La actuaci¨®n de la juez Alaya en el ¡®caso ERE¡¯ libra a dos acusados

Las primeras prescripciones de delitos del caso ERE son ya una realidad. La Audiencia de Sevilla ha anulado las imputaciones de dos empresarios y lo achaca a la inacci¨®n de la anterior instructora, Mercedes Alaya, que dej¨® pasar cuatro a?os en imputarles e ignor¨® las m¨²ltiples alertas de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Junta andaluza para que actuara, con lo que pas¨® el tiempo. Cuando fueron acusados, en 2015, ya hab¨ªan pasado m¨¢s de 10 a?os desde que recibieron las subvenciones, por lo que los posibles delitos hab¨ªan prescrito.

La juez abri¨® durante sus casi cinco a?os de instrucci¨®n una pieza tras otra hasta acumular diversas macrocausas contra la gesti¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa mientras rechazaba el apoyo de otros jueces brindado desde el Poder Judicial.

Esta semana, los jueces de la Audiencia de Sevilla ¡ªhoy compa?eros de Alaya en la Secci¨®n S¨¦ptima¡ª subrayan la dejaci¨®n de la magistrada porque durante cuatro a?os no tramit¨® las peticiones de la fiscal¨ªa y, sobre todo, de la Junta andaluza, que present¨® hasta 13 escritos diferentes ¡ªdel 28 de octubre de 2011 al 25 de julio de 2014¡ª que por sistema ignor¨® Alaya. Si la juez se hubiera pronunciado sobre ellos, el reloj de la prescripci¨®n se habr¨ªa parado. "Es indignante que no se recupere ese dinero porque la juez meti¨® en un caj¨®n los escritos", censuran fuentes del caso.

Luis Garc¨ªa, empresario y secretario de Organizaci¨®n del PSOE en Las Navas de la Concepci¨®n (Sevilla), recibi¨® 270.000 euros del fondo de los ERE para la cooperativa Virgen de Bel¨¦n el 13 de enero de 2004. Juan Manuel Prieto obtuvo otra ayuda directa de 180.000 euros para la asociaci¨®n Asnadis el 17 de mayo de 2002. Cuando la Guardia Civil describi¨® sus ayudas a finales de 2014 en un atestado policial, Alaya decidi¨® imputarles en un auto del 6 de febrero de 2015. Pero ya era demasiado tarde para acusarles.

Un mes despu¨¦s, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se percat¨® del error y pidi¨® el archivo de las actuaciones contra 12 empresarios porque la juez hab¨ªa actuado tarde. Ahora, un a?o despu¨¦s, la Audiencia ha contestado a los recursos de los empresarios que reclamaron el archivo ante el Juzgado de Instrucci¨®n 6, que evit¨® resolver a favor o en contra. Lo previsible es que tras este archivo se sucedan otras 10 prescripciones firmes, dado que el criterio de la Audiencia servir¨¢ de faro para la nueva instructora Mar¨ªa N¨²?ez.

Los jueces aclaran en su auto que una sola resoluci¨®n de Alaya habr¨ªa parado el reloj, pero que esta nunca se produjo durante cuatro a?os: "Ninguna de aquellas otras resoluciones re¨²ne la condici¨®n [necesaria]". "Hasta ese momento lo que en la causa ten¨ªa lugar en esa l¨ªnea de investigaci¨®n sobre empresas de la Sierra Norte era ¡ªperm¨ªtasenos la expresi¨®n¡ª una indagaci¨®n a ver qu¨¦ subvenci¨®n o ayuda hab¨ªa sido concedida ilegalmente vista la enormidad de la actuaci¨®n presuntamente delictiva de terceras personas inmersas en los c¨ªrculos de poder".

Hace un a?o, Anticorrupci¨®n estableci¨® el l¨ªmite de 450.000 euros para que a una subvenci¨®n superior a esa cantidad le fuera aplicados los 15 a?os de prescripci¨®n en lugar de los 10 habituales. Como estas dos primeras ayudas son menores han quedado prescritas al seguir la Audiencia el criterio de los fiscales. Una gran pregunta sin resolver es por qu¨¦ la Guardia Civil tard¨® tres a?os en elaborar el atestado de la Sierra Norte de Sevilla en el que se inclu¨ªan estas ayudas.

Alaya ya sufri¨® otras prescripciones, pero en el caso Mercasevilla no en los ERE, archivos que beneficiaron a los hermanos constructores de la ministra de Empleo en funciones, F¨¢tima B¨¢?ez.