El Gobierno de Aguirre dilapid¨® 105 millones en la fallida Ciudad Judicial
La sociedad p¨²blica Campus de la Justicia ha cerrado sus cuentas, en las que se inyectaron 130 millones, con un patrimonio neto de 25 millones
El Gobierno de la ex presidenta Esperanza Aguirre despilfarr¨® 105 millones de euros en la que iba a ser la ciudad judicial m¨¢s grande del mundo, tal como ella la pregon¨® en 2007 al poner la primera piedra. Campus de la Justicia, una firma 100% del Gobierno regional y creada para levantar esa megaciudad, fue finiquitada en julio de 2014 sin cumplir ninguno de sus objetivos, tras nueve a?os de funcionamiento. A su cierre, esta sociedad p¨²blica ha dejado un patrimonio neto de 25.082.339 euros, del total de 130 millones que le inyect¨® la Comunidad de Madrid, seg¨²n documentaci¨®n en poder de EL PA?S.
Los 24 millones de la Audiencia
En Valdebebas estaba previsto aglutinar todos los edificios judiciales de Madrid, dispersos ahora en una veintena de sedes (La Comunidad gasta al a?o 39,9 millones en alquileres de sedes judiciales). La ciudad tambi¨¦n hab¨ªa buscado hueco para cobijar la sede de Audiencia Nacional.
El Gobierno central, due?o de la Audiencia Nacional, aport¨® al proyecto 10 millones. Se pactaron 13, en pagos fraccionados, pero al Campus se le olvid¨® pedir uno de ellos de 3,3 millones. Tras el fiasco de la megaciudad, el Gobierno, que quiere recuperar sus 10 millones, ha optado por dejar la Audiencia en el mismo sitio, pero reform¨¢ndola: le ha costado otros 14 millones (24 en total).
Los 105 millones gastados in¨²tilmente en este fara¨®nico proyecto (la diferencia entre lo salido de las arcas p¨²blicas madrile?as y el patrimonio neto actual del Campus) han ido a parar a un saco roto sin fondo ni provecho. Seg¨²n se desprende de la citada documentaci¨®n, el dinero se ha gastado en auditor¨ªas y m¨¢s auditorias (70.000 euros); en abogados, en gestor¨ªas que cobraban por minuto de trabajo cuando solo quedaban dos trabajadores, a raz¨®n de 33 euros la media hora). Y tambi¨¦n en resarcir dise?os de proyectos arquitect¨®nicos no consumados (por ejemplo, el del brit¨¢nico Norman Foster, al que ha habido que abonar 10.6 millones del total de 13 millones que reclam¨® por proyectar dos id¨ªlicos edificios judiciales de los doce ideados). A Foster se le ha pagado esa cantidad pese a que el Campus no encuentra el contrato que en su d¨ªa firm¨® Aguirre con ¨¦l.
Otros millones se han ido en pagar a constructoras que hab¨ªan suscrito contratos para (salvo una) acometer obras no realizadas, 27.327.413 euros. En esta cantidad se incluyen, adem¨¢s, 6,4 millones de indemnizaciones a proveedores decretadas por jueces tras pleitos con la Comunidad; otros 11.4 millones por rescisiones anticipadas de contratos; dos por pago de intereses y al menos otros cuatro por lucro cesante. Los ¨²nicos pagos, del total de 130 millones en gastos, por obras s¨ª realizadas ascienden a 17.3 millones.
En esta ciudad, Aguirre quer¨ªa crear 12 edificios con la r¨²brica de algunas de las primeras figuras de la arquitectura mundial (adem¨¢s de Foster, tambi¨¦n concurri¨® la iraqu¨ª Zaha Hadid, cuyo proyecto tambi¨¦n costaba 13 millones, aunque esta solo ha cobrado poco m¨¢s de 50.000 euros porque no lleg¨® a firmar ning¨²n contrato). Y, adem¨¢s, Aguirre pretend¨ªa acabar con la veintena de sedes judiciales dispersas por la capital.
