªa, en el delito de prevaricaci¨®n que investigaba, una coautor¨ªa de todos los imputados, por lo que no pod¨ªa separar a Gri?¨¢n del proceso. Los abogados defensores sostienen que esa decisi¨®n no correspond¨ªa a Barreiro sino a la sala de admisiones del Supremo. La defensa del expresidente Gri?¨¢n dirigir¨¢ un escrito a la Sala de Admisiones pidiendo la nulidad de las actuaciones de Barreiro por carecer de competencias.

Recursos de apelaci¨®n. La exposici¨®n razonada que Barreiro ha trasladado a la Sala de Admisiones para que pida a las Cortes el suplicatorio que permita juzgar a los imputados no es recurrible, pero las defensas planean otros cauces de protesta. El abogado del exconsejero Gaspar Zarr¨ªas present¨® el martes en el Supremo un escrito solicitando el archivo de la causa. Dos d¨ªas despu¨¦s, Barreiro hizo p¨²blica su exposici¨®n razonada donde atribuye a Zarr¨ªas un delito de prevaricaci¨®n. La defensa del exconsejero considera que esa exposici¨®n razonada es, en s¨ª misma, un rechazo a su recurso para el archivo de la causa. Por eso, interpondr¨¢ otro de apelaci¨®n. A la vez, enviar¨¢ un escrito a la Sala de Admisiones solicitando que aplace la petici¨®n de suplicatorio.