¡®Caso Acuamed¡¯: as¨ª se infl¨® la factura de la desaladora estropeada
El acuerdo para pagar la reparaci¨®n se frustr¨® porque FCC exig¨ªa cobrar un sobrecoste del 20% La contrata insist¨ªa en que le deb¨ªan liquidar 10 millones m¨¢s de lo estimado por los t¨¦cnicos

El presupuesto modificado de la desaladora del Bajo Almanzora indica que la toma de agua de mar de la obra civil debe costar 3,5 millones de euros. A la hora de hacer la liquidaci¨®n, los t¨¦cnicos encargados de la direcci¨®n de obra calculan que el gasto final es de 4,6 millones. La contratista, en cambio, lo valora en 5,4 millones. Sucede algo similar con los equipos mec¨¢nicos. Donde los t¨¦cnicos dicen 13,2 millones, la constructora afirma que son 14,2. Y as¨ª, mill¨®n a mill¨®n, la factura va engordando. Las diferencias entre contratista y direcci¨®n de obra quedaron reflejadas en un documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, incluido en el sumario del caso Acuamed. Las divergencias en la liquidaci¨®n de esa obra ¡ª10 millones de euros, un 20% m¨¢s de lo presupuestado¡ª son la ra¨ªz de la desavenencia y del posterior pacto fallido que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
La desaladora del Bajo Almanzora, planificada para llevar "20 hect¨®metros c¨²bicos de agua garantizada al Levante almeriense" ¡ªas¨ª rezaba la publicidad institucional¡ª, es hoy una mole de hormig¨®n que lleva tres a?os inutilizada en una comarca que sufre la sequ¨ªa como pocas. Con la obra apenas terminada, unas lluvias torrenciales inundaron la instalaci¨®n el 28 de septiembre de 2012. No ten¨ªa seguro. Empezaba entonces un pleito entre el Ministerio de Agricultura, de quien depende la empresa p¨²blica Acuamed, y la contratista (una UTE formada por FCC y Abengoa) que ha desembocado en la Operaci¨®n Frontino: la investigaci¨®n de una red corrupta con 13 detenidos y que ya se ha cobrado una dimisi¨®n en el Gobierno.
El sobrecoste en la liquidaci¨®n de la obra y la reconstrucci¨®n de la desaladora tras la riada est¨¢n en el germen del conflicto. El auto con el que el juez Velasco envi¨® a la c¨¢rcel sin posibilidad de fianza a cuatro directivos de Acuamed y al m¨¢ximo responsable de una constructora explica que el director general de la empresa p¨²blica, Arcadio Mateo, pact¨® con la contratista de la obra que ella sufragar¨ªa el 60% de la reparaci¨®n y Acuamed, el 40% ("cuando no es responsabilidad de la Administraci¨®n"). Ese dinero, seg¨²n el auto, se le compensar¨ªa a FCC con otras obras "al parecer pactadas desde muy alto nivel en el ministerio". Son los 40 millones de euros de compensaci¨®n que el juez cree que se generaron artificialmente en la descontaminaci¨®n de Flix, tambi¨¦n adjudicada a FCC, mediante "modificados ficticios irreales". Fue una denuncia ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la que permiti¨® sacar a la luz estos acuerdos.
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El entonces director de Ingenier¨ªa y Construcci¨®n de Acuamed, Francisco Valiente, llev¨® al fiscal el mismo escrito ¡ªy 60 folios de documentaci¨®n anexos solo sobre el caso de la desaladora estropeada¡ª con el que previamente hab¨ªa intentado, sin ¨¦xito, que Acuamed investigara los hechos. Su denuncia, presentada en marzo de 2014, relata que el pacto para asumir con dinero p¨²blico la reparaci¨®n de la desaladora no lleg¨® a firmarse porque la constructora exig¨ªa que antes se le abonara la liquidaci¨®n de la obra.
El juez Velasco se?ala en su auto que "la oposici¨®n de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades" lo impidieron, as¨ª como el hecho de que se presentara la denuncia. El Gobierno, a?ade, hab¨ªa presupuestado la "compensaci¨®n indebida" en las cuentas de 2015 y las de 2016.
¡°Fue el ¨²nico que asumi¨® la responsabilidad¡±
Poco despu¨¦s de que unas fuertes riadas da?aran gravemente la desaladora de Bajo Almanzora, un ingeniero, el encargado de Explotaci¨®n, intent¨® en solitario arreglar el desastre, seg¨²n el relato de tres p¨¢ginas que Valiente hizo llegar al consejo de administraci¨®n de Acuamed y que ahora est¨¢ en el sumario del caso Frontino. "Fue el ¨²nico que asumi¨® la responsabilidad que le correspond¨ªa", escribe Valiente. Orden¨® al contratista que reparara la planta. Y envi¨® "constantes peticiones de ayuda" a la direcci¨®n de la empresa, comunicaciones que tambi¨¦n han llegado al juez que instruye la causa.
El director de obra recomienda a Acuamed que resuelva el contrato y que repare de forma urgente la planta (adjudicando la obra a otra empresa), para despu¨¦s pasarle la factura a FCC, a quien considera responsable de carecer de un seguro de da?os por agua. Este ingeniero llega a calcular los costes de asumir la reparaci¨®n de esa manera: 8,5 millones de euros. Sin embargo, la direcci¨®n de Acuamed no reacciona, seg¨²n el relato de Valiente. El presupuesto va "aumentando dr¨¢sticamente" a medida que pasan los meses y la planta permanece abandonada a su suerte. Desde el 25 de octubre de 2012 al 10 de diciembre de ese mismo a?o, el coste se incrementa un 40%. El 25 de enero de 2013 el sobrecoste alcanza ya el 50%, seg¨²n calcula el ingeniero.
