El fiscal rechaza investigar a la juez Alaya por prevaricaci¨®n

La Fiscal¨ªa Superior de Andaluc¨ªa ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) que no admita la querella presentada por el ex consejero delegado del Betis Luis Oliver contra la juez Mercedes Alaya por su actuaci¨®n sobre las acciones del Real Betis Balompi¨¦. En escrito dado a conocer hoy, el fiscal superior de Andaluc¨ªa, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, asegura que ¡°al margen de otras posibles responsabilidad de distinta naturaleza o de la aparici¨®n de nuevos elementos de prueba, los hechos que son descritos no revisten caracteres delicivos¡±.

El fiscal entiende que en la tramitaci¨®n de la causa ¡°ha tenido lugar una situaci¨®n perfectamente asumible y a la que no puede otorgarse relevancia penal¡±. El ministerio fiscal reconoce que ?¡±no ha compartido¡± el modelo procesal seguido por la juez Alaya durante la instrucci¨®n, pero ello no ¡°implica que se conviertan, cuando tales decisiones contrar¨ªan los intereses del querellante, en resoluciones prevaricadoras¡±.

El decreto del fiscal superior andaluz, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, ser¨¢ trasladado ahora a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), que decidir¨¢ si abre diligencias previas o no para investigar a la magistrada. Si la Sala decidiera dictar auto de admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella, esta resoluci¨®n se trasladar¨¢ al Consejo del Poder Judicial (CGPJ). En tal caso, el ¨®rgano de gobierno de los jueces podr¨¢ decidir de inmediato la suspensi¨®n cautelar o por el contrario podr¨¢ posponer la decisi¨®n, ya que esta suspensi¨®n provisional no tiene un plazo prefijado, aclaran fuentes jur¨ªdicas.

Es decir, Alaya podr¨ªa ser suspendida de funciones a lo largo del verano o el pr¨®ximo oto?o, una decisi¨®n en manos del CGPJ y que la alejar¨ªa de la Audiencia de Sevilla. La resoluci¨®n tendr¨ªa un efecto pr¨¢ctico inmediato, pero sobre todo una carga de profundidad tremenda que supondr¨ªa una mancha en su expediente que dejar¨ªa maltrecha su carrera judicial. Si finalmente Alaya es suspendida, la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial subraya que la suspensi¨®n durar¨¢ ¡°hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento¡±, o ¡°por todo el tiempo a que se extienda la pena, sanci¨®n o medida cautelar¡±.

Desde que en 2011 Alaya inici¨® la instrucci¨®n del caso ERE, la juez ha estado bajo el foco medi¨¢tico y ha abierto una causa tras otra, siempre con la Junta de Andaluc¨ªa en el punto de mira. Al caso ERE se le sum¨® la causa de los avales a empresas y los cursos de formaci¨®n que concedi¨® el Gobierno andaluz. La querella del caso Betis ha sido una pesada losa desde que trascendi¨® su interposici¨®n para Alaya y su entorno. El escrito lo present¨® el empresario Luis Oliver contra la juez el pasado mayo. Desde entonces, el fiscal superior ha pedido m¨¢s documentaci¨®n al Juzgado 6 de Instrucci¨®n de Sevilla y a la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento que afect¨® a Oliver, documentos que le llegaron hace dos semanas aproximadamente.

Oliver acus¨® a Alaya de prevaricar para tener ¡°el control absoluto¡± del Betis, que ha estado intervenido judicialmente desde 2010 hasta hace un mes, cuando la Audiencia de Sevilla levant¨® las medidas cautelares que hab¨ªa impuesto Alaya. La querella se centra en una treintena de resoluciones de la magistrada sobre el Betis, decisiones a la que la Fiscal¨ªa de Sevilla se ha opuesto de forma sistem¨¢tica.

De momento la juez permanece en la Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia, cuya plaza gan¨® tras su reciente ascenso, a la espera de la decisi¨®n del Poder Judicial sobre su comisi¨®n de servicio. Alaya solicit¨® dicha pr¨®rroga en el Juzgado 6 de Instrucci¨®n, un refuerzo que aprob¨® el TSJA pero que a¨²n debe ratificar el Consejo General del Poder Judicial. El ¨®rgano de gobierno de los jueces debe aprobar el reparto de causas que propuso el TSJA, por el que Alaya investigaba los ERE y el delito societario de Mercasevilla, y la nueva titular del juzgado, Mar¨ªa N¨²?ez, el resto de macrocausas.

El Consejo ha pospuesto dos veces en las ¨²ltimas semanas la decisi¨®n del reparto de causas, por lo que a falta de un pronunciamiento N¨²?ez sigue instruyendo todas las causas y Alaya se mantiene en la Audiencia. Ambas jueces han alegado ante el Consejo para acaparar un mayor n¨²mero de causas, y el enfrentamiento entre ambas ha alcanzado cotas nunca vistas. Hasta el punto de que Alaya ha acusado a N¨²?ez de falta de imparcialidad para llevar los casos, ya que afectan de lleno a la Junta y la juez es amiga del consejero de Justicia, Emilio Llera, lo que imposibilita su objetividad.

La juez impidi¨® la venta del 51% de las acciones del Betis que realiz¨® Manuel Ruiz de Lopera a Oliver por 16,1 millones, porque pens¨® que era una venta simulada y Oliver era un testaferro de Lopera. En su querella, Oliver acusa al administrador judicial del Betis, Francisco Estepa, de ser una ¡°persona pr¨®xima¡± al marido de la juez, Jorge Castro.

Entre sus decisiones controvertidas como instructora destaca la investigaci¨®n de la Guardia Civil sobre Oliver, unas pesquisas que el empresario califica de ¡°pura fantas¨ªa¡±. El escrito detalla que ¡°el ¨²nico motivo real¡± de Alaya era ¡°asegurarse el control¡± del Betis. Alaya neg¨® a Oliver personarse en la causa como parte afectada, y el empresario aleg¨® que esto le caus¨® ¡°indefensi¨®n¡±, seg¨²n el escrito del abogado Alfonso Contreras.

Adem¨¢s, Alaya orden¨® a los administradores judiciales que investigaran la breve etapa de Oliver al frente del Consejo de Administraci¨®n del Betis en 2010. A continuaci¨®n Alaya abri¨® una causa secreta contra Oliver por la que orden¨® el pinchazo de su tel¨¦fono, unas escuchas que la fiscal¨ªa ignor¨® durante meses. La excusa para el pinchazo, seg¨²n Alaya, era que Oliver era una persona de ¡°dif¨ªcil localizaci¨®n¡±. Luego la Guardia Civil reconoc¨ªa que no exist¨ªa una orden de busca y captura que en un principio hab¨ªa alegado, y que se debi¨® a un ¡°error en la base de datos¡±.