La polic¨ªa culpa a la Junta andaluza del ama?o en Aznalc¨®llar

La polic¨ªa acusa a la Junta de Andaluc¨ªa de ama?ar el concurso para conceder la mina de Aznalc¨®llar (Sevilla) y vulnerar el procedimiento que fija la ley. Tras un mes de pesquisas, la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) ha finalizado su investigaci¨®n por fraude y prevaricaci¨®n con 15 detenidos entre altos cargos del Ejecutivo, t¨¦cnicos y los dos empresarios ganadores de la convocatoria. La juez Patricia Fern¨¢ndez, tras censurar que el concurso careci¨® del ¡°m¨¢s m¨ªnimo rigor¡±, debe ahora mover ficha.

La polic¨ªa considera que en el concurso para la mina de Aznalc¨®llar la Junta andaluza alter¨® los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreci¨®n y as¨ª poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado. Las empresas Minorbis-Grupo M¨¦xico se alzaron con el concurso el pasado febrero y a continuaci¨®n la firma perdedora Emerita denunci¨® en los juzgados el supuesto ama?o de la convocatoria p¨²blica, lo que desemboc¨® en la investigaci¨®n policial que acaba de concluir. Durante las pesquisas, ha prestado declaraci¨®n la directora general de Minas, Mar¨ªa Jos¨¦ Asensio, adem¨¢s de los t¨¦cnicos que intervinieron en el concurso y los dos empresarios ganadores de Minorbis.

El estallido de este caso coincidi¨® con las negociaciones para la investidura de la presidenta Susana D¨ªaz, ya de por s¨ª alambicadas. Ante las sospechas y para asegurar la transparencia, D¨ªaz suspendi¨® la adjudicaci¨®n hasta que la instrucci¨®n ofrezca resultados.

Ahora los investigadores estiman en su informe que los t¨¦cnicos del concurso emitieron valoraciones sesgadas para perjudicar a Emerita. Especialmente en los apartados econ¨®mico y del presupuesto de investigaci¨®n por cuadr¨ªcula minera. El proyecto de Emerita ofrec¨ªa una inversi¨®n de 641 millones frente a los 304 millones de la alianza Minorbis-Grupo M¨¦xico, pese a lo cual la segunda gan¨® el concurso con 75,9 puntos sobre 73,6 de la oferta perdedora. La polic¨ªa sostiene que a Emerita le fueron sustra¨ªdos al menos 6,5 puntos de manera indebida.

El informe policial relata una inicial negociaci¨®n entre ambas empresas que fracas¨® pronto. Tras la ruptura, la consultora Ayesa protagoniz¨® supuestamente una maniobra de espionaje industrial al facilitar el proyecto de Emerita a su competidor Minorbis, que present¨® ante la Junta una propuesta muy similar a la de Emerita. El abogado de Emerita denunci¨® ante la juez c¨®mo hace un a?o el responsable del grupo ganador, Mario L¨®pez, les ofreci¨® "refundir ambos proyectos", tras advertirles que "ten¨ªa la llave del concurso".

La polic¨ªa subraya asimismo las carencias del proyecto ganador de Minorbis respecto a que utiliza datos y vol¨²menes de agua ficticios. Adem¨¢s, los agentes critican la propuesta de Minorbis para construir balsas de residuos t¨®xicos, prohibidas en el propio pliego tras el desastre ecol¨®gico del vertido en 1998, y considera suficiente una depuradora f¨ªsico qu¨ªmica cuando es necesaria una de ¨®smosis inversa. Por ¨²ltimo, el informe censura la propuesta para el acceso subterr¨¢neo al talud sur sin tener en cuenta su inestabilidad y su alto riesgo de desprendimiento.

La tesis policial denuncia que el Gobierno andaluz ignor¨® la transparencia debida en el concurso, y que esa intenci¨®n motiv¨® que el Consejo Consultivo no interviniera para vigilar el proceso, a pesar de que por ley no est¨¢ obligado a ello. La UDEF considera que el Consultivo deb¨ªa haber emitido un dictamen dado que el proyecto supera los 300 millones. Al Grupo M¨¦xico no le fue exigida la documentaci¨®n requerida en las bases porque este no fue licitador en el concurso, sino que solo prest¨® a Minorbis apoyo econ¨®mico, t¨¦cnico y financiero, tal y como explicaron las personas acusadas por la polic¨ªa. Para rechazar los testimonios de los detenidos, la polic¨ªa incluye certificados, actas y resoluciones que indican lo contrario y rubrican la participaci¨®n de Grupo M¨¦xico como licitador en uni¨®n con Minorbis.

La Junta ha defendido la legalidad del concurso, y tras un informe favorable de sus servicios jur¨ªdicos, ahora el Ejecutivo ha cerrado la v¨ªa administrativa al rechazar el recurso de alzada de Emerita, a la que acusa de basarse en ¡°meros juicios de valor¡±. ¡°No se vulner¨® ning¨²n derecho de la compa?¨ªa, ni se hall¨® ilegalidad en la resoluci¨®n del concurso¡±, concluye el Gobierno.

Mientras, en las diligencias por tr¨¢fico de influencias desgajadas de la investigaci¨®n troncal, que investigan un supuesto trato de favor desde la Junta hacia el grupo Magtel (propietario de Minorbis), la juez ha archivado seis de los siete casos que se investigaban. Tras el informe de la fiscal del caso, la juez ha ordenado investigar los trabajos de asesoramiento del ex director general de Innovaci¨®n de la Junta Andr¨¦s Luque para Magtel por "servicios de asesoramiento", por los que recibi¨® 430.000 euros.