Los 130 millones inyectados al Campus salen de la venta de dos edificios judiciales p¨²blicos (por 76 millones), de tres inyecciones de ocho millones cada una aprobada por el Gobierno regional, de otros 20 m¨¢s pedidos al Ejecutivo central en el marco del dinero que libr¨® el Estado para que los organismos p¨²blicos pagasen a sus proveedores. Y, finalmente, otros 10 que aport¨® el Gobierno central. Los tres a?os de m¨¢s gasto en el Campus fueron 2007, 2008 y 2009 (94 millones).
Los 25 millones de patrimonio neto que han quedado del Campus son la suma de los 7,3 de tesorer¨ªa con que cerr¨® sus cuentas y los 17,5 en que ha sido tasado el ¨²nico de los 12 edificios judiciales que existen en los casi 400.000 metros cuadrados sobre los que se proyect¨® esta megaciudad. Todo ello es hoy un secarral enclavado en el paraje de Valdebebas, entre el aeropuerto de Barajas y el recinto ferial del IFEMA de Madrid. De forma ovalada (visto desde arriba parece un donuts), estaba destinado a convertirse en el nuevo Instituto Anat¨®mico Forense de Madrid. En los ¨²ltimos a?os ha tenido que ser desconejado varias veces. Y para ponerlo en funcionamiento har¨ªan falta como m¨ªnimo otros cinco millones de euros. Su costosa maquinaria lleva el fr¨ªo a las c¨¢maras de los difuntos est¨¢ pr¨®xima a la ruina. Su volumen (14.000 metros cuadrados) triplica con holgura el del actual Anat¨®mico. ¡°Los nichos que tiene, 195, permitir¨ªan acoger sin problemas de espacio atentados como el del 11-M: todo un disparate de megaloman¨ªa¡±, ironizan fuentes conocedoras del multimillonario fiasco en que se ha convertido esta fantasmal Ciudad de la Justicia. El Gobierno de Madrid decidi¨® paralizar el proyecto definitivamente a fines de 2008, coincidiendo con la crisis econ¨®mica. Hab¨ªa sido presupuestada en unos 500 millones y decidi¨® frenarlo todo con el argumento de no malvender los seis edificios judiciales p¨²blicos con los que pretend¨ªa sufragar la inversi¨®n. Los dos que vendi¨® le reportaron 76 millones. Y traslad¨® los juzgados a otros edificios; ahora pagando un costoso alquiler.
Otro de los muchos gastos in¨²tiles que ha soportado el Campus es el relativo a las n¨®minas de los empleados. Una veintena. Tras el par¨®n del proyecto, la plantilla se fue reduciendo, pero el Campus sigui¨® pagando n¨®minas, con los trabajadores casi cruzados de brazos, hasta mediados de 2012.
Al ver el secarral y el deterioro de su ¨²nico edificio, Ignacio Gonz¨¢lez, vicepresidente y delf¨ªn de Aguirre (y en septiembre de 2012 su sucesor), decidi¨® liquidar en julio de 2014 el Campus. Dos a?os antes, en un intento desesperado por aminorar el dinero perdido, Gonz¨¢lez inici¨® los tr¨¢mites para hacer en el mismo sitio una Ciudad Judicial, pero mucho menos ambiciosa. La idea, pagar a una empresa cerca de 60 millones anuales durante ¡°30 a?os¡± y que la adjudicataria levante varios edificios judiciales, pero sin lujos. La vigilancia del ¨²nico edificio testigo del secarral de Valdebebas cuesta todos los meses 12.000 euros a los madrile?os. El 31 de enero de 2007, durante la colocaci¨®n de la primera piedra, y delante de la c¨²pula de la judicatura, Aguirre glos¨® y se congratul¨® del "museo judicial arquitect¨®nico" que iba a construir en Madrid, y adelant¨®: ¡°Y todo ello, adem¨¢s, sin coste alguno para los ciudadanos¡±.?
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