La juez del caso Aznalc¨®llar imputa a la directora de Minas de Andaluc¨ªa

La juez ha imputado por presunta prevaricaci¨®n en la adjudicaci¨®n de la mina de Aznalc¨®llar a la directora general de Industria de la Junta de Andaluc¨ªa, Mar¨ªa Jos¨¦ Asensio, a un interventor de este departamento, a una letrada de la Administraci¨®n auton¨®mica y a cuatro miembros de las comisiones t¨¦cnicas y de contrataci¨®n. El auto forma parte de la investigaci¨®n judicial por posibles delitos de prevaricaci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias y negociaci¨®n ilegal en la concesi¨®n a Minorbis-Grupo M¨¦xico de la explotaci¨®n de la mina de esta localidad sevillana.

La magistrada Patricia Fern¨¢ndez, quien tambi¨¦n llamar¨¢ como testigo al cient¨ªfico Juan Jos¨¦ Negro para aclarar aspectos sobre los informes referidos al impacto en el ciclo del agua, mantiene que la adjudicataria no cumpl¨ªa los requisitos imprescindibles, seg¨²n la documentaci¨®n aportada, y carece de la solvencia econ¨®mica exigida. El Gobierno andaluz, del PSOE, redujo las imputaciones a ¡°tres dudas administrativas¡± y dos aspectos t¨¦cnicos mientras el PP pidi¨® el cese de Asensio.

En este ¨²ltimo auto, la juez considera contradictorio que los integrantes de la mesa de contrataci¨®n se ampararan en informes de la t¨¦cnico de an¨¢lisis Pilar Trujillano, quien neg¨® en su declaraci¨®n como testigo haber realizado estudio espec¨ªfico alguno sobre la solvencia econ¨®mica del grupo o haber informado a la mesa de forma favorable. ¡°Resultar¨ªa imposible realizar un estudio de este calado en una reuni¨®n cuya duraci¨®n no lleg¨® a una hora¡±, resume el auto sobre la declaraci¨®n de Trujillo.

En funci¨®n de estas circunstancias, la juez imputa a Asensio y a tres de los seis integrantes de la mesa del concurso: Pastora S¨¢nchez (letrada), Jos¨¦ Marcos (interventor) y Julio Ramos (representante de Hacienda en la mesa).

La juez tambi¨¦n imputa al jefe de ¨¢rea de Minas, Alberto Fern¨¢ndez, por las dudas e ¡°incongruencias¡± sobre los planes de investigaci¨®n y explotaci¨®n de Minorbis. Fern¨¢ndez aval¨® las soluciones t¨¦cnicas aportadas por la adjudicataria en cuanto al acceso por el talud sur, algo que testigos del caso consideraron arriesgado e ¡°imposible de llevar a efecto¡±. Tambi¨¦n los ¡°datos que aport¨® la Junta¡± admit¨ªan ¡°problemas¡±, seg¨²n el auto judicial. La magistrada considera que el imputado deb¨ªa conocer estos impedimentos, ya que trabaj¨® en Boliden (la anterior concesionaria de la mina y causante del vertido t¨®xico de 1998) y Egmasa, la empresa de gesti¨®n medioambiental de la Junta.

Tambi¨¦n cuestiona la instructora que est¨¦ resuelto el ciclo de agua, en funci¨®n del estudio del investigador del CSIC Juan Jos¨¦ Negro, cuestionado por un contrainforme de la empresa implicada, y a falta de la documentaci¨®n de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir.

Por ¨²ltimo, la juez imputa a Juan Jos¨¦ Garc¨ªa y Pilar Orche, dos miembros de la comisi¨®n t¨¦cnica, al considerar ¡°nada satisfactorias¡± las explicaciones sobre los c¨¢lculos de inversi¨®n y los cambios de puntuaci¨®n sobre este aspecto a las empresas aspirantes. Tambi¨¦n exige la juez que se aporte la informaci¨®n reclamada sobre los pagos para adquirir participaciones de terceras empresas.

La Consejer¨ªa de Empleo, Empresa y Comercio (CEEC) mostr¨® su confianza en que las declaraciones de la directora general de Minas, el interventor, la letrada de este departamento y el jefe de ¨¢rea ¡°aclaren definitivamente las tres dudas administrativas que por ese juzgado se mantienen sobre la solvencia econ¨®mica de la empresa adjudicataria, as¨ª como sobre otros dos aspectos, de car¨¢cter t¨¦cnico del proyecto ganador, relacionados con la gesti¨®n futura del agua en la explotaci¨®n minera y el acceso al talud sur de la corta de Aznalc¨®llar¡±.

¡°Ninguna corrupci¨®n¡±

Este ¨²ltimo auto, seg¨²n la Junta, supone que ¡°la investigaci¨®n penal se refiere ya a aspectos en los que se discute el acierto de la resoluci¨®n administrativa ¡ªsi eran correctas las decisiones que se tomaron en el procedimiento del concurso¡ª, sin que exista indicio de ninguna clase de corrupci¨®n¡±. ¡°La cercan¨ªa de esta investigaci¨®n con un ordinario procedimiento contencioso-administrativo (donde se discute la legalidad o no de cualquier resoluci¨®n administrativa) es m¨¢s que evidente¡±, concluye el Gobierno.

Por el contrario, el portavoz de Econom¨ªa del PP en el Parlamento de Andaluc¨ªa y diputado por Sevilla, Jaime Raynaud, exigi¨® la dimisi¨®n o destituci¨®n ¡°inmediata¡± de la directora general imputada por una actuaci¨®n que calific¨® de ¡°a todas luces irregular¡± y sobre la que exigi¨® responsabilidades.

¡°Por un lado nos dicen que hay plenas garant¨ªas, por otro se paraliza la adjudicaci¨®n, imputan a la directora general de Minas, y el consejero se afana en circunscribir el esc¨¢ndalo en una pelea entre dos empresas; demasiada palabrer¨ªa contradictoria y confusa para no dar las explicaciones necesarias ni asumir responsabilidades¡±, afirm¨® Raynaud.