Una exparlamentaria del PP acusa a Pujalte de enga?o y falsedad
Ana Torme se persona como perjudicada en el procedimiento contra su excompa?ero de esca?o
La exdiputada y exsenadora del PP Ana Torme present¨® un escrito en la Fiscal¨ªa en el que acusa a su excompa?ero de esca?o Vicente Mart¨ªnez-Pujalte de enga?o y de falsedad. La fiscal jefe de Valladolid, Esther P¨¦rez, ha presentado una denuncia contra ambos por falsedad y cohecho, pero Torme ha pedido personarse como perjudicada y denunciante.
Ambos fundaron juntos la empresa Sirga XXI siendo diputados, pero Torme asegura que ella no hac¨ªa nada, aunque recib¨ªa una n¨®mina que compatibilizaba con el esca?o. La exdiputada asegura en su escrito que "estos simples datos me hacen dudar de la veracidad de las facturas emitidas, de los pagos efectuados y, por consiguiente, de la realidad de los trabajos. Reitero: me hacen dudar porque nadie me ha dado explicaciones".
La denuncia de la fiscal¨ªa es la primera de este tipo contra parlamentarios por actividades realizadas al tiempo que ocupaban un esca?o.
Incumplir el Reglamento del Congreso
El PP en la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado impidi¨® con su mayor¨ªa absoluta la pasada legislatura que Vicente Mart¨ªnez-Pujalte fuera sancionado por sus negocios privados.
El PSOE consideraba que los pagos regulares de una constructora revelados por EL PAIS podr¨ªan vulnerar el art¨ªculo 17 del Reglamento del Congreso que asegura que ¡°los diputados no podr¨¢n invocar o hacer uso de su condici¨®n de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional¡±.
Los socialistas entend¨ªan que las declaraciones del empresario que le pagaba asegurando que lo hac¨ªa, precisamente, por su condici¨®n de diputado confirmaban que hab¨ªa vulnerado ese art¨ªculo del Reglamento.
Pujalte asegura que el Congreso aval¨® esa actividad y la aprob¨® en pleno. En realidad, el Congreso solo recibe la declaraci¨®n del parlamentario, en este caso la propiedad y actividad de la empresa, pero no tiene capacidad para verificar y, mucho menos, sancionar. De hecho, aseguran que cumplen la exigencia legal de no contratar con administraciones p¨²blicas y en algunos casos se ha demostrado que s¨ª lo hac¨ªan, sin que haya habido sanci¨®n alguna.
Es decir, los diputados solo pueden tener actividad al margen del esca?o si lo autoriza el Congreso, pero la C¨¢mara da el visto bueno casi a ciegas.
El escrito relata la actividad de la empresa y concluye que llega "a la certeza de que hab¨ªa sido enga?ada y teniendo en cuenta las peticiones infructuosas para que mi socio aclarase que la prestaci¨®n de asesoramiento empresarial las hab¨ªa realizado y cobrado exclusivamente Vicente Mart¨ªnez-Pujalte, presumiendo un ¨¢nimo espurio en sus intenciones decid¨ª poner los datos de los que dispongo en manos de las autoridades competentes". Torme recuerda que el 23 de abril de 2015 EL PA?S public¨® una informaci¨®n sobre los pagos de una constructora a Pujalte. La exsenadora del PP asegura, adem¨¢s, que se enter¨® de los detalles por esa informaci¨®n que reproduce en el escrito y tambi¨¦n de que antes cobraba de esa empresa Federico Trillo, ahora embajador en Londres.
Casi todo el escrito sirve para explicar que era Pujalte quien captaba clientes y les asesoraba, y que ella no ten¨ªa actividad. A pesar de eso, admite que cobr¨® 19.956 euros en 2009; 27.456 euros en 2010 y 35.380 euros en 2011. Ella era entonces diputada y en 2011 pas¨® a ser senadora, hasta diciembre de 2015. Torme lleg¨® a ser entre 2003 y 2008 portavoz adjunta del grupo Popular en el Congreso.
Torme recuerda que ha descubierto ahora que algunas de las empresas que pagaron a la sociedad que compart¨ªa con Pujalte estaban vinculados a otros dirigentes del PP como Gustavo de Aristegui y Pedro G¨®mez de la Serna.
"La evidencia de que mi socio me hab¨ªa ocultado que ten¨ªamos clientes que adem¨¢s eran amigos m¨ªos supuso para m¨ª algo m¨¢s que una desagradable noticia: fue la constataci¨®n de una verdadera ocultaci¨®n de datos por parte de quien entonces era mi socio respecto, al menos, a los administradores y due?os de esas empresas que nos pagaban, pues yo ten¨ªa el pleno convencimiento de que eran empresas de empresarios, no de pol¨ªticos", asegura.
Y a?ade: "Lo verdaderamente trascendente para m¨ª es que disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada, tres personas vinculadas a mi partido, dos de las cuales eran muy pr¨®ximas a m¨ª, facturaban a mi empresa sin que yo lo supiera".
Torme remata denunciando que "no pocos de los administradores de esas empresas que nos pagaban y a las que pag¨¢bamos tienen a sus administradores, consejeros o familiares de ellos o de personas vinculadas a los mismos en otras mercantiles, sometidos a esc¨¢ndalos de corrupci¨®n referidos a pol¨ªticos del PP". Se refiere a Alejandro Ballesteros, exdiputado del PP y socio de Ana Mar¨ªa C¨®rdoba, imputada en el caso Poniente; Juan Antonio Mora, vinculado al caso Uni¨®n y a la destrucci¨®n de pruebas de G¨¹rtel, siempre seg¨²n su propio relato; otro detenido por la Operaci¨®n Jable y Ricardo Romero de Tejada, imputado por las tarjetas opacas de Caja Madrid, entre otros.
La exparlamentaria explica en varias ocasiones que como licenciada en Geograf¨ªa e Historia no pod¨ªa intervenir en el asesoramiento a empresas. Torme concluye pidiendo ser admitida "como denunciante/perjudicada" en las diligencias abiertas tras la denuncia de la fiscal¨ªa, que avala la fiscal general del Estado.
El escrito fue presentado el 15 de juno de 2015 en la Fiscal¨ªa, cuando ya se hab¨ªa iniciado la investigaci¨®n. Torme, a trav¨¦s de su abogado Javier D¨ªaz Aparicio, ha ratificado este mi¨¦rcoles a EL PA?S esta versi¨®n aportada por la exparlamentaria a la Fiscal¨ªa.
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