El caso G¨®mez de la Serna

Casi como pr¨®logo a la constituci¨®n del Parlamento y comienzo de la XI legislatura, el juez Jos¨¦ de la Mata, en funciones de guardia, ha dictado el 12 de enero auto de admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella criminal de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n contra 15 personas, entre las que se encuentran el diputado Pedro G¨®mez de la Serna y el exdiputado y exembajador en la India, Gustavo de Ar¨ªstegui, y ha dictado la orden urgente de entrada y registro en el domicilio de la sociedad Scardovi, situada en la calle Fernando el Santo 27 de Madrid, direcci¨®n del bufete privado del diputado.

El juez explica que siendo G¨®mez de la Serna (en la foto aparece cuando se dirige a la tribuna en la sesi¨®n de constituci¨®n del Parlamento, junto a Mariano Rajoy) vocal suplente de la Diputaci¨®n Permanente desde la disoluci¨®n del Parlamento, el pasado 27 de octubre, hasta la constituci¨®n del nuevo Parlamento, en el d¨ªa de hoy, ya gozaba de fuero al que le da derecho el estatuto parlamentario, fuero que ha renovado, por as¨ª decir, al constituirse las nuevas Cortes.

En la orden de entrada y registro urgente se puntualiza que G¨®mez de la Serna, diputado, goza de la inviolabilidad parlamentaria y que, por tanto, no se autoriza la inspecci¨®n de su despacho personal. La orden recae, pues, sobre la sociedad Scardovi, objeto tambi¨¦n de la investigaci¨®n. El juez, pues, ha tenido cuidado con no cruzar las l¨ªneas rojas.

 Pero el auto invoca el art¨ªculo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal seg¨²n el cual, al igual que ocurre con personas no aforadas, se informar¨¢ inmediatamente a un diputado o un senador cuando se admita a tr¨¢mite una denuncia o querella, los cuales podr¨¢n ejercitar su defensa "sin perjuicio en el art¨ªculo 71.2 y 3 de la Constituci¨®n Espa?ola".

 Esto es: 71.2) durante el per¨ªodo de su mandato los Diputados y Senadores gozar¨¢n asimismo de inmunidad y s¨®lo podr¨¢n ser detenidos en caso de flagrante delito, 71.3) no podr¨¢n ser inculpados ni procesados sin la previa autorizaci¨®n de la C¨¢mara respectiva y en las causas contra Diputados y Senadores ser¨¢ competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

 Seg¨²n el auto "no se fija la competencia del Tribunal Supremo m¨¢s que cuando se comprueba que existen indicios s¨®lidos de responsabilidad frente a un aforado. No basta cualquier sospecha o conjetura. No son suficientes las posibilidades m¨¢s o menos cercanas, o las alusiones indirectas".

 El juez valora la denuncia de una serie de hechos e indicios contra las 15 personas e individualiza las actividades de G¨®mez de la Serna y de la sociedad de la que es administrador ¨²nico, Scardovi, implicada en el cobro de comisiones (presuntos delitos de corrupci¨®n, cohecho, blanqueo de capitales y organizaci¨®n criminal).

 El auto se?ala que la instrucci¨®n debe intentar, incluso, recibir declaraci¨®n a la persona aforada si ella voluntariamente se presta a ella, aparte de darle traslado de las actuaciones a efectos de que si as¨ª lo desea se persone en ellas.

La decisi¨®n del juez De la Mata se apoya en diferentes sentencias del Tribunal Supremo en las que la justicia ordinaria podr¨ªa investigar inicialmente las conductas presuntamente delictivas de un aforado antes de elevar una exposici¨®n razonada al Supremo.

Recientemente, la juez Mercedes Alaya, plante¨®, en 2013, una actuaci¨®n similar, aunque no id¨¦ntica, en relaci¨®n a personas aforadas en el caso de los ERE de Andaluc¨ªa, Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n recurri¨® la decisi¨®n con el argumento de que no se delimitaban las conductas delictivas y que la competencia era del Tribunal Supremo. La Audiencia de Sevilla anul¨® el auto de la juez Alaya el 13 de diciembre de 2013.

 ?Fin de la historia?

 Las diferencia entre el auto de la juez Alaya y el del juez De la Mata es que mientras en el primero "no se explica ni siquiera someramente qu¨¦ hechos concretos haya podido cometer cada uno de los aforados que pudieran ser constitutivos de delito", seg¨²n fallaba la Audiencia de Sevilla, el juez De la Mata ha admitido una querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y ha individualizado la conducta presuntamente delictiva de G¨®mez de la Serna.

 En otros t¨¦rminos, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juez atribuyen al diputado de forma inequ¨ªvoca y directa haber cometido o estar implicado en un hecho o varias actividades presuntamente delictivas.

 "La conclusi¨®n" escribe De la Mata, "es que debe agotarse la instrucci¨®n de la causa, a fin de permitirse una m¨¢s fundada decisi¨®n, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de racionalidad penal sino de los que pueda haber de participaci¨®n en ella de la persona aforada. Para ello deben depurarse en el juzgado de instrucci¨®n de origen cuantas diligencias sean precisas para completar la investigaci¨®n de los hechos...".

 La interpretaci¨®n del art¨ªculo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal no es pac¨ªfica. De la Mata se apoya en sentencias del Tribunal Supremo.

 Pero el art¨ªculo en cuesti¨®n ha sido concebido para que la instrucci¨®n de una causa contra un aforado en el Supremo permitiera tomar declaraci¨®n a un diputado o senador de manera voluntaria en calidad de imputado o imputado provisional antes de solicitar el suplicatorio a las C¨¢maras precisamente para adoptar la decisi¨®n o no de hacerlo.

 Habr¨¢ que ver, pues, la reacci¨®n de la defensa de G¨®mez de la Serna. Si quiere aclarar los hechos, bien podr¨ªa acogerse al derecho de defensa que le ofrece el juez De la Mata....