Sanidad quiere que los sin papeles acrediten que no tienen recursos
El ministerio propone dar asistencia v¨¢lida ¨²nicamente en cada comunidad durante un a?o

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El Ministerio de Sanidad ha enviado a las comunidades un borrador de pacto para dar una atenci¨®n sanitaria homog¨¦nea a inmigrantes en situaci¨®n irregular en toda Espa?a. Uno de los requisitos que plantea el Gobierno es que los sin papeles acrediten falta de ¡°recursos econ¨®micos suficientes¡±, aunque deja en manos de cada autonom¨ªa determinar c¨®mo se comprobar¨¢. Tambi¨¦n tendr¨ªan que justificar un a?o de empadronamiento y carecer de cualquier otra cobertura.
El real decreto que en 2012 dej¨® fuera de la asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes sin residencia legal en Espa?a ¡ªsolo urgencias, embarazadas y menores¡ª pr¨¢cticamente no fue respetado en ninguna comunidad aut¨®noma, ni siquiera las del PP. As¨ª lo reconocen en el ministerio que encabeza Alfonso Alonso, aunque eviten decirlo en p¨²blico. Casi todas las autonom¨ªas incluyeron excepciones o crearon programas especiales a trav¨¦s de los servicios sociales. Galicia, gobernada por el popular Alberto N¨²?ez Feij¨®o, fue de las primeras: en septiembre de 2012 aprob¨® un programa de salud p¨²blica que tambi¨¦n exig¨ªa acreditar falta de recursos.
Tras el vuelco de las ¨²ltimas elecciones, con nuevos Gobiernos auton¨®micos del PSOE, la situaci¨®n es a¨²n m¨¢s heterog¨¦nea, porque varios han empezado a devolver la asistencia, cada uno a su manera. Una de las razones esgrimidas por los que siempre se negaron a acatar el real decreto era la posibilidad de crear un problema de salud p¨²blica.
Sanidad es ¡°consciente de la necesidad de coordinar y armonizar los programas, requisitos y procedimientos¡±, se?ala en el borrador. Entre la documentaci¨®n que deber¨¢n aportar los sin papeles figura un ¡°certificado de no disponer de ingresos suficientes¡±. ¡°Como m¨ªnimo una declaraci¨®n responsable¡±, a?ade el texto, que tambi¨¦n prev¨¦ la posibilidad de que si no se pueden acreditar los requisitos, un trabajador social de la comunidad aut¨®noma emita un informe sobre las circunstancias econ¨®micas del solicitante.
De ah¨ª que, frente a los diferentes periodos que se piden en cada autonom¨ªa, el borrador proponga que el ciudadano lleve empadronado un a?o de forma ininterrumpida o tenga ¡°residencia efectiva¡± en cualquier municipio. Aunque deja la puerta abierta a sumar periodos de empadronamiento en comunidades diferentes. Otros requisitos comunes ser¨ªan: no tener reconocida la condici¨®n de asegurado o beneficiario (la reconoce la Seguridad Social), no tener derecho a la cobertura sanitaria por otra v¨ªa, no poder exportar el derecho a la asistencia desde el pa¨ªs de origen y no haber terceros obligados al pago (un seguro, por ejemplo).
?Pol¨¦mico registro
En cuanto al pol¨¦mico ¡°registro¡± que anunci¨® el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y que gener¨® protestas de la oposici¨®n y de organizaciones humanitarias por ¡°discriminatorio¡±, el borrador ¨²nicamente habla de incluir a los sin papeles en la base de datos del Sistema Nacional de Salud, que es donde figuran todos los asegurados y beneficiarios. Aparecer¨ªan como ¡°no asegurados¡±. El documento ¡ªno la tarjeta sanitaria normal¡ª que acreditar¨ªa su derecho a sanidad solo tendr¨ªa validez en la comunidad emisora, durante un a?o, y luego habr¨ªa que renovarlo.
Una de las inc¨®gnitas era la cobertura farmac¨¦utica. Seg¨²n el plan del Gobierno, los sin papeles pagar¨¢n el 40% del precio al p¨²blico de los medicamentos, es decir, como los trabajadores en activo (40%, 50% ¨® 60% en funci¨®n de su renta). Una portavoz de Sanidad confirm¨® que este borrador ha sido enviado a las comunidades como ¡°documento de partida para discutir¡± los detalles. Tambi¨¦n reconoci¨® que su contenido es pr¨¢cticamente el mismo que otro texto enviado en junio.
Lo que propone el Gobierno es muy similar a lo que ya hace Valencia, que ha devuelto la asistencia a 2.200 personas, aunque con un periodo de empadronamiento menor (tres meses). Tanto esta comunidad, gobernada por una coalici¨®n de izquierdas, como el Ejecutivo de Castilla-La Mancha pidieron este viernes la derogaci¨®n del real decreto de 2012 e insistieron en volver a la sanidad universal.
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