"La direcci¨®n de Acuamed no tom¨® decisi¨®n alguna", se?ala Valiente en su escrito. Lo que empez¨® siendo un problema de "unos pocos millones de euros" crece hasta convertirse en "un grav¨ªsimo problema de decenas de millones de euros". El ingeniero describe en sus comunicaciones con la empresa la decisi¨®n de Acuamed: no actuar e intentar llegar a un acuerdo con el contratista. En un correo electr¨®nico de noviembre de 2012 habla de ese pacto: dice que no lo discute y lo acata, pero no lo comparte.
Valiente llega a Acuamed en marzo de 2013. En aquella ¨¦poca ya estaba jubilado. Lo llama meses antes el propio Arcadio Mateo, una de las cinco personas encarceladas sin fianza en el marco de la Operaci¨®n Frontino, para ofrecerle el puesto. Finalmente le nombra el consejo de administraci¨®n de la empresa p¨²blica. Al poco tiempo de llegar, en el mes de abril, visita la desaladora y comprueba que ya est¨¢ "arruinada". Es entonces cuando se entera, seg¨²n su relato, de que Acuamed ya ha negociado un "principio de acuerdo" con la UTE, seg¨²n el cual los costes de la reparaci¨®n los asumir¨ªa en un 40% la empresa p¨²blica y en un 60% el contratista.
El acuerdo no lleg¨® a materializarse, asegura el denunciante, porque la empresa exig¨ªa como condici¨®n previa que se le pagara la liquidaci¨®n pendiente de la obra. FCC calcul¨® en 9,5 millones de euros el importe que se le adeudaba por los trabajos realizados, es decir, m¨¢s de un 20% por encima del ¨²ltimo presupuesto aprobado. El juez Velasco se refiere a ello en su auto: la empresa no permite la liquidaci¨®n de la obra "pretendiendo que los aproximadamente dos millones que podr¨ªan deb¨¦rseles se conviertan en 10, con un perjuicio para la Administraci¨®n de ocho millones de euros". Efectivamente, el director de obra calcula en el documento aportado al caso que los trabajos han costado un 3,7% m¨¢s de lo presupuestado (2 millones de euros), no el 20% que pide FCC. La empresa, por su parte, mantiene que las cantidades que reclama responden a trabajos efectivamente realizados.
El denunciante avis¨® tambi¨¦n a un representante de Hacienda
La denuncia que el ingeniero de caminos Francisco Valiente present¨® ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, y que dio lugar a la investigaci¨®n de la Audiencia Nacional, hab¨ªa pasado previamente por varias manos. Valiente, entonces director de Ingenier¨ªa y Construcci¨®n de Acuamed, habl¨® varias veces con el director financiero de la empresa p¨²blica, Carlos An¨ªbarro, el representante de Patrimonio del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda). Seg¨²n relata Valiente en una carta abierta que ha dirigido a los medios de comunicaci¨®n, durante las tres primeras semanas del mes de marzo de 2014 le inform¨® de que le estaban dando ¨®rdenes para "cambiar los informes t¨¦cnicos para una adjudicaci¨®n" y para "certificar, para poder pagar, una cantidad que no estaba justificada y asumir una parte de la reparaci¨®n necesaria". Valiente asegura que An¨ªbarro le dijo que hab¨ªa hablado con la Direcci¨®n General de Patrimonio del Estado y que les llamar¨ªan para tener una reuni¨®n. "Esa reuni¨®n nunca se produjo", se?ala.
Cuando Valiente intent¨® poner el caso en conocimiento del consejo de administraci¨®n de Acuamed (en el que hay representantes de varios ministerios), tampoco lo tuvo f¨¢cil. Asegura que el abogado del Estado del Ministerio de Agricultura, Pablo Fern¨¢ndez, organiz¨® una reuni¨®n para el 25 de marzo de 2014. El d¨ªa anterior "cancel¨® esa reuni¨®n".
Finalmente, Valiente opt¨® por enviar un notario a Acuamed para asegurarse de que la informaci¨®n llegara a su destino. El notario fue atendido por An¨ªbarro y por Javier Moya, abogado del Estado y entonces director jur¨ªdico de Acuamed. Seg¨²n el relato del denunciante, ambos examinaron la carta y la documentaci¨®n adjunta (100 p¨¢ginas en total) y "declinaron hacerse cargo de la c¨¦dula de notificaci¨®n".
El 2 de abril de 2014 Acuamed comunica a Valiente que la empresa "ha decidido desistir de la relaci¨®n laboral especial como alto cargo". Es decir, le echa. Apenas 20 d¨ªas antes Valiente hab¨ªa recibido otra carta en la que el responsable de recursos humanos le comunicaba que hab¨ªa superado en un 108% los objetivos fijados por la empresa para 2013, por lo que cobrar¨ªa al a?o siguiente el m¨¢ximo bonus posible, 12.000 euros para un a?o completo. Una prueba m¨¢s, opina el denunciante, de que la decisi¨®n de despedirle respondi¨® ¨²nicamente a que hab¨ªa puesto una patata muy caliente sobre la mesa de Acuamed.
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