Los jueces reniegan del traspaso de competencias de justicia
Nueve de cada diez magistrados cree que los juzgados cuentan con distintos medios dependiendo de cada territorio
El 68% de los jueces y magistrados espa?oles considera que la asunci¨®n de competencias en materia de justicia por parte de las comunidades aut¨®nomas no ha sido beneficiosa para la administraci¨®n de justicia, frente al 13% que opina que s¨ª, seg¨²n revela la ¨²ltima encuesta a la carrera judicial hecha p¨²blica este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.
La encuesta, elaborada por SigmaDos y con un margen de error del 2,4%, se ha realizado mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo, al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8% de la carrera judicial.
La opini¨®n desfavorable sobre el traspaso de competencias a las comunidades aut¨®nomas es mayoritaria en todos los ¨®rganos judiciales, llegando al 84% en los juzgados de lo contencioso-administrativo. Adem¨¢s, la pr¨¢ctica totalidad de la carrera judicial ¡ªel 91%¡ª se muestra convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes seg¨²n los territorios donde ejercen su funci¨®n, mientras que el 52% considera que las administraciones no colaboran con el Consejo General del Poder Judicial.
En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la administraci¨®n de justicia, solo el 15% de los que trabajan en alguna de las comunidades aut¨®nomas con lengua propia dice tener dificultad en su utilizaci¨®n. Ese porcentaje baja al 13% en Catalu?a, al 12% en la Comunidad Valenciana, al 10% en las Islas Baleares y al 5% en Galicia. Por el contrario, el 54% de los jueces y magistrados destinados en el Pa¨ªs Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43% contesta que no.
Contra la corrupci¨®n
La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y magistrados del orden penal en el que se les pregunta sobre 13 posibles reformas procesales, muchas concebidas para mejorar la lucha contra la corrupci¨®n.
La gran mayor¨ªa de los encuestados est¨¢ a favor de la creaci¨®n de unidades periciales ¡ªdependientes de los Juzgados¡ª con competencias en materia de delincuencia econ¨®mica o relacionada con la corrupci¨®n (86%) de la revisi¨®n de los privilegios ¡ªcomo el de declarar por escrito o en su despacho¡ª que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes p¨²blicos (79%), y de sustraer del ¨¢mbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupci¨®n pol¨ªtica (66%).
Los jueces tambi¨¦n se muestran favorables a la creaci¨®n de ¨®rganos con competencia provincial para la investigaci¨®n de la corrupci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica (60%); a prohibir a los partidos pol¨ªticos el ejercicio de la acci¨®n popular en los procedimientos por corrupci¨®n (60%); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado est¨¦ aforado (59%).
La ¨²nica de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la carrera judicial es la instauraci¨®n de la Fiscal¨ªa como directora de la investigaci¨®n en combinaci¨®n con el juez de garant¨ªas: el 52% de los encuestados se muestra en contra y el 41% a favor.
Adem¨¢s, 65% de los jueces y magistrados en activo se muestra en contra de reservar un porcentaje o cuota de los nombramientos que efect¨²a el CGPJ para las mujeres. Esta posici¨®n ¡ªmayoritaria en todos los tramos de edad¡ª es tambi¨¦n compartida por juezas y magistradas, entre las que el 52% rechaza la adopci¨®n de este tipo de medida, frente al 33% que se muestra partidaria de ella.
Adem¨¢s, el 72%? de los encuestados considera que no existe discriminaci¨®n interna en la carrera judicial atribuible a cuestiones de g¨¦nero. Esta opini¨®n es, asimismo, compartida por la mayor¨ªa de juezas y magistradas: el 57% niega la existencia de discriminaci¨®n, frente al 26% que opina que s¨ª existe. En la actualidad, las mujeres suponen el 52% de los miembros en activo de la carrera judicial.
Los datos de la encuesta se?alan que tres de cada cuatro jueces y magistrados consideran que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, aunque el 50% de la carrera judicial opina tambi¨¦n que el ¨®rgano de gobierno de los jueces no cuenta con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz.
Por otra parte, en el apartado del sondeo dirigido a los miembros del orden jurisdiccional penal, el 9% de los jueces afirman haber sufrido presiones externas en la tramitaci¨®n o el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupci¨®n. Quienes dicen haber sufrido presiones sit¨²an su origen en los medios de comunicaci¨®n (51%), los pol¨ªticos (43%) y los particulares (26%). El 67% de esos jueces y magistrados aseguran que reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas.
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