El 44% de votantes del PP rechaza la ¡®ley mordaza¡¯

El rechazo de los partidos pol¨ªticos de la oposici¨®n a la llamada ley mordaza, est¨¢ en sinton¨ªa con el sentir de la mayor¨ªa de la sociedad, que ha seguido con atenci¨®n la tramitaci¨®n de la Ley de Seguridad Cudadana y de cuyo contenido tiene un conocimiento bastante elevado. Los eventuales votantes del PP, seg¨²n el estudio de Metroscopia, no se han quedado impasibles antes esta norma aunque el rechazo no alcanza los niveles del electorado del resto de los partidos. Un 44% de votantes del partido conservador est¨¢ en contra de esta norma.

El pasado mi¨¦rcoles entr¨® en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana y ese mismo d¨ªa y el siguiente Metroscopia hizo el estudio sobre el grado de apoyo y conocimiento de esa norma. La llamada ley mordaza alcanza unos niveles de rechazo poco conocidos en la legislaci¨®n espa?ola: Un 75% de los consultados la rechaza. Con este alto porcentaje de ciudadanos cr¨ªticos con la creaci¨®n de nuevas sanciones para determinadas conductas relacionadas con la manifestaci¨®n y protesta, se establece un hilo concordante con la actitud de los partidos pol¨ªticos.

Todos, salvo el PP, han considerado inconstitucional un bloque de nuevos preceptos. Al recurso ante el alto tribunal elaborado por el PSOE se unieron Izquierda Unida, UPyD y Grupo Mixto. La tacha de inconstitucionalidad tambi¨¦n la observaron y fundamentaron CiU y PNV aunque finalmente no se unieron al recurso.

No son amenaza

Las m¨²ltiples manifestaciones en contra de la misma durante su larga tramitaci¨®n parlamentaria, algo m¨¢s de 16 meses, han llegado a la opini¨®n p¨²blica. Un 80% de los ciudadanos preguntados por Metroscopia afirmaron estar al tanto de que la llamada ley mordaza entraba en vigor el primer d¨ªa del mes de julio.

A los encuestados se les pregunt¨® si estaban de acuerdo en considerar ¡°una amenaza para la seguridad ciudadana¡± una serie de conductas. Tratar de impedir un desahucio, no ense?ar el DNI a un polic¨ªa cuando lo solicita o difundir im¨¢genes de agentes antidisturbios golpeando a un manifestante, son los comportamientos sobre los que se pregunt¨® y que ahora llevan sanci¨®n. Entre los posibles votantes del PP un 44% rechaza que tales acciones puedan ser consideradas como peligrosas para la seguridad ciudadana. Ese dato se obtiene del 29% que responde un ¡°no, en absoluto¡± y el 15% de consultados entre votantes del PP que se decanta por considerar que esas conductas ¡°m¨¢s bien no¡±, son peligrosas. Un 49% estar¨ªa de acuerdo con esas sanciones para tales acciones pero s¨ª es significativo el alto nivel de rechazo de los votantes populares. A la cabeza de la cr¨ªtica est¨¢ el potencial electorado de Podemos con un rechazo de la ley del 97%, seguidos por los del PSOE que suman un 81%, por delante del 74% de los votantes de Ciudadanos que tambi¨¦n rechaza esta norma.

Retirada completa

Con este resultado no habr¨¢ disgusto en la mayor¨ªa de la sociedad espa?ola si, como ha asegurado el PSOE en el supuesto de que gane las elecciones o tenga una mayor¨ªa suficiente en el Parlamento, suprime esta ley. Los socialistas contar¨¢n con el resto de los grupos ahora en la oposici¨®n para esa derogaci¨®n. A la pregunta de si la ley deber¨ªa retirarse ¡°completamente¡±, un 63% responde que s¨ª, en etanto que un 21% la dejar¨ªa como est¨¢. De nuevo los votantes de Pablo Iglesias se colocan a la cabeza del no, con un 95%, seguidos del 69% del PSOE. Para la mayor¨ªa de los posibles votantes de Ciudadanos, en un 60%, es conveniente que se retire.

No hay duda de que el acalorado debate pol¨ªtico ha llegado a la opini¨®n p¨²blica. Las enconadas sesiones parlamentarias han propiciado cambios en la opini¨®n p¨²blica a medida que avanzaba la tramitaci¨®n. La evoluci¨®n ha sido siempre para que el rechazo aumentara. En diciembre de 2014, el 68% de los consultados por Metroscopia mostraba su desacuerdo; en siete meses, el rechazo ha aumentado 7 puntos. El criterio en contra de la oposici¨®n ha ido en paralelo al rechazo de colectivos de juristas, entre el que est¨¢ el Consejo General de la Abogac¨ªa cuyo presidente, Carlos Carnicer, dej¨® su frase: ¡°Se ha dado una patada al Estado de derecho¡±. Poner trabas a los derechos de reuni¨®n, expresi¨®n y manifestaci¨®n, son las causas que la oposici¨®n pol¨ªtica y jur¨ªdica atribuye al Gobierno de Mariano Rajoy. El aumento de manifestaciones y protestas en 2013 y principios de 2014 provocaron el nacimiento de esta ley, seg¨²n los argumentos que quedar¨¢n para siempre en el diario de sesiones del Parlamento, sobre registros corporales a ciudadanos, y concentraciones cerca del Congreso, Senado y las asambleas parlamentarias regionales. El Tribunal Constitucional tendr¨¢ que pronunciarse sobre el recurso presentado por la oposici¨®n, tambi¨¦n contra las llamadas ¡°devoluciones en caliente¡± de inmigrantes que traten de entrar ilegalmente a Espa?a por las vallas de Ceuta y Melilla. La ley castiga tambi¨¦n, el ¡°escalamiento de edificios¡±. El pasado 1 de julio, d¨ªa que entr¨® en vigor la ley, unos activistas de Greenpeace permanecieron m¨¢s de cuatro horas subidos en una gr¨²a junto al Congreso con una pancarta que dec¨ªa ¡°la protesta es un derecho¡±.