Granados us¨® el Campus de la Justicia para un informe in¨²til de 78.800 euros

El Campus de la Justicia de Madrid, el malogrado proyecto de Esperanza Aguirre que consumi¨® en nueve a?os 105 millones de dinero p¨²blico, era en 2011 una iniciativa congelada por la crisis. Sin embargo, el Gobierno regional del PP us¨® la sociedad que desarrollaba el complejo, de capital 100% p¨²blico, para contratar informes inservibles. El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior Francisco Granados orden¨® al responsable de la empresa que solicitara a la consultora Deloitte una radiograf¨ªa de la justicia. El trabajo se guard¨® en un caj¨®n.

El documento Informe sobre el estado de la justicia tiene 392 p¨¢ginas y cost¨® 60.000 euros (70.800 con IVA). El texto se nutre de datos que elaboran anualmente instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) o la Fiscal¨ªa de Madrid. Se trata de estad¨ªsticas que pueden consultarse en Internet de forma gratuita.

El estudio recoge en sus p¨¢ginas 5 y 6 una tabla por regiones de los 431 partidos judiciales. Los datos y su disposici¨®n son id¨¦nticos a los publicados en la p¨¢gina 8 del anuario del CGPJ de 2011 La justicia dato a dato. Solo cambia el color del gr¨¢fico.

Granados pidi¨® en 2010 al entonces director general del Campus de la Justicia, Gonzalo Quiroga Churruca, que eligiera a la auditora Deloitte para prestar el servicio. El exconsejero encarg¨® el trabajo tras una reuni¨®n de la Comisi¨®n de Gobierno de la Consejer¨ªa de Justicia y Presidencia, seg¨²n fuentes del campus.

Granados, que hoy duerme en prisi¨®n por ser uno de los presuntos cabecillas de la trama P¨²nica, insisti¨® en que el dinero deb¨ªa proceder de la sociedad p¨²blica. La crisis ya hab¨ªa frustrado este proyecto que Esperanza Aguirre present¨® como in¨¦dito y que contaba con la firma de arquitectos internacionales como el brit¨¢nico Norman Foster.

¡°No necesit¨¢bamos ning¨²n informe sobre la situaci¨®n de la justicia. Se lo dijimos [a Granados]. Pero ¨¦l insisti¨® en que se encargase el trabajo por ese importe a la consultora Deloitte¡±, seg¨²n fuentes del campus.

La elecci¨®n de la auditora para el trabajo no fue gratuita. ¡°Varios miembros de la firma ten¨ªan v¨ªnculos con dirigentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid¡±, a?ade un conocedor de la operaci¨®n. Deloitte declin¨® contestar un cuestionario sobre la presencia de familiares en la empresa que tambi¨¦n inclu¨ªa preguntas como: ¡°?El informe aporta alg¨²n dato in¨¦dito?¡±. La consultora argumenta que no da explicaciones de los trabajos de sus clientes.

La sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA abon¨® a la auditora los 70.800 euros del documento el 5 de julio de 2011, seg¨²n la factura. Las cr¨ªticas arreciaban ya sobre el proyecto. Se cuestionaba la opacidad de sus cuentas. Y solo hab¨ªa en el complejo situado en el madrile?o barrio de Valdebebas un edificio en pie. Un contenedor de cemento de tintes futuristas conocido popularmente como el donut que alberga el Instituto de Medicina Legal. Esta mole de hormig¨®n precis¨® varios tratamientos para acabar con las plagas de conejos y su vigilancia cuesta 12.000 euros al mes.

No necesit¨¢bamos un informe. Pero Granados se empe?¨®", dice un conocedor del contrato

El Campus hab¨ªa consumido en 2011 m¨¢s de 100 millones de euros de dinero p¨²blico. Y los proveedores recurr¨ªan a los tribunales para reclamar los honorarios de unos trabajos adjudicados pero que nunca ver¨ªan la luz por el frenazo inversor.

El desplome inmobiliario result¨® clave para sentenciar este cad¨¢ver del despilfarro. La Comunidad de Madrid planeaba financiar los 15 edificios previstos en el Campus de la Justicia con la venta de seis sedes judiciales. El Gobierno regional solo tuvo tiempo de desprenderse de dos edificios antes del pinchazo de la burbuja. Ingres¨® 72 millones de euros. No fue suficiente para costear la factura de una sociedad cuya liquidaci¨®n fue acordada el 31 de julio de 2014 por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez (PP). Su predecesora Esperanza Aguirre hab¨ªa anunciado en 2004 como iniciativa estrella de su primera legislatura un proyecto que reunir¨ªa bajo una misma superficie de 400.000 metros cuadrados las 19 sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

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