Zarr¨ªas acusa al juez del Supremo de cruzar una ¡°l¨ªnea muy peligrosa¡±
El n¨²mero dos de Chaves le reprocha al instructor que someta a juicio penal las decisiones legislativas de la Junta
El exconsejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarr¨ªas, considera que el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo ha dictado una resoluci¨®n ¡°oportunista¡± y que supone ¡°un hito en la historia judicial espa?ola¡±. La defensa del que fuera n¨²mero dos de Manuel Chaves en la Presidencia de la Junta ha presentado este mi¨¦rcoles en el alto tribunal un recurso de apelaci¨®n contra la decisi¨®n del juez Alberto Jorge Barreiro de proponer la tramitaci¨®n de suplicatorio ante el Congreso de los Diputados y ha pedido a la sala de recursos que frene este tr¨¢mite. En el escrito, de 40 p¨¢ginas, la defensa carga duramente contra el trabajo del magistrado y rebate uno por uno todos los argumentos de su exposici¨®n razonada, que en su opini¨®n es ¡°tan extensa como poco fundada¡±.
El abogado de Zarr¨ªas, Gonzalo Mart¨ªnez Fresneda, considera que el escrito de imputaci¨®n contra Zarr¨ªas, Chaves y el tambi¨¦n exconsejero Jos¨¦ Antonio Viera pretende someter a juicio penal las decisiones legislativas de la Junta de Andaluc¨ªa. ¡°Por primera vez se dirige un reproche penal para castigar una responsabilidad que, de existir, ser¨ªa de naturaleza exclusivamente pol¨ªtica¡±, se?ala el escrito que hoy ha registrado ante la sala de recursos del Supremo. Las conclusiones extra¨ªdas por Barreiro, seg¨²n la defensa de Zarr¨ªas, ¡°franquea una l¨ªnea muy peligrosa¡± y vulnera ¡°reglas y principios fundamentales del sistema constitucional¡± como son el principio de legalidad penal, el de divisi¨®n de poderes o el de soberan¨ªa en el ejercicio de la potestad legislativa.
El abogado llama la atenci¨®n sobre el hecho de que todo el relato del juez gire en torno a ¡°una palabra talism¨¢n¡±: las llamadas transferencias de financiaci¨®n, el instrumento que us¨® la Junta para pagar las ayudas a empresas y que, seg¨²n Barreiro, se emple¨® premeditadamente para eludir controles y permitir la concesi¨®n arbitraria de subvenciones. El abogado sostiene que el juez no ha sido capaz de establecer una relaci¨®n causal entre la supuesta disminuci¨®n de los controles y los casos concretos de fraude en la percepci¨®n de las ayudas que se hayan podido producir y prueba de ello ha exculpado a Zarr¨ªas, Chaves y al expresidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n del delito de malversaci¨®n. ¡°La raz¨®n es clara¡±, recoge el escrito de la defensa, ¡° los supuestos fraudes -intrusos, pago de sobrecomisiones- se originan en conductas de terceros que nada tienen que ver con que se haya utilizado el sistema de las transferencias de financiaci¨®n u otro diferente¡±.
Es decir, seg¨²n Zarr¨ªas, de haberse concedido las ayudas por otro sistema, no se habr¨ªa evitado que se produjeran ese tipo de fraudes, ya que el enga?o que encerrar¨ªan se produce en el ¨¢mbito de la ejecuci¨®n de las ayudas acordadas y no en el de su planificaci¨®n presupuestaria ni en el de su financiaci¨®n. ¡°Pero todo da igual; la ventaja que tienen los t¨¦rminos abstrusos o muy t¨¦cnicos es que sirven para cualquier cosa, precisamente porque nadie los entiende¡±, concluye el abogado.
El letrado subraya adem¨¢s un argumento que comparten todas las defensas de la c¨²pula del Gobierno andaluz para rebatir la decisi¨®n de Barreiro: en la medida de que la figura de las transferencias de financiaci¨®n forma parte de los presupuestos, tiene la condici¨®n normativa de ley, al igual que el resto de las normas presupuestarias, por lo que si se considera que su uso es prevaricador se incurrir¨ªa en una contradicci¨®n: ¡°Se tratar¨ªa de una ley ilegal¡±, dice el abogado .
Mart¨ªnez-Fresneda acusa a Berreiro de haber abordado la instrucci¨®n con una ¡°idea preconcebida¡± y asegura que los hechos que le imputa no son ciertos porque no se da ninguno de los elementos que definen a la prevaricaci¨®n. ¡°A Gaspar Zarr¨ªas no se le imputa por ninguna resoluci¨®n dictada en su condici¨®n de Consejero de Presidencia de la Junta de Andaluc¨ªa. Su imputaci¨®n se centra y se limita a decisiones dictadas en su condici¨®n de miembro del Consejo de Gobierno, al ofrecer su voto -junto con el resto de los consejeros- para la aprobaci¨®n de unas modificaciones presupuestarias y para la elevaci¨®n al Parlamento de Andaluc¨ªa los proyectos de Ley de Presupuestos de la Junta de Andaluc¨ªa¡±, advierte el abogado.
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