Sensatez constitucional (y democr¨¢tica)

La resoluci¨®n del Parlamento de Catalu?a estableciendo el inicio del "proceso de desconexi¨®n" del Estado espa?ol era de una extraordinaria gravedad pol¨ªtica y constitucional. Requer¨ªa con urgencia su depuraci¨®n. El Tribunal Constitucional (TC) la ha anulado antes de trascurrido un mes desde su aprobaci¨®n. Debemos estar satisfechos porque haya sabido dar al asunto la prioridad que las circunstancias requer¨ªan, lo que no siempre ha sido capaz de hacer.

Como se ha afirmado de forma certera (Enric Fossas), la Resoluci¨®n del Parlament fue una aut¨¦ntica "declaraci¨®n de insurrecci¨®n". No otro calificativo merece que se declare "depositario de la soberan¨ªa" y "expresi¨®n del poder constituyente"; que se sienta legitimado para declarar "solemnemente" el "inicio del proceso de creaci¨®n de un Estado catal¨¢n independiente", abriendo un "proceso constituyente"; que proclame el incumplimiento de las decisiones de las instituciones del Estado espa?ol ¡ªen particular del TC, al que considera carente de legitimidad y competencia¡ª; y que inste al futuro Gobierno de la Generalitat a "cumplir exclusivamente" las normas o los mandatos emanados del Parlamento de Catalu?a.

Una declaraci¨®n tan n¨ªtida y expl¨ªcita de desobediencia a la legalidad y a los fundamentos de la Constituci¨®n no pod¨ªa ser reducida a mero acto parlamentario declarativo, cuyos efectos pr¨¢cticos son dif¨ªciles de entrever. Lo contrario significar¨ªa reducir a pura palabrer¨ªa los fundamentos del sistema parlamentario de gobierno; es decir, la configuraci¨®n del Parlamento, en su condici¨®n de c¨¢mara representativa de la ciudadan¨ªa, como la instituci¨®n suprema de direcci¨®n pol¨ªtica a cuyos acuerdos debe supeditarse el ejecutivo. Es lo que ha pretendido hacer creer la defensa jur¨ªdica del Parlament ante el TC. Pero el propio president afirm¨® que de lo que se trataba era de "enga?ar al Estado". Otra cosa es que la exigencia de responsabilidad (incluso penal) se limite a los actos concretos de aplicaci¨®n pr¨¢ctica de lo establecido en la Resoluci¨®n... cuando est¨¦n expresamente tipificados como antijur¨ªdicos.

Sorprende que la mayor¨ªa parlamentaria en Catalu?a se sienta democr¨¢ticamente legitimada y pol¨ªticamente capaz de aventurarse por el camino establecido en la Resoluci¨®n ahora anulada. El respeto a la legalidad (rule of law) es un elemento incuestionable, que llev¨® al independentismo escoc¨¦s a afirmar que Escocia ser¨ªa independiente de forma legal y acordada con el Reino Unido o no lo ser¨ªa; una asunci¨®n que, afirmaban, los diferenciaba radicalmente del proceso seguido en Catalu?a. Y el principio democr¨¢tico, entendido como lo hace esa mayor¨ªa parlamentaria, solo es "superficialmente persuasivo" ¡ªcomo afirm¨® el Tribunal Supremo de Canad¨¢ en el Dictamen sobre la secesi¨®n de Quebec¡ª, pero "resulta inaceptable porque malinterpreta el significado de la soberan¨ªa popular y la esencia de la democracia constitucional".

El Constitucional no pod¨ªa escurrir el bulto ni eludir la cuesti¨®n. La nitidez de la resoluci¨®n imped¨ªa cualquier intento de salvar su constitucionalidad, incluso aun recurriendo a la t¨¦cnica de la "interpretaci¨®n conforme" (V¨ªctor Ferreres).

Alberto L¨®pez Basaguren es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco.