Carta abierta al director general de la Polic¨ªa
Se?or Ignacio Cosid¨®, Director General de la Polic¨ªa,
Me dirijo a usted despu¨¦s de ver y escuchar el video de la declaraci¨®n del comisario principal Enrique Rodr¨ªguez Ulla (que se puede seguir en la entrada de esta p¨¢gina) ante la titular del juzgado 32 de Madrid en relaci¨®n con la investigaci¨®n del ¨¢tico de la urbanizaci¨®n La Alhambra Golf, alquilado primero, en 2008, y comprado m¨¢s tarde, en 2012, por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez. La juez de Madrid act¨²a en esta comparecencia como juez auxiliar del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 5 de Esetepona (M¨¢laga), donde est¨¢ situado el inmueble en cuesti¨®n.
El comisario Rodr¨ªguez Ulla declar¨®, pues, el pasado 3 de marzo, en calidad de testigo.
Antes de entrar en materia, me permitir¨¢ usted un peque?o pr¨®logo.
?Por qu¨¦ me decido a escribirle esta carta abierta ahora, casi dos meses y medio despu¨¦s de la declaraci¨®n?
Las partes personadas en la causa tuvieron inmediatamente el texto entregado por el juzgado. Y los medios de comunicaci¨®n reflejaron su contenido.
La declaraci¨®n recoge sucintamente, seg¨²n queda constancia en el acta, lo manifestado, habida cuenta de que se hab¨ªa procedido a la video-grabaci¨®n para enviarla a Estepona desde Madrid.
Al final del acta, antes de estampar su firma, "el testigo....estima [que el resumen] es una reproducci¨®n telegr¨¢fica de su declaraci¨®n".
A continuaci¨®n, el testigo encomienda subrayar en el texto estas palabras finales:
"E interesa que por el juzgado en que se sigue la causa para una adecuada comprensi¨®n de su declaraci¨®n se proceda a una transcripci¨®n literal de su declaraci¨®n".
Esta transcripci¨®n literal no se ha realizado. Se supone que al obrar el video en la causa, el juzgado no ha considerado necesario proceder a la misma.
Por tanto, ver el video era imprescindible.
Finalmente, el juzgado n¨²mero 5 de Estepona ha dado traslado del video a las partes personadas recientemente, el jueves 12 de mayo. He tenido, por mi parte, acceso al citado video inmediatamente.
Pero del mismo se desprend¨ªan una serie de afirmaciones y hechos aparentes que requer¨ªan una labor de comprobaci¨®n. Una vez hecho el trabajo en el curso de los ¨²ltimos diez d¨ªas, establecidas las circunstancias, procedo a escribirle.
Veamos el contexto previo a la entrada en escena del comisario principal Rodr¨ªguez Ulla, en calidad de comisario general de Polic¨ªa Judicial, en la historia del ¨¢tico.
En la segunda mitad de marzo de 2012, el Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) que, como su nombre indica es un sindicato, una organizaci¨®n gremial de personal policial, se interesa a ra¨ªz de una informaci¨®n period¨ªstica y de rumores sobre posibles sanciones a polic¨ªas, por conocer la situaci¨®n del ¨¢tico de Estepona.
El 10 de abril de 2012, en los pasillos del Senado, el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, declara que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid hab¨ªa sido investigado de manera "irregular" en agosto de 2011 sin indicios algunos de delito. Subraya que se hizo bajo responsabilidad del ministerio del Interior anterior, durante el gobierno del PSOE, y que se est¨¢ indagando para exigir responsabilidades.
El entonces presidente del SUP, Jos¨¦ Manuel S¨¢nchez Fornet, se re¨²ne con el comisario provincial de M¨¢laga, Francisco Arrebola, quien le informa que sabe por comentarios llegados desde Madrid que se ha abierto una informaci¨®n reservada y que los polic¨ªas involucrados podr¨ªan sufrir alguna sanci¨®n.
El SUP decide intervenir m¨¢s activamente. Elabora una denuncia con los datos de que dispone sobre la presunta compra irregular del ¨¢tico.
En paralelo, el 18 de abril, la Unidad de Asuntos Internos de la Polic¨ªa abre expediente al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, y le releva de su puesto. El ¨¢tico comienza a pasar factura.
El 24 de abril de 2012, el SUP env¨ªa su denuncia con los indicios disponibles a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El 10 de mayo, la Fiscal¨ªa responde por carta. Los indicios no son suficientes para abril una investigaci¨®n penal, pero s¨ª policial. Aconseja al SUP continuar sus indagaciones.
Pero un sindicato no es una agencia de investigaci¨®n. El SUP est¨¢ decidido a seguir con su pr¨¦dica. El 7 de junio de 2012, dirige su denuncia, junto con el escrito de respuesta de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, a la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial, a la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF), a la Agencia Tributaria, al presidente de la Comisi¨®n de Interior del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios del Congreso y de Andaluc¨ªa.
Y llegamos al momento en el que entra en escena Rodr¨ªguez Ulla.
Como comisario principal a cargo de la Polic¨ªa judicial no es el ¨²nico que recibe la denuncia del SUP junto con el escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Por debajo suyo, el jefe de la UDEF, el comisario principal Jos¨¦ Luis Olivera Serrano, tambi¨¦n la ha recibido.
Rodr¨ªguez Ulla convoca una reuni¨®n de la llamada "mesa operativa" para examinar los documentos. En la misma est¨¢n presentes el jefe de la UDEF, Olivera, el responsable de la Brigada de Blanqueo, el comisario Jos¨¦ Luis Fern¨¢ndez Udi?a, el jefe de la secci¨®n, y otros dos mandos policiales, presididos por Rodr¨ªguez Ulla. Seg¨²n el relato de este en el juzgado, se confiere la investigaci¨®n, tras analizar los documentos, a la UDEF y se resuelve informar a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Tambi¨¦n se decide proponer a dicha fiscal¨ªa la apertura de una investigaci¨®n formal, paralela a la indagaci¨®n discreta de la polic¨ªa que se acaba de iniciar. El jefe de la UDEF, Olivera, pide por escrito a Rodr¨ªguez Ulla que declare secretas las actuaciones, cosa a la que su superior accede. No consta, empero, que la Fiscal¨ªa abra diligencias.
Aqu¨ª, Rodr¨ªguez Ulla explica a la juez "dos comportamientos extra?os" del entonces jefe de la UDEF.
"Y digo que me cabe de calificar de comportamiento extra?o porque en contacto con el jefe de la UDEF, el se?or Olivera en ning¨²n momento me manifest¨® que hubiera recibido la UDEF ning¨²n tipo de documento. Y sn embargo el jefe de la UDEF uno o dos d¨ªas antes de recibir la documentaci¨®n en la comisar¨ªa y registrada en la comisar¨ªa general s¨ª me dijo: "Jefe, ?no has recibido del SUP unas notas con una especie de denuncia?". Le dije que no. No s¨¦ si es que se hab¨ªa recibido o ¨¦l no hizo aflorar ese documento", declara Rodr¨ªguez Ulla.
La segunda cosa extra?a, a la vista del entonces comisario general, sucede d¨ªas m¨¢s tarde.
"Este se?or, el comisario principal, el d¨ªa 22 de junio de 2012, viernes, me anuncia precipitadamente, porque no estaba previsto, que se iba de vacaciones con su esposa o pareja a Nueva York. Y el lunes siguiente, 25, me viene a ver el jefe de la Brigada de Blanqueo, Fern¨¢ndez Udi?a, y me dice: "?Sab¨ªas que Olivera hab¨ªa dejado encargado a dos funcionarios de subir a Asturias a tomar declaraci¨®n al se?or [Pedro Javier] Villate, el propietario del ¨¢tico de la Urbanizaci¨®n Alhambra Golf?". Le digo que no lo sab¨ªa. Es m¨¢s, estuvo Olivera aqu¨ª y me dijo que se iba de vacaciones y nada m¨¢s".
Rodr¨ªguez Ulla prosigue el relato. "Se hab¨ªan subido a Asturias funcionarios a tomar declaraci¨®n con la ignorancia y ninguneo, no s¨¦ si intencionado o no, del se?or jefe de la Brigada de Blanqueo, se?or Fern¨¢ndez Udi?a. Al volver [los agentes] de Asturias, uno o dos d¨ªas despu¨¦s, me cuenta lo que ha pasado y yo informo al Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino S¨¢nchez, comisario principal".
Y aqu¨ª, el jefe de la Polic¨ªa Judicial es bastante transparente.
"Y cuando le informo [de las diligencias en Asturias] lo ¨²nico que recibo all¨ª es bastante enojo".
La juez no parece entender. Y le interrumpe:
-?Bastante enojo?
-Enojo por parte del director, reproch¨¢ndonos que por qu¨¦ raz¨®n la brigada, la UDEF, estaba haciendo gestiones al respecto. Y yo le digo cu¨¢l es el motivo [para] no seguir haci¨¦ndolas, son propias de la polic¨ªa judicial. Dice: "Joder, es que no sabes que ya est¨¢ archivada la causa por parte de la Fiscal¨ªa. Perdona, le digo, es la primera noticia que tengo. Y entonces me desplazo hasta el despacho del jefe de la Brigada de Blanqueo, Fern¨¢ndez Udi?a. Y [volvemos] le damos explicaciones. Y ah¨ª [el Director Adjunto Operativo] volvi¨® a hacernos m¨¢s reproches hasta el punto que el se?or Udi?a le dijo que estaba dispuesto a irse, a abandonar su puesto, que cesaba o dimit¨ªa y el Director Adjunto Operativo le dijo que dimitir¨ªa cuando ¨¦l lo decidiera y d¨®nde ¨¦l lo decidiera"
?Qu¨¦ pasa a continuaci¨®n?
Rodr¨ªguez Ulla recuerda.
"Total que despu¨¦s de eso le anunci¨¦ al Director Adjunto Operativo que me pondr¨ªa en contacto con la Fiscal¨ªa porque no entend¨ªa que mientras la unidad operativa [UDEF] responsable de la investigaci¨®n no ten¨ªa conocimiento del acuerdo de archivo como si lo ten¨ªa ¨¦l Director Adjunto Operativo y cab¨ªa entonces pensar que seguramente lo tendr¨ªa el Director General de la Polic¨ªa [Ignacio Cosid¨®]. No hubo explicaciones razonables. Yo ped¨ª audiencia con el al Fiscal Anticorrupci¨®n. [el fiscal jefe Antonio Salinas]. All¨ª las explicaciones fueron tambi¨¦n relativas".
?Exist¨ªa este presunto acuerdo de archivo en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n al que hizo referencia Eugenio Pino en sus reproches a Rodr¨ªguez Ulla y a Fern¨¢ndez Udi?a?
No.
Es que, por definici¨®n, no pod¨ªa existir. Porque. ?c¨®mo se archiva lo que no se ha abierto? La UDEF estaba a cargo de una investigaci¨®n que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n no hab¨ªa, a su turno, asumido mediante la apertura de diligencias formales. En sus contactos con Anticorrupci¨®n, Rodriguez UIlla no tuvo nunca constancia de ese imaginario archivo. Jam¨¢s lo vio.
?Qu¨¦ le quiso decir el comisario Pino a Rodr¨ªguez Ulla y a Fern¨¢ndez Udi?a, puesto que no hab¨ªa diligencias abiertas por la Fiscal¨ªa?
Quiz¨¢ aluda al escrito del 10 de mayo de 2012 que la Fiscal¨ªa hab¨ªa dirigido al SUP en el que no estimaba la existencia de indicios suficientes como para abrir las diligencias.
Pero eso tampoco era un archivo como tal.
Esa ¨²ltima semana de junio de 2012 es, pues, cr¨ªtica.
Rodr¨ªguez Ulla recuerda: "Dos o tres d¨ªas despu¨¦s a m¨ª se me cesa como Comisario General de Polic¨ªa Judicial"
La juez pregunta:
-?Ese cese tiene que ver con estas investigaciones?
-A m¨ª, a d¨ªa de hoy nadie me dice el motivo del cese. Yo he podido escuchar o ver un mont¨®n de cosas pero yo el cese, lo ¨²nico que uno sabe o ha le¨ªdo en prensa...
-?Usted pidi¨® explicaciones?
-...donde se dec¨ªa que el motivo del cese era una p¨¦rdida o falta de confianza.
-?Le dieron alguna explicaci¨®n concreta, m¨¢s detallada?
-Simplemente le dir¨¦ las palabras exactas. Las sigo teniendo en la memoria. Cuando a mi se me cita a la Direcci¨®n General [el viernes 29 de julio] a trav¨¦s de su secretar¨ªa, el Director General [Ignacio Cosid¨®] y me recibe en su despacho y a pie de puerta como quien dice casi entrando me dice: "Enrique (porque hab¨ªamos tenido buena relaci¨®n y colaboraci¨®n), en d¨ªas como hoy estar¨ªa uno mucho mejor en el esca?o de diputado que d¨¢ndote esta mala noticia".
Rodr¨ªguez Ulla enfatiza: "Eso es literal. Yo entend¨ª que de alguna manera no era decisi¨®n suya y que por elevaci¨®n [el comisario se?ala hacia arriba con la mano derecha] vendr¨ªa de donde fuera. Y no s¨¦ si era disciplina de partido [Partido Popular] o que era, no lo s¨¦. De verdad yo entend¨ª de sus palabras y de su tono que le tocaba anunciarme esa dec¨ªsi¨®n de cesarme".
Bien.
El 3 de julio de 2012, oficializada la destituci¨®n, el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, reconoce que el Director General de la Polic¨ªa, Cosid¨®, le hab¨ªa "retirado la confianza" a Rodr¨ªguez Ulla tras la apertura de la investigaci¨®n del ¨¢tico que entonces alquilaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez. Seg¨²n el ministro una vez que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hab¨ªa decidido su archivo "esa retirada de confianza se pod¨ªa y deb¨ªa materializar en un relevo".
Pero es que no hab¨ªa ning¨²n archivo.
?Cu¨¢l es la evidencia de este archivo que el Director General de la Polic¨ªa, Cosid¨®, el Director Adjunto Operativo, Pino, y el ministro del Interior, Fern¨¢ndez D¨ªaz, (los tres en la imagen, de izquierda a derecha) dan por hecho para provocar la destituci¨®n del comisario Rodr¨ªguez Ella?
Ninguna.
?Seguro?
Absolutamente.
Porque hay una prueba de cargo de que no exist¨ªa tal archivo.
Y aparece esta prueba la aporta el 18 de julio de 2012. ?Qui¨¦n la aporta?
Pues el Director General de la Polic¨ªa. S¨ª, usted, se?or Cosid¨®.
En efecto, en su comparecencia del 18 de julio de 2012 ante la Comisi¨®n de Interior del Senado dice usted lo siguiente:
"Finalmente, quiero informarles de que la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada ha decretado, el 10 de julio pasado, el archivo del expediente, por lo que podemos afirmar que estamos, se?or¨ªas, ante una investigaci¨®n concluida".
Es decir que ni cuando el Director Adjunto Operativo, Pino, habla del archivo con Rodr¨ªguez Ulla y Fern¨¢ndez Gudi?a, tras las diligencias realizadas en Gij¨®n, Asturias, el 25 de junio de 2012, ni cuando usted, se?or Cosid¨®, lamenta tener que darle la "mala noticia" de la destituci¨®n al comisario general de Polic¨ªa Judicial, el 29 de junio, se ha adoptado decisi¨®n alguna de archivo de diligencias que, a la saz¨®n, no estaban abiertas en la Fiscal¨ªa.
En su comparecencia ante la comisi¨®n de Interior del Senado dice usted, se?or Cosid¨®, que la decisi¨®n de "archivar" se adopta despu¨¦s de que el nuevo comisario general de Polic¨ªa Judicial, se?or Garc¨ªa Losada, "entrega en mano" al fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, se?or Antonio Salinas, un informe, "el oficio n¨²mero 65 531 por el que se le da cuenta del informe negativo emitido por el Sepblac (Servicio Ejecutivo Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales) inform¨¢ndole de que, a partir de esa fecha, la Brigada Central de Blanqueo de Capitales [de la UDEF] se va a abstener de realizar nuevas averiguaciones o diligencias policiales relacionadas con este asunto, salvo que sean ordenadas por el ministerio fiscal o por la autoridad judicial competente".
Sigue sin quedar claro como se va a archivar algo que no se ha abierto.
Ahora bien, el prop¨®sito de esta carta, se?or Director General de la Polic¨ªa, es aclarar los hechos. La respuesta a unas preguntas sencillas puede ayudar a hacerlo.
?De qui¨¦n recibi¨® usted se?or Cosid¨® la orden para cesar al comisario Rodr¨ªguez Ulla ya que prefer¨ªa, seg¨²n palabras grabadas en la memoria de ¨¦ste, estar ese d¨ªa 29 de junio de 2012 en su esca?o del Congreso, como en el pasado, en lugar de anunciarle la mala noticia de su destituci¨®n?
?Por qu¨¦ raz¨®n se le orden¨® que destituyera al comisario Rodr¨ªguez Ulla cuando las investigaciones de la UDEF se hac¨ªan conformes al protocolo vigente?
?Por qu¨¦ invent¨® el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, el n¨²mero 2 del director general de la Polic¨ªa, "su n¨²mero 2" se?or Cosid¨®, y el ministro del Interior Fern¨¢ndez D¨ªaz un archivo de unas diligencias que nunca hab¨ªan sido abiertas por la Fiscal¨ªa?
La respuesta es esencial para saber qu¨¦ ocurre y que ha ocurrido en la Polic¨ªa en relaci¨®n con ciertas investigaciones de corrupci¨®n que han generado y producen tal movilizaci¨®n dentro de la UDEF y del Ministerio del Interior que cortocircuitan toda la estructura de poder. Cortocircuitos cuya expresi¨®n han sido ceses y remodelaciones sucesivas.
Una de esas movidas, precisamente, tuvo lugar en los primeros d¨ªas de julio de 2012.
El 2 de julio de 2012, la Polic¨ªa anuncia "una profunda remodelaci¨®n". Rodr¨ªguez UIla ni siquiera es mencionado en el comunicado oficial. Se designa a Jos¨¦ Garc¨ªa Losada, hasta entonces director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), al frente de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial. Jos¨¦ Luis Olivera deja la UDEF para hacerse cargo del CICO, y su puesto al frente de la unidad encargadas de las investigaciones de corrupci¨®n es ocupado el comisario principal Manuel V¨¢zquez L¨®pez.
Rodr¨ªguez Ulla es cesado y enviado a hibernar durante casi cuatro a?os, hasta aterrizar, a finales de febrero pasado en la comisar¨ªa de Extranjer¨ªa y Fronteras. Y aunque Olivera cambia de posici¨®n, conserva una influencia que Rodr¨ªguez Ulla pierde junto con su puesto.
Esa influencia de Olivera tambi¨¦n explica su participaci¨®n en ciertas operaciones especiales.
Ya a cargo de la inteligencia contra el crimen organizado, una de esas misiones es un "encargo" en el caso B¨¢rcenas. El extesorero del Partido Popular, Luis B¨¢rcenas, consigue en agosto de 2012, a trav¨¦s de Mar¨ªa Gonz¨¢lez Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, y del ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, para que Cosid¨® se haga cargo de una petici¨®n del extesorero, cuyas relaciones con Mariano Rajoy siguen siendo privilegiadas.
Se trata de hacer llegar una al Director General de la Polic¨ªa para que este, a su vez, la aporte a la UDEF, al margen del juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
El 27 de agosto de 2012, el abogado del extesorero, Alfonso Trallero (en la imagen junto a Luis B¨¢rcenas) escribe a Cosid¨®:
"[...] en cuanto superior jer¨¢rquico de los inspectores informantes de la UDEF ordene la investigaci¨®n de la identidad con la que se corresponder¨ªa el acr¨®nimo "Luis el cabr¨®n" , y que realice el correspondiente informe ampliatorio, el cual, y sin perjuicio de su mejor criterio, deber¨¢ remitirse al juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, que tramita la causa de mi representado"
Usted, se?or Director General de la Polic¨ªa, traslada esa carta del abogado Trallero, tal cual ha sido convenido de antemano, a la atenci¨®n del flamante jefe de la UDEF, el comisario principal Manuel V¨¢zquez L¨®pez.
A ra¨ªz de esta misiva, el comisario Olivera, acompa?ado de V¨¢zquez L¨®pez (ambos, de izquierda a derecha aparecen en una rueda de prensa) aceptan reunirse discretamente en los primeros de septiembre con el abogado Trallero. El encuentro tiene lugar en el pub Milford, en la madrile?a calle de Juan Bravo.
La UDEF, tras este encuentro, env¨ªa el 12 de septiembre al juez Ruz la carta que a su vez le ha entregado usted se?or Cosid¨®, d¨ªas antes de que el extesorero comparezca para prestar declaraci¨®n en el juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional. Nada m¨¢s recibir la carta, el juez Ruz se la remite a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para que se pronuncie. el 24 de septiembre, el juez dicta un auto:
"Se cursa directamente ante el Director general de la Polic¨ªa, invocando su condici¨®n de superior jer¨¢rquico de los funcionarios policiales, sin que el juez pueda valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada, conducta que se sit¨²a voluntariamente extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la direcci¨®n del mismo que legalmente tiene conferida...La iniciativa no tiene encaje, cabida o justificaci¨®n en nuestro vigente sistema procesal apart¨¢ndose de las reglas de buena fe. Se trata de una patente irregularidad procesal cuando a la autoridad policial se le solicitan determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente, tienen indudable afectaci¨®n con relaci¨®n al objeto del proceso pudiendo llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder"
El juez Ruz recomienda a la UDEF, por tanto, "abstenerse de practicar cualquier diligencia relativa a la solicitud presentada".
Lo que el juez no sabe al redactar esta resoluci¨®n es que ya ha habido a sus espaldas una "diligencia": el encuentro entre los polic¨ªas y el abogado de B¨¢rcenas en el pub Milford.
La reacci¨®n del juez Ruz llueve sobre mojado. Unos meses antes, en mayo de 2012, cuando Rosal¨ªa Iglesias declara ante el juez, la polic¨ªa la recoge en coche en su domicilio y la hace ingresar por el garaje de la Audiencia Nacional. Ruz deja constancia de que esta operaci¨®n se hace a espaldas del presidente de la Audiencia Nacional, ?ngel Juanes, y del juez decano. Es obra de la Polic¨ªa y de la comisar¨ªa de la Audiencia Nacional.
Otra de las misiones de Olivera tiene lugar el 29 de octubre de 2012, tres semanas antes de las elecciones auton¨®micas del 25 de noviembre en Catalu?a. El comisario principal a cargo del CICO y el que est¨¢ al mando de Asuntos Internos, Marcelino Mart¨ªn de Blas, se trasladan a Barcelona, y al margen, Josep Mar¨ªa Piju¨¢n, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 30, el instructor del caso Palau - financiaci¨®n irregular de Convergencia i Uni¨® - pretenden obtener de los fiscales Emilio S¨¢nchez Ulled y Fernando Bermejo el respaldo para registrar la sede de CiU. Los fiscales no encuentran fundamentos para pedir al juez la orden de entrada y registro. El fracaso conduce, el 16 de noviembre de 2012, a nueve d¨ªas de las elecciones auton¨®micas, a filtrar a la prensa un presunto borrador de la UDEF en el que se sostiene que Artur Mas y Jordi Pujol han recibido parte del dinero que empresas constructoras hab¨ªan abonado al Palau de la M¨²sica como peaje para lograr la adjudicaci¨®n de obra p¨²blicas.
M¨¢s tarde, con ocasi¨®n de la consulta del 9 de noviembre de 2014, la Polic¨ªa volver¨¢ por los fueros, esta vez con la filtraci¨®n de una cuenta falsa del ex alcalde de B¨¢rcelona, Xavier Tr¨ªas, cuenta sobre la que, seg¨²n dictamina el juez Jos¨¦ Emilio Coronado, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 16 de Madrid, en un auto del 3 de mayo de 2016, no hubo nunca confirmaci¨®n interna alguna en la UDEF.
Pero el a?o de 2012, al que hemos aludido, no cierra el movimiento de placas tect¨®nicas en el alto mando de la Polic¨ªa.
A mediados de octubre de 2013, un a?o y medio despu¨¦s de decapitar al comisario general de Polic¨ªa Judicial, el comisario principal Jos¨¦ Garc¨ªa Losada (en la imagen, abajo) es destituido de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial. Corre la misma suerte que Rodr¨ªguez Ulla en julio de 2012. Y ello despu¨¦s de decir que hab¨ªa "nombrado al comisario Garc¨ªa Losada porque considero que es el m¨¢s capaz, que es el mejor comisario general de Polic¨ªa Judicial que podemos tener en estos momentos". Son sus palabras, se?or Cosid¨®.
Y en mayo de 2014, no por ser una de las ¨²ltimas movidas resultar¨¢ menos importante, est¨¢ el cambio en la persona que lleva m¨¢s de cinco a?os investigando, entre otras, tramas como la del caso G¨¹rtel y papeles de B¨¢rcenas. El m¨¢ximo responsable de la Brigada Central de Investigaci¨®n del Blanqueo de Capitales y Anticorrupci¨®n de la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) ha pedido ser relevado de ese delicado puesto para optar a dirigir la Brigada del Banco de Espa?a.
Aquel aviso, que nos acaba de revelar el comisario Enrique Rodr¨ªguez Ulla en su declaraci¨®n del pasado 3 de marzo, es el que Jos¨¦ Luis Fern¨¢ndez Udi?a, dio al Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, en la reuni¨®n de finales de junio de 2012, se cumple dos a?os despu¨¦s.
Todos estos hechos, alguno de los cuales, como el c¨¦lebre ¨¢tico de Estepona, ha conocido cierta luz por la declaraci¨®n del comisario Rodr¨ªguez Ulla, exigen, se?or Director General de la Polic¨ªa, sus explicaciones.
Despu¨¦s de someter algunos extremos de esa declaraci¨®n judicial a unas diligencias de comprobaci¨®n, tras mantener entrevistas con las partes implicadas, me decido a compartir con usted estas averiguaciones.
La investigaci¨®n del ¨¢tico iniciada en agosto de 2011, contra lo manifestado por el ministro del Interior y por usted mismo, no por discreta, como por otra parte suele ocurrir, ha sido irregular.
Ha tenido como testigo de cargo al comisario Jos¨¦ Villarejo, quien ha aportado los informes realizadas en aquella fase inicial al juzgado de Estepona y las grabaciones realizadas a Ignacio Gonz¨¢lez en diciembre de 2012, despu¨¦s de que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid anunciase, un par de semanas ante, de que pasaba de condici¨®n de inquilino del ¨¢tico de la Urbanizaci¨®n La Alhambra Golf a propietario del mismo. Se trata de la grabaci¨®n realizada en el encuentro de la cafeter¨ªa La Mallorquina de Madrid y que ha sido aportada a la causa del ¨¢tico.
Por otra parte, esa investigaci¨®n preliminar ha sido, seg¨²n el auto del juez Adolfo Carretero, de Madrid, que instruy¨® los hechos como pieza separada a ra¨ªz de la denuncia de Ignacio Gonz¨¢lez, en septiembre de 2015, legal.
El procedimiento judicial en curso determinar¨¢ el alcance de los hechos que se ocultan en la telara?a de Delaware, Estados Unidos, donde est¨¢ registrada la sociedad titular del ¨¢tico desde 2008, Coast Investors, y su matriz, Walfort Overseas Investment Ltd. Ambas est¨¢n incorporadas en Delaware.
De momento, lo que s¨ª sabemos, gracias a declaraciones como las del comisario Rodr¨ªguez Ulla, es que ha habido un ?ticogate, es decir, una serie de intentos continuados por ahogar la investigaci¨®n en sus comienzos.
Atentamente.
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