Las instituciones mantendr¨¢n color conservador casi toda la legislatura

Casi toda la legislatura que se inicia en julio tras las elecciones del 26 de junio transcurrir¨¢ con mayor¨ªa conservadora en las principales instituciones, especialmente las que tienen influencia en la actividad legislativa de las Cortes. Es decir, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo.

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El Constitucional tiene capacidad para anular leyes si considera que son contrarias a la ley fundamental, con posibilidad de recurso previo para estatutos de autonom¨ªa; el Poder Judicial emite informes sobre las leyes y nombra magistrados para la c¨²pula judicial; y el Defensor del Pueblo tiene competencia para presentar recurso contra normas del Parlamento.

Y las tres instituciones requieren para su renovaci¨®n amplios consensos, que en la situaci¨®n previsible tras las elecciones necesitar¨¢n los votos de tres o cuatro partidos. Es decir, ser¨¢ preciso un dif¨ªcil equilibrio para completar la mayor¨ªa ¡ªde tres quintos¡ª necesaria cuando se plantee alguna renovaci¨®n.

La primera y ¨²nica que se debe abordar en el arranque de la legislatura ser¨¢ la de cuatro miembros del Tribunal Constitucional y le corresponder¨¢ al Senado. El mandato de los magistrados que tendr¨¢n que ser sustituidos vence el pr¨®ximo 29 de diciembre y, a partir de ah¨ª, el proceso dura lo que tarde la C¨¢mara. Los que salen son el presidente, Francisco P¨¦rez de los Cobos; la vicepresidenta, Adela As¨²a; y el magistrado Ricardo Enr¨ªquez, que fue nombrado en sustituci¨®n de Francisco Hernando. De esta terna era tambi¨¦n Luis Ortega, cuya plaza est¨¢ vacante desde su fallecimiento.

De ellos, dos fueron propuestos por el PP, uno por el PSOE y otro por el PNV. El actual presidente, que dejar¨¢ el cargo a final de a?o, fue especialmente pol¨¦mico porque fue militante del PP antes de acceder a la presidencia del Constitucional.

La composici¨®n inicial del Tribunal Constitucional desde 2013 era de siete conservadores y cinco progresistas, pero esa supuesta etiqueta no ha operado en la resoluci¨®n de los recursos que tienen que ver con la pol¨ªtica territorial y, especialmente, sobre Catalu?a, porque las decisiones han sido siempre por unanimidad. Es decir, no hay opci¨®n a que el Constitucional tenga una mayor¨ªa favorable a una consulta de autodeterminaci¨®n en Catalu?a, que ya ha rechazado expresamente en m¨¢s de media docena de resoluciones.

Dicho de otra forma, en el caso de que hubiera una mayor¨ªa de Podemos que impulsara la celebraci¨®n de esa consulta, el Constitucional lo frenar¨¢ si mantiene su reciente y reiterada doctrina que impide trocear la soberan¨ªa. Y los autores de esa doctrina tendr¨¢n, en todo caso, mayor¨ªa durante toda la pr¨®xima legislatura. La consulta no podr¨¢ sortear el muro infranqueable del Constitucional.

Si se plantea a trav¨¦s de una reforma de Estatuto de Catalu?a, la ¨²ltima reforma legal establece un recurso previo, es decir, el veto del tribunal antes del refer¨¦ndum. Adem¨¢s, el Constitucional tiene que resolver en los pr¨®ximos meses recursos contra las principales y m¨¢s contestadas leyes de Rajoy: la LOMCE, la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza y la prisi¨®n permanente revisable o cadena perpetua, entre otras.

Esos magistrados deben ser nombrados a partir de enero por mayor¨ªa de tres quintos, es decir, 143 de 238 senadores. Con las previsiones de resultado, la renovaci¨®n requerir¨¢ acuerdo entre el PP, el PSOE y Podemos, es decir, cada uno de esos partidos podr¨¢ proponer un candidato. Los aspirantes podr¨¢n ser propuestos desde los Parlamentos auton¨®micos.

Ser¨¢ la primera vez que el Podemos propone a un jurista para la renovaci¨®n de una alta instituci¨®n.

La mayor¨ªa cualificada que se exige y la renovaci¨®n parcial hacen irrelevante para la composici¨®n final del Constitucional que hubiera habido acuerdo entre PSOE y Podemos para ir juntos al Senado.

El PSOE, Podemos y Ciudadanos proponen cambios legales sobre el sistema de designaci¨®n de estos cargos. No obstante, no es f¨¢cil que puedan aprobar esa reforma legal antes de diciembre, cuando sea necesaria esa renovaci¨®n. La propuesta de Podemos se basa en un sistema de vetos cruzados a candidatos, y el PSOE y Ciudadanos pactaron un modelo con una comisi¨®n intermedia que examine a los propuestos.

Encarnaci¨®n Roca, Andr¨¦s Ollero, Fernando Vald¨¦s y Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas son los siguientes en salir del Constitucional. Ser¨¢ a finales de 2019, es decir, ya en el final de la legislatura, y el nombramiento le corresponder¨¢ al Congreso, tambi¨¦n por mayor¨ªa de tres quintos. Santiago Mart¨ªnez Vares y Juan Antonio Xiol fueron nombrados por el Poder Judicial el 12 de junio del 2013. Sus mandatos vencen el 12 de junio de 2022. A Pedro Gonz¨¢lez Trevijano y a Antonio Narv¨¢ez el mandato les vence tambi¨¦n el 12 de junio de 2022.

El Consejo General del Poder Judicial, que ahora tiene una clara mayor¨ªa conservadora, concluye su mandato a finales de 2018. Es decir, suponiendo que la renovaci¨®n se produzca sin retrasos, no ser¨¢ hasta la segunda parte de la legislatura. Para entonces s¨ª ser¨¢ posible que los partidos que as¨ª lo proponen en sus programas consigan cambiar el sistema de designaci¨®n de los vocales.

El m¨¢s innovador es Podemos con un sistema de elecci¨®n directa de los ciudadanos que precisar¨ªa un proceso electoral para que los espa?oles decidan entre juristas de reconocido prestigio y con 25 a?os de actividad profesional. Ciudadanos propuso un sistema que eliminaba en la pr¨¢ctica el Consejo del Poder Judicial, pero luego ha enterrado esa propuesta.

Para entonces el Constitucional habr¨¢ fallado el recurso del PSOE contra la reforma del Poder Judicial que hizo el Gobierno del PP, que reduce las funciones del pleno del Consejo y reduce las mayor¨ªas necesarias para los acuerdos, lo que favorece que la mayor¨ªa conservadora controle los nombramientos.

Hasta 2017 el Congreso y el Senado no tendr¨¢n que renovar al Defensor del Pueblo, cuando la exdiputada del PP Soledad Becerril acabe su mandato. Ser¨¢ necesaria una mayor¨ªa de tres quintos de cada C¨¢mara, es decir, un acuerdo de al menos tres de los cuatro principales partidos.

Hasta 2019 Congreso y Senado no tendr¨¢n que renovar el Consejo de RTVE, lo que supone que casi toda la legislatura funcionar¨¢ con la actual amplia mayor¨ªa conservadora.

El actual Tribunal de Cuentas, que se renueva tambi¨¦n por los tres quintos del Congreso y el Senado, no termina su mandato hasta 2021, es decir, ya en la siguiente legislatura.

El nuevo Gobierno s¨ª podr¨¢ nombrar sin acuerdo ni apoyo parlamentario al presidente del Consejo de Estado y al Fiscal General del Estado, en sustituci¨®n de Jos¨¦ Manuel Romay Becar¨ªa y Consuelo Madrigal, respectivamente. El ¨²nico matiz es que quien dirija la Fiscal¨ªa debe hacer una comparecencia en el Congreso, pero sin que pueda frenarse el nombramiento.