Los abogados se unen a fiscales y jueces contra la reforma procesal

Los abogados se han unido a las cr¨ªticas de jueces y fiscales contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal y han advertido en un comunicado de que "puede resultar de imposible cumplimiento". Todas las asociaciones de jueces y fiscales han rechazado la limitaci¨®n de los plazos de instrucci¨®n.

El Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola se?al¨®, en un comunicado difundido en su p¨¢gina web, que la ley "puede resultar de imposible cumplimiento" en lo relativo a la solicitud de pr¨®rroga cuando en los plazos previstos ¡ªde seis a dieciocho meses¡ª no pueda completarse la instrucci¨®n y "porque habr¨¢ de aplicarse a todas las causas penales que se encuentren en fase de investigaci¨®n en todos los juzgados de Espa?a". El ¨®rgano de los abogados ha a?adido que, en todo caso, "es poco eficaz la novedosa regulaci¨®n si la pr¨®rroga tiene que resolverla el juez de instrucci¨®n, a petici¨®n del fiscal o de las partes, continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de la mayor parte de los intervinientes en el proceso".

Los abogados reclamaron este lunes "participaci¨®n y di¨¢logo" para alcanzar una "soluci¨®n consensuada" entre el Ministerio de Justicia y los profesionales jur¨ªdicos, incluidos los abogados, antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevista para el 5 de diciembre. Todas las asociaciones de jueces y fiscales han criticado el nuevo proceso de investigaci¨®n penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que llaman "ley de punto final", que limita el tiempo de las instrucciones a un plazo de entre seis y dieciocho meses.

El titular de Justicia, Rafael Catal¨¢, intenta aplacar las cr¨ªticas pr¨¢cticamente un¨¢nimes. El ministro asistir¨¢ este martes a la reuni¨®n del Consejo Fiscal para tratar de acercar posturas sobre el nuevo modelo, que plantea un plazo de seis meses para instruir las causas ordinarias y de dieciocho para las complejas, en ambos casos prorrogables a instancias del fiscal o, de forma excepcional y justificada, de una de las partes.

Catal¨¢ ha explicado que no tiene intenci¨®n de retirar la ley o aplazar la entrada en vigor como le exigen las asociaciones de jueces y fiscales. Ofrecer¨¢ m¨¢s fiscales sustitutos y apoyo inform¨¢tico. Tambi¨¦n instrucciones a los secretarios judiciales para que den traslado de las causas.

El Consejo de la Abogac¨ªa ha destacado, asimismo, que, de acuerdo con la ley, los abogados, "en defensa de los intereses de las partes procesales", tambi¨¦n pueden solicitar al juez de instrucci¨®n,?junto con los fiscales, la ampliaci¨®n de los plazos para la finalizaci¨®n de la instrucci¨®n.

El pasado 16 de octubre, seis asociaciones de jueces y fiscales hicieron p¨²blico un comunicado conjunto en el que piden la suspensi¨®n de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerarla una "ley de punto final". Nunca antes tantas asociaciones de jueces y fiscales hab¨ªan firmado un comunicado as¨ª. Al mismo tiempo, ya han firmado una carta similar m¨¢s de 1.000 fiscales de un total de 2.500. El comunicado lo firman Jueces para la Democracia, Asociaci¨®n de Fiscales, Asociaci¨®n de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente Asociaci¨®n Profesional e Independiente de Fiscales y Uni¨®n Progresista de Fiscales. La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, no suscribi¨® ese comunicado, pero rechaza el sistema de plazos en la instrucci¨®n y reclama su modificaci¨®n.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, Juan Luis Ibarra, ha considerado que las ¨²ltimas modificaciones de la instrucci¨®n penal llevadas a cabo no mejoran la "calidad y eficiencia" de la Justicia. Asimismo, ha defendido que se necesita un proyecto global de modernizaci¨®n del sistema de justicia para mejorar la "calidad, su eficiencia y la independencia judicial", informa Europa Press.