El consejero de Econom¨ªa andaluz niega cualquier irregularidad en la adjudicaci¨®n de proyectos
El tribunal contencioso vuelve a rechazar un recurso del Colegio de Arquitectos que denunci¨®
El consejero de Conocimiento y Econom¨ªa de Andaluc¨ªa, Antonio Ram¨ªrez de Arellano, ha declarado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) para aclarar los t¨¦rminos de la adjudicaci¨®n por parte de la Universidad de Sevilla de dos contratos menores cuestionados por el Colegio de Arquitectos de la capital andaluza. Arellano ha negado cualquier irregularidad en su gesti¨®n, ha explicado c¨®mo se encargaron los proyectos y ha defendido que no existe relaci¨®n alguna, ni de ¨¦l a t¨ªtulo personal ni de la instituci¨®n acad¨¦mica que promovi¨® el edificio, con la empresa adjudicataria del proyecto b¨¢sico. A sus argumentos se ha sumado, de forma paralela, el Juzgado Contencioso-Administrativo n¨²mero 11 de Sevilla, que ha declarado inadmisible el ¨²ltimo recurso del ente profesional sobre este asunto.
El Colegio de Arquitectos ha promovido numerosos procesos (hasta nueve, seg¨²n la universidad) por la construcci¨®n de un edificio universitario de espacios tecnol¨®gicos, conocido como Centrius, que promovi¨® Joaqu¨ªn Luque Rodr¨ªguez, elegido rector en 2008 y anterior vicerrector de Infraestructuras. Este ¨²ltimo cargo lo asumi¨® Antonio Ram¨ªrez de Arellano ese mismo a?o, a quien le lleg¨® la orden de iniciar los tr¨¢mites del proyecto dos meses despu¨¦s de su designaci¨®n.
Para aprovechar condiciones administrativas del momento, se encarg¨® un proyecto b¨¢sico por "procedimiento negociado sin publicidad", una f¨®rmula prevista en la legislaci¨®n vigente en ese a?o que consiste en recabar tres ofertas limitadas a 60.000 euros sin IVA y negociar con una o varias de ellas. El Colegio de Arquitectos entiende que esta adjudicaci¨®n se deber¨ªa haber hecho por concurso y, tras no obtener una respuesta satisfactoria en los tribunales contenciosos administrativos, ha recurrido a la v¨ªa penal al considerar que se pudieron cometer delitos de prevaricaci¨®n administrativa y falsedad en documento p¨²blico.
El TSJA ha citado esta ma?ana al consejero para determinar si el caso debe ser enjuiciado y no porque disponga de indicios de culpabilidad. "Ha sido una declaraci¨®n normal y el Colegio de Arquitectos de Sevilla no se ha personado", ha explicado el consejero tras declarar.
"Me voy tranquilo. Todas las operaciones han estado presididas por actuaciones regulares y legales. En ning¨²n caso se produce ning¨²n problema econ¨®mico, hemos defendido como debemos la gesti¨®n de dinero p¨²blico. No creo que haya ninguna connotaci¨®n pol¨ªtica porque yo no era un cargo pol¨ªtico en 2008, era vicerrector de la Universidad de Sevilla".
Arellano ha atribuido la utilizaci¨®n de la v¨ªa penal por parte del Colegio de Arquitectos a criterios "oportunistas". "La hacen porque ve¨ªan peligrar el contencioso administrativo y perder el caso. Si hay alg¨²n error es por un cauce del procedimiento administrativo. Ni a m¨ª ni a la Universidad nos une nada con los arquitectos adjudicatarios de los contratos ni antes ni despu¨¦s. Las 80 empresas que se presentaron al concurso estaban al tanto de todo y fue p¨²blico¡±, ha afirmado.
En esta l¨ªnea, la magistrada del juzgado n¨²mero 11, Mar¨ªa de las Mercedes Romero Garc¨ªa, ha rechazado el ¨²ltimo recurso del Colegio de Arquitectos por "interposici¨®n extempor¨¢nea". Entiende la juez que el plazo de interposici¨®n estar¨ªa prescrito puesto que los actos impugnados ya hab¨ªan sido notificados al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) en tiempo y forma por la Universidad y la entidad profesional tuvo "perfecto conocimiento y notificaci¨®n de los actos objeto del recurso".
Ram¨ªrez de Arellano es el primer consejero en activo de Susana D¨ªaz investigado por el TSJA. Ciudadanos, con cuyo apoyo gobierna el PSOE en Andaluc¨ªa, ya ha anunciado que no pedir¨¢ su dimisi¨®n y la presidenta andaluza ha reducido el asunto a un ¡°conflicto de arquitectos¡± que no supondr¨¢ el cese del consejero. Solo el PP reclama la destituci¨®n.
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