Una reforma temeraria del proceso penal

Recientemente el Parlamento ha aprobado con los solos votos del Partido Popular una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se dice "para la agilizaci¨®n de la justicia penal y el fortalecimiento de las garant¨ªas procesales".

Se trata de una reforma parcial, expresi¨®n de un gran fracaso, el incumplimiento de un compromiso que hizo el Gobierno de Rajoy de hacer la reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, de Alonso Mart¨ªnez, tan pomposamente anunciada.

Adem¨¢s, una reforma improvisada y llena de contradicciones, pues a la vez que mantiene la figura del juez instructor, atribuyendo a este la direcci¨®n, impulso y control de la instrucci¨®n, y no al fiscal, en algunas cuestiones clave se le dan a este esas funciones, como si ya estuvi¨¦ramos en el otro modelo de instrucci¨®n, creando una situaci¨®n que va a ser muy problem¨¢tica cara al futuro inmediato.

La reforma incluye como medida estrella la reducci¨®n del plazo m¨¢ximo de la instrucci¨®n a 6 meses, que de declararse causa compleja ser¨ªa de 18 meses, prorrogables a instancia de la fiscal¨ªa, pero nunca del propio juez instructor, medida que est¨¢ siendo ampliamente criticada por jueces y fiscales.

A lo largo del debate parlamentario el Grupo Parlamentario Socialista, como otros intervinientes, ya denunciamos que traer¨ªa la impunidad de muchos delincuentes, sobre todo en delitos complejos como los de corrupci¨®n, y que era un signo m¨¢s de la posici¨®n del Gobierno de Rajoy de aparentar luchar contra la corrupci¨®n, pero menos.?

La rechazamos porque la lectura simplista de que la justicia es lenta porque no existen plazos que impelen al ¨®rgano judicial a terminar los procesos es una lectura rid¨ªcula y ofensiva hacia los jueces encargados de la instrucci¨®n de los procesos. El Gobierno piensa que estos no acaban antes los asuntos porque no quieren, y que simplemente la imposici¨®n por ley de unos plazos va a propiciar que lo hagan, aunque la propia ley expresamente afirma que su aplicaci¨®n no supondr¨¢ m¨¢s medios materiales ni personales.?

La lucha contra la corrupci¨®n y las formas de criminalidad compleja exigen reformas de m¨¢s calado e incrementos en las dotaciones personales y de medios materiales, tanto en la administraci¨®n de justicia como en expertos y polic¨ªa judicial. Sin m¨¢s medios la instrucci¨®n seguir¨ªa siendo lenta, por mucho que se impongan plazos. Se trata, pues, de un brindis al sol, de una mera medida propagand¨ªstica, que ni va a agilizar la justicia ni a fortalecer las garant¨ªas.?

Es adem¨¢s una medida temeraria, generadora de inseguridad jur¨ªdica para las v¨ªctimas, que va a facilitar la impunidad de muchos delincuentes. La reforma no define la verdadera consecuencia del incumplimiento de los plazos, m¨¢s all¨¢ de que por s¨ª sola no dar¨¢ lugar al archivo de las actuaciones. En muchos procesos penales nos vamos a encontrar con agotamiento de los plazos de pr¨®rroga sin finalizaci¨®n efectiva de la fase de instrucci¨®n. Lo que va a conducir bien a decisiones precipitadas de cierre sin poder practicar diligencias necesarias, o a calificaciones sin fundamento, siempre en perjuicio de las v¨ªctimas, y con el evidente riesgo de que muchos delincuentes queden impunes.?

Ya el Consejo Fiscal afirm¨® que se trataba de un "gran absurdo", a¨²n mayor porque solo se reconoce la posibilidad de solicitud de pr¨®rrogas al fiscal y no al propio instructor. Lo que va a generar graves disfunciones que vienen denunciando las asociaciones de jueces y fiscales. Parece que los autores del proyecto de ley desconocen la realidad de las diligencias penales y de las fiscal¨ªas, pues en muchos casos los fiscales ni siquiera tienen conocimiento de la existencia de la causa, y , menos a¨²n, de los plazos que lleva abierta.?

El Gobierno ha sido insensible a las cr¨ªticas que se plantearon y ahora deja a los jueces y fiscales esta patata caliente. Un absoluto desprop¨®sito